Casi 34.000 dependientes podrían fallecer este año sin recibir prestación, según el Observatorio de la Dependencia

Casi 34.000 dependientes podrían fallecer este año sin recibir prestación, según se desprende de las estimaciones que recoge el informe semestral correspondiente a 2017 elaborado por el Observatorio de la Dependencia y presentado este jueves en Madrid, según informó Europa Press.

El documento hace alusión a los datos oficiales de los últimos informes manejados por la Comisión para el análisis de la situación del Sistema de Autonomía personal y Atención a la Dependencia (SAAD), derivada de la Conferencia de Presidentes, que señalaban que en 2016 se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos.

El Observatorio extrapola la mortalidad de las personas en lista de espera en 2016 a los datos de 2017 y afirma que "es plausible estimar que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación en el primer semestre del año asciende a 18.000, con la pésima proyección de convertirse en más de 34.000 al final del presente ejercicio". Por ello, asegura que, al ritmo actual, el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) "tardaría otros cinco años en ofrecer unos datos de cobertura razonables".

En rueda de prensa en Madrid, afirmaron que "cada día fallecen no menos 100 dependientes sin recibir la prestación o servicio a la que tienen derecho" mientras que "120.000 grandes dependientes continúan sin ser atendidos".

El Observatorio recuerda que se han cumplido dos años desde el cierre del calendario de aplicación progresiva de la Ley 39/2006, con el reconocimiento del derecho a atención de todas las personas dependientes en todos los Grados.

Añade que, desde mediados de 2012 hasta mediados de 2015, se produjo "un dramático parón" del SAAD, aunque destaca que este 2017 se ha producido "un cierto crecimiento" en cuanto a personas atendidas que, a 30 de junio de 2017, alcanzan casi 900.000 personas, siendo el número total de personas dependientes reconocidas de 1.217.355, con 319.112 personas en lista de espera, frente a los 826.362 atendidos en el mismo periodo del año pasado, y 381.508 en lista de espera.

Avance desigual por Comunidades Autónomas

Según el Observatorio, "los esfuerzos de las Comunidades Autónomas han conseguido aumentar en los dos últimos años el número total de personas atendidas en algo más de 160.000, con un crecimiento neto del 21,8% para el conjunto del sistema". En cualquier caso, puntualiza que los resultados son "muy desiguales" según cada territorio: así, frente a un incremento de personas atendidas del 41,9% en Aragón, en el lado opuesto se sitúa Cataluña con un 6%. Por todo ello, ven el conjunto de crecimiento "insuficiente".

El informe también revela una reducción neta de la lista de espera en los dos años transcurridos desde la entrada de los Grado I de 123.000 personas, es decir, un 28% en dos años. En este punto, también se constatan diferencias interterritoriales, con una lista de espera en Canarias del 41,8% (que afecta a 12.500 personas) frente al 1,4% de Castilla y León (afectando a 1.183 personas).

Los autores del estudio ven "muy preocupante" la situación de dos comunidades que califican de "sistémicas": Cataluña y Andalucía, ya que juntas atienden al 25,7% del total de atendidos en España pero su lista de espera supone el 57,4% del total del sistema (183.000 personas pendientes de Plan Individualizado de Atención - PIA).

Las listas de espera, precisan, no está compuesta solo por las personas que más tarde se han incorporado al derecho a atención (Grado I) sino que hay un importante número de personas con Grados III y II (gran dependencia y dependencia severa) cuyo número se mantiene casi invariable en el último año.

El Observatorio denuncia las repercusiones que esto provoca en clave de financiación, ya que el actual Nivel Mínimo (recortado en 2012) hace que una comunidad autónoma reciba de la Administración General del Estado una cuantía de 44,33 euros al mes por dependiente atendido de Grado I y de 82,84 euros al mes y 177,86 euros al mes por dependiente atendido de los Grados II y III respectivamente. Las mayores necesidades de apoyo de las personas con grados III y II hacen que generalmente su atención resulte más costosa a las arcas autonómicas.

La asociación afirma que la razón del estancamiento en la reducción de la lista de espera para estos Grados "bien podría estar en la incapacidad financiera de prestar los apoyos necesarios, mientras que la atención a las personas con Grado I se está resolviendo en muchas ocasiones con atenciones de bajo coste como la teleasistencia, muchas prestaciones de prevención y promoción de la autonomía o incluso la prestación económica por cuidados en el entorno familiar cuyo importe siempre es menos onerosa que la prestación de servicios personales o residenciales".

Atenciones 'low cost'

El incremento de personas atendidas (Grados I fundamentalmente) no se corresponde con una mayor inversión del sistema, según el estudio. Los crecimientos registrados en los dos últimos años están relacionados con atenciones de "bajo coste" como la Prevención y Promoción de la Autonomía (en muchos casos), la teleasistencia (con un coste medio de 25€/mes) o las prestaciones económicas por cuidados en el entorno (cuya media mensual está cercana a los 300 euros).

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"A pesar del incremento de personas asistidas no debemos perder de vista la realidad de que el coste por dependiente atendido desciende paulatinamente y, lo que es peor, la generación de empleo de la que el SAAD hace gala se frenó por primera vez en el primer semestre de 2017. En resumen, se corre el peligro de crecer con atenciones mediocres que no suponen auténtico apoyo a las personas, que no generan suficientes retornos y que no son fuente de empleo", ultiman los autores del estudio.

En este punto, señalan que el empleo directo vinculado al SAAD (atenciones) se estaría frenando en torno a los 200 y el número de empleos por millón de euros invertidos ha bajado de 35 (2016) a 34 en lo que va de año 2017, como consecuencia de las atenciones de bajo coste y del regreso de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.

Respecto a la financiación y al gasto, durante el primer semestre del año el sistema supuso un gasto global de 3.700 millones de euros, lo que supone 86 millones más que en el semestre anterior. La asunción del copago de los ciudadanos se mantiene en un 20,4% del total de gasto y el resto es asumido por las administraciones públicas, según precisa el documento.