32 propietarios concentran tal cantidad de pisos como habitantes hay en el Barri Gòtic de Barcelona. 32 empresas, particulares, administraciones públicas, instituciones religiosas o entidades sin ánimo de lucro tienen en su poder 23.360 viviendas de la capital catalana. Y eso tiene consecuencias, empezando por las decenas de miles de inquilinos que están a expensas de unos pocos en momentos como, por ejemplo, cuando se les termina el contrato de alquiler y no saben si les renovarán o les subirán el precio (y cuanto).
Detrás de uno de cada cuatro hogares en alquiler en la capital catalana hay una empresa. Estas son sólo algunas cifras del informe que ha publicado hace unas semanas el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona (O-HB, por sus siglas en catalán), que muestra la concentración de la propiedad de los hogares.
La mitad de arrendadores tienen tres o más viviendas en Barcelona. Y podrían ser más, porque el documento del O-HB no tiene en cuenta qué tiene cada uno fuera del municipio. “El parque de viviendas en alquiler no está en manos de pequeños propietarios vulnerables”, zanja Lucia Martín, concejala de Vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona. “Se ha usado mucho la figura de la señora mayor viuda que alquila un piso y no es así”, añade.
“Hay actores con capacidad de influir en el mercado poniendo y quitando viviendas del mercado, manipulando precios… y las decisiones que toman afectan de forma enorme a las dinámicas del mercado”, opina Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Cataluña. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a Idealista a pagar 730.000 euros por pactar precios.
Por contra, el director del O-HB, Jordi Bosch, considera que no hay una elevada concentración de inmuebles. “Un tercio está en manos de grandes propietarios y eso no implica que el mercado esté controlado”, cree. “Que se generen nuevas viviendas en alquiler es positivo, ya sea de la mano de pequeños particulares o tenedores más grandes”, añade, porque “hay un problema estructural de falta de alquiler, porque todas las políticas franquistas fomentaron la propiedad”.
“Con tres pisos en Barcelona no hace falta que trabajes, eres rentista”, dice Aragonès. “No es cierto cuando se dice que no se pueden regular los alquileres porque eso afectaría a los pequeños propietarios, porque si eso pasara el 40% de la vivienda se quedaría fuera [de la regulación]”, considera Martín. 725.000 personas viven de esta forma en la capital catalana. “Es una brutalidad y no tiene comparación con ninguna otra ciudad del Estado”, dice la edil de los Comunes.
División entre el PSOE y Unidas Podemos
La regidora de los Comunes choca directamente con el posicionamiento mantenido hasta ahora por el PSOE de no fijar un precio máximo del alquiler en los pisos de pequeños tenedores, que son aquellos que tienen menos de 10 propiedades, según la ley española, o menos de 15, si son persona física, 10 también si son persona jurídica, según la norma catalana. Dicho de otro modo, la Generalitat considera pequeño tenedor aquel que, por ejemplo, tiene una decena de pisos en la capital catalana y su modus vivendi consiste en ganarse la vida con ello.
Si se aprueba, la futura Ley de Vivienda tendrá que regular este supuesto. Por el momento, Unidas Podemos considera que su socio de gobierno no tiene voluntad de aprobar el texto, pero los socialistas aseguran que están negociando los centenares de enmiendas a la norma presentadas por los distintos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
“La ley no está paralizada, cada día hablamos y hay negociaciones”, defendió el 18 de noviembre la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la socialista Raquel Sánchez, en una entrevista en el programa Cafè d’Idees de La 2 y ràdio 4. “Optamos por limitar [los precios de alquiler] a los grandes tenedores personas jurídicas en áreas tensionadas y ahora hemos avanzado y esta limitación de precios pensamos que se puede aplicar también a las personas físicas”, apostilló.
En Cataluña ya fue así desde septiembre de 2020 hasta abril de 2022, cuando el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el artículo que fijaba un precio máximo del alquiler por considerar que la regulación sobrepasaba las competencias autonómicas. La ley catalana obligaba a grandes y pequeños tenedores a topar el precio máximo del arrendamiento, según lo que marcara el índice de referencia de la Generalitat. Como consecuencia de ello, ni se redujo la oferta de pisos ni hubo un colapso del sistema, como pronosticaba el lobby inmobiliario y los partidos de la derecha. En cuanto a los precios de alquiler medio, bajaron durante tres trimestres seguidos desde que se aprobó la ley, pero ya hace cuatro meses que no paran de subir.
Redefinir qué es gran tenedor es otro de los caballos de batalla. “Poner el mínimo en 10 viviendas o más es un escándalo”, considera Aragonès. En la entrevista de La 2, Sánchez ya dijo que se estaba negociando esta figura, aunque el PSOE ve mejor bonificar fiscalmente a los pequeños tenedores para contener los precios del alquiler. “Yo me pregunto: ¿Una persona con cinco propiedades tiene capacidad de influir en el mercado de la vivienda? Yo creo que sí”, ha dicho por su parte este viernes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
1,6% de vivienda pública en Barcelona
La administración pública apenas posee el 1,6% de la vivienda de toda Barcelona. “Eso supone tener listas de espera en la mesa de emergencia habitacional de tres o cuatro años, listas de espera para una vivienda de protección oficial (VPO) que no dan abasto… aparte de no tener una regulación [de precios del alquiler], no tenemos un parque de vivienda pública potente, mientras ciudades europeas tienen hasta 10 veces más. Tenemos mucho trabajo por hacer”. Así resume la portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, la situación actual del acceso a la vivienda.
El problema no recae en una escasa inversión pública en vivienda. De hecho, todo lo contrario. “Se ha construido vivienda con dinero público, pero se ha vendido”, resume Delgado. Históricamente, a medida que se construyó obra pública en España se fue privatizando, porque se hizo con opción a compra, de manera que los beneficiarios de estos inmuebles se convirtieron en propietarios y se perdió esa propiedad pública.
“Según datos del Colegio de Arquitectos y el Ministerio de Fomento, entre los años 1952 y 2016 se construyeron en España más de 6,8 millones de viviendas protegidas en alguna de sus diferentes modalidades, lo que, sobre un parque residencial de 25,5 millones de unidades [...], representa que un 26,6% del total de las viviendas de España ha sido construido con apoyo público; y muy previsiblemente asciende hasta el 33%- 35% si únicamente nos referimos a las viviendas principales, a saber, aquellas habitadas de forma permanente”, cuentan Bosch y Carme Trilla, presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona y la Fundación Hàbitat3, en un informe publicado en 2018 por la Fundación Alternativas.
En Barcelona hay una disparidad enorme, según el barrio que se mire. Por ejemplo, en el barrio de Can Peguera el 70% de los pisos son públicos. En el de Sant Gervasi-Galvany, 0. El director del O-HB cuenta que esta diferencia se da después que el consistorio adquiriera solares en la periferia de la ciudad y construyera allí, mientras que en otras zonas se privatizó la vivienda financiada con dinero de todos los contribuyentes o directamente se edificó exclusivamente para el mercado privado. A su vez, los barrios de la periferia -más humildes- concentran mayor densidad media por hogar que los del centro, más vacíos.
La consecuencia de todo ello es que en Barcelona unos pocos tienen mucho. Tanto como que el 0,9% de los poseedores de viviendas ostentan el 17,1% del parque. “Lo que demuestra es que la vivienda de alquiler se ha convertido en un activo financiero e inmobiliario que da rentabilidades muy importantes, se ha convertido en un negocio muy goloso y hay mucho interés inversor”, resume Martín.
El PSC en Barcelona, a favor de “congelar” precios
El PSC está a favor de “congelar” los precios de los nuevos contratos de alquiler, para evitar que se disparen por efecto de la inflación. Así lo expresó el grupo municipal en el pleno del pasado 25 de noviembre del Ayuntamiento de Barcelona, donde también instaron al ejecutivo de Pedro Sánchez, de su mismo color político, a que prorrogue indefinidamente los contratos vigentes mientras no se apruebe la Ley de Vivienda. La proposición, promovida por el Sindicato de Inquilinas y la PAH, también tuvo el respaldo de los comunes y ERC.
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El movimiento por la vivienda se ha reunido este viernes con Díaz, que se ha comprometido a llevar sus demandas a la negociación con el PSOE, con la vista puesta en aprobar un nuevo decreto para proteger aún más a las personas vulnerables. Mientras tanto, las entidades aprietan al Gobierno: “Están diciendo que [la regulación actual] limita los alquileres y no es verdad, limitan las actualizaciones pero están desprotegiendo a aquellos a los que se les acaba el contrato. Que no vendan algo que no es real”, reprocha Aragonès, que asegura que muchos propietarios no están cumpliendo con la subida pactada del 2% del alquiler.
La compra preferente de vivienda en favor de la administración pública y no del mercado privado, conocida como tanteo y retracto, es una de las medidas que defiende la PAH y que aplica a menudo el Ayuntamiento de Barcelona para aumentar el parque público de vivienda. Con este método el consistorio ha comprado 1.400 hogares desde 2015, que ha destinado a alquiler social. La Generalitat también puede hacerlo, “pero no es una política que estén ejerciendo y son muy pocos los pisos que han comprado” de esta forma, lamenta Delgado.
Más allá de la construcción, hay otras herramientas que defienden las organizaciones sociales facilitar el acceso a la vivienda, como son la cesión obligatoria de viviendas vacías, la transferencia de la gestión de los pisos de la Sareb a los ayuntamientos. De todas formas, los Comunes insisten sobre la necesidad de topar los precios del alquiler: “Es imprescindible, igual que hacen falta medidas para corresponsabilizar a los grandes propietarios de la emergencia habitacional, haciendo alquiler social a las familias vulnerables”, remata Martín. La conselleria de Derechos Sociales, de quien dependen las competencias en materia de vivienda, no ha respondido a las preguntas de este medio.
32 propietarios concentran tal cantidad de pisos como habitantes hay en el Barri Gòtic de Barcelona. 32 empresas, particulares, administraciones públicas, instituciones religiosas o entidades sin ánimo de lucro tienen en su poder 23.360 viviendas de la capital catalana. Y eso tiene consecuencias, empezando por las decenas de miles de inquilinos que están a expensas de unos pocos en momentos como, por ejemplo, cuando se les termina el contrato de alquiler y no saben si les renovarán o les subirán el precio (y cuanto).