Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, anunció este martes que el Gobierno había decidido cerrar definitivamente la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Acababa así la etapa de cese temporal de explotación que comenzó en el año 2012, cuando el Ejecutivo aseguró que no se trataba de una decisión unilateral, sino que se iba a estudiar la posible recuperación futura de la actividad.
Según el ministro, uno de los motivos que explican la decisión es "el contexto político" en el que todos los grupos, a excepción del PP, pidieron el cierre de la central. La "falta de certidumbre" y de un "debate sosegado" provocaron este desenlace, según afirmó, ya que "no ha habido interés en hacer un debate con argumentos" sino que "se ha utilizado a Garoña políticamente".
La central nuclear más antigua de España –comenzó su actividad en mayo de 1971– no ha estado exenta de polémicas a lo largo de su historia. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) emitió hace seis meses un informe favorable a la continuidad de la planta, aunque el ministerio aclaró en ese momento que se tomaría un plazo para estudiar la propuesta y escuchar a "todas" las partes. Nuclenor, empresa participada por Iberdrola y Endesa y titular de Garoña, ya solicitó en el año 2014 la renovación de la licencia de explotación de la central hasta marzo de 2031, es decir, hasta que la planta cumpliera 60 años de actividad. De haber sido así, la planta burgalesa hubiera sido la primera en superar los 40 años de vida.
Los grupos ecologistas se mostraron muy críticos con la posible continuidad de la planta, por lo que presentaron alegaciones para que el cese de la explotación fuera definitivo. Juantxo López de Uralde, coportavoz de Equo, manifestó este mes de julio que Garoña es una central "obsoleta y peligrosa", por lo quese mostraba contrario a su reapertura, aunque ésta tuviera lugar después de acometer las reformas necesarias. Según manifestó, el Gobierno estaba "cayendo en el ridículo de defender una central nuclear que ya no quieren ni sus propietarios, solo para justificar el alargamiento de la vida de otras centrales hasta los 60 años”.
Otros partidos políticos como PSOE y Unidos Podemos también se mostraron contrarios a la decisión de dar luz verde al operador para volver a engancharse a la red. En un debate el pasado mes de mayo subrayaron que este tipo de energía no es "imprescindible" en un futuro, a la vez que lamentaron el estancamiento de la transición hacia las energías renovables.
Greenpeace, a su vez, también manifestó su posición crítica con respecto a la posible apertura de Garoña. El pasado 21 de julio publicó en una nota que la reapertura de la central implicaba "impactos ambientales nunca considerados" y acumulaba "problemas técnicos y de seguridad que la empresa propietaria –Nuclenor– no tenía previsto solucionar".
Enresa, la empresa encargada de desmantelar Garoña
La pregunta que surge en este momento es cuáles son los siguientes pasos a seguir para cerrar definitivamente una central nuclear como la de Garoña. En primer lugar, el CSN tendrá que emitir un informe previo a la autorización de desmantelamiento por parte del Ministerio de Energía. La solicitud de la autorización, por otro lado, tiene que ser presentada por la Empresa Estatal de Residuos (Enresa), que será la encargada de realizar esos trabajos.
Una vez se haya emitido la autorización por parte del departamento que preside Nadal, la titularidad de la planta pasará a formar parte de Enresa que, una vez finalizado el desmantelamiento, ordenará su clausura y cederá de nuevo la propiedad a Nuclenor. "En teoría, cuando se produce este traspaso, la central está limpia", aclara Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace.
La ventaja con la que cuenta Garoña es que parte del proceso ya comenzó después de que cesara su actividad hace ahora cinco años. "El combustible, que es lo primero de lo que hay que deshacerse, ya está fuera" –explica a infoLibre Francisco Castejón, portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción y físico nuclear– pero "Enresa no se hará cargo de la propiedad hasta dentro de dos años". El proceso completo, no obstante, podría llegar a durar hasta 20 años, aunque "durante ese periodo se mantendrían los puestos de trabajo", añade Castejón.
El desmantelamiento de Garoña podría costar más de 300 millones de euros
Según un informe elaborado por Enresa en el año 2011 y divulgado por El Confidencial, los costes de desmantelar la central burgalesa varían en función del mecanismo que se adopte. La primera vía es la construcción de un almacén temporal centralizado (ATC), que consiste en un espacio específico para la gestión del combustible resultante de la planta. Esta opción costaría, según las estimaciones de Enresa, alrededor de 320 millones de euros. La segunda vía consiste, por su parte, en la instalación de un almacén temporal individualizado (ATI), en la propia central nuclear. Este escenario supondría unos costes de 345 millones de euros.
Estos costes, hasta antes del año 2005, eran asumidos por todos los ciudadanos, puesto que Enresa se financiaba mediante el pago de los españoles a las eléctricas. A partir de ese año, la Empresa Estatal de Residuos comenzó a financiarse a través, únicamente, de las empresas nucleares. El problema de esta situación es que el plan de gestión de residuos está desactualizado desde el año 2010, según Montón, quedando de esta manera desajustado el presupuesto para la gestión de los 40 años de vida de las centrales nucleares. "En España, y a pesar de que la vida útil de las centrales ya ha alcanzado el 84%, la financiación disponible ni siquiera alcanza el 30% del dinero total que se va a requerir", según explica Greenpeace en su informe El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social.
"El principio del fin de la energía nuclear en España"
Tras conocerse la noticia, la organización ecologista Greenpeace emitió un comunicado en el que celebraba el inicio del desmantelamiento de Garoña, lo que "abre definitivamente la puerta hacia el fin de la energía nuclear en España". "Estamos contentos con la decisión porque representa el principio del fin de la energía nuclear en España",declaró Montón a infoLibre, quien además criticó duramente las palabras pronunciadas por Álvaro Nadal. "El ministro criticaba que no ha habido un debate sosegado, lo cual es mentira, porque desde la organización hemos solicitado en varias ocasiones organizar debates relativos a la ampliación del parque nuclear", aclaró Montón. "Además, la certidumbre política" que solicitaba esta mañana el ministro "no se va a conseguir con el proceso de cierre de ninguna de las centrales nucleares españolas", zanjó.
Ecologistas en Acción, por su parte, calificó la decisión adoptada este martes como una victoria del "sentido común". "Celebramos esta decisión, ha demostrado que el sentido común impera", afirmó Castejón, portavoz de la campaña antinuclear de la organización. "Ha sido un proceso muy largo, oscuro y de negociaciones encubiertas, si no secretas, entre el ministerio y las centrales", explicó. Además, Castejón se posicionó con Montón en las críticas vertidas a Nadal, a quien acusó de cinismo al quejarse por la falta de diálogo. "Son unas palabras cínicas. Nosotros sí hemos buscado el debate", esgrimió.
López de Uralde, por su parte, declaraba que tras anunciarse el cierre definitivo había sentido "satisfacción de que se termine" este proceso, en el que habían trabajado "muchísimo". "El Gobierno ha tardado mucho en tomar la decisión. El plazo de los 40 años de vida de Garoña se cumplió en 2009, todo el proceso posterior ha sido innecesario".
Mientras tanto, la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del CSN denunciaba este martes que el órgano "ha perdido credibilidad ante una sociedad harta de la corrupción política". En un comunicado, la asociación indicó además que el expediente favorable a la reapertura de la central se gestionó "de manera inadecuada", a la vez que se quejaba de la falta de transparencia interna.
Central nuclear de Zorita (Guadalajara) el precedente de Garoña
La central nuclear de José Cabrera, ubicada en el municipio de Almonacid de Zorita (Guadalajara), es el precedente de la central burgalesa. La planta, perteneciente a Unión Fenosa, echaba el cierre en el año 2006, tras 35 años de actividad. En aquel momento, la central manchega también era la más antigua de España. Cuatro años más tarde, en 2010, se tomaba la decisión de proceder a su total desmantelamiento.
El Gobierno vincula el fin de Garoña y la continuidad del parque nuclear al Plan de Energía en proceso de elaboración
Como explica Enresa en su página web, hasta el año 2019 no está previsto que se finalicen los trabajos de desmantelamiento completo de la central nuclear de Zorita. El reactor de la planta fue desmontado hace tan solo dos años, en mayo de 2015, quedando únicamente pendientes los trabajos de descontaminación del edificio y del suelo, según informó el periódico Abc.
Sin embargo, según denunció la Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), el proceso de desmantelamiento de la planta "está siendo una experiencia dramática", pues el Gobierno abandonó "totalmente" los pueblos y zonas del entorno de la central de Zorita. Como informó Europa Press, el gerente de AMAC, Mariano Vila D'Abadal, teme que ocurra lo mismo con Garoña y que los 14 pueblos que la rodean sean abandonados a su suerte sin que las administraciones muevan "un dedo" para "compensar el cierre de una actividad económica".
Con la orden de desmantelamiento de Garoña, quedan ahora cinco centrales nucleares activas en España, de las cuales las más antiguas son Almaraz –cuya actividad comenzó en julio de 1984– y Ascó –que se inició en diciembre de ese mismo año. En el caso de que cesaran su explotación a los 40 años de vida, habría que esperar hasta 2024 para su desmantelamiento, y cuatro años más, hasta 2028, para que se apruebe el cierre de Trillo y Vandellós, estrenadas en el año 1988.
Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, anunció este martes que el Gobierno había decidido cerrar definitivamente la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Acababa así la etapa de cese temporal de explotación que comenzó en el año 2012, cuando el Ejecutivo aseguró que no se trataba de una decisión unilateral, sino que se iba a estudiar la posible recuperación futura de la actividad.