Siete contratos bajo la lupa y 40.000 euros sin justificar cercan por corrupción a la 'número tres' de Ayuso
Arganda del Rey, primer jueves de septiembre. La plana mayor del PP madrileño, con Isabel Díaz Ayuso al frente, se desplaza hasta esta localidad del sureste regional para dar el pistoletazo de salida al nuevo curso político. Las distintas intervenciones sirven para cargar, como es previsible, contra el Gobierno central. Pero también para arropar a una de las suyas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de abrir diligencias contra Ana Millán, actual vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y número tres en el organigrama de los conservadores madrileños como vicesecretaria de Organización y Electoral. Pero sus compañeros no dudan en expresarle su apoyo. "Gracias por tu ejemplo y tu coraje siempre", lanza el portavoz del partido en la Cámara regional.
El conocido como caso Neverland ha vuelto a ocupar un papel destacado en la batalla política madrileña. Tanto es así que estuvo presente en el último Debate sobre el Estado de la Región. "Pronto le van a tener que pedir una disculpa", lanzaba Ayuso, al tiempo que calificaba como "despiadado e injusto" el trato que se está dando a su compañera de filas. "Es una vergüenza que la número tres de su partido esté investigada por cuatro delitos de corrupción y usted la proteja, que no la cese de sus responsabilidades orgánicas. Cada día que pasa su partido se degrada un poco más. Ponga orden en su casa o váyase", lanzaba minutos antes Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.
Para entender la causa hay que remontarse a las municipales de 2015 en la localidad madrileña de Arroyomolinos. Ciudadanos logra hacerse con el control del consistorio. Y denuncia supuestas irregularidades cometidas en la etapa del PP. Buena parte tiene que ver con Púnica. Sin embargo, también se pone el foco sobre una sociedad llamada Neverland, del empresario Francisco Roselló. Es así como da comienzo en el Juzgado de Instrucción nº4 de Navalcarnero una investigación que, tras el aforamiento de Millán, ha sido remitida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sobre la mesa, cuatro posibles delitos que la instructora deslizó en su auto de inhibición: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública.
Siete contratos bajo la lupa
Buena parte del caso gira alrededor de los contratos adjudicados por parte del consistorio madrileño a diferentes firmas de Roselló. Entre 2005 y 2011, según el informe final de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, varias de sus sociedades –Neverland, GE Escuela de Ocio, GE Escuelas Urbanas y Campa Ocio– se hicieron con nueve licitaciones por valor de 652.275,31 euros. Dos, por un total de 257.083,56 euros, salieron de la Concejalía de Cultura. Y las siete restantes, por 395.191,75 euros, de la de Juventud, que por aquel entonces capitaneaba Ana Millán. En resumen, el 61% del total tuvo su origen en el departamento que dirigía la actual vicepresidenta de la Asamblea.
Eso, en principio, no sería un problema, si no fuera porque también durante ese mismo periodo de tiempo la número tres de Ayuso y personas de su entorno estuvieron percibiendo algunos pagos de las firmas de Roselló –de Neverland y de las vinculadas a Grupo Educativo–. Por ello, la UCO habla de la existencia de "circunstancias" que "pudieran tener relación con posibles irregularidades en materia de contratación o como supuesta contraprestación". Unas adjudicaciones que el empresario insiste en que se ajustaron a la legalidad.
"Diferencia de trato"
En esas licitaciones bajo la lupa, Millán tuvo una participación "activa". Y, en este sentido, los investigadores traen a colación en su informe final la declaración que hizo en sede policial una funcionaria municipal que ejercía como mano derecha derecha de Millán –de hecho, es la testigo quien reconoce que, junto con otra persona, formaba parte del personal de la concejalía "más próximo" a la política–. Una testifical de la que destacan la "diferencia de trato" otorgado por la exconcejal "en la contratación y en la forma de interactuar" con Roselló y sus empresas, que "habría sido distinta a la de con el resto de empresas que fueron adjudicatarias desde su concejalía".
La funcionaria trasladó a los investigadores que "todo lo relacionado con Grupo Educativo lo llevaba personalmente Ana Millán", la cual "despachaba a solas con Roselló "cerrándose en su despacho". Así, la testigo cuenta que mientras en otros contratos trabajó "mano con mano" con la entonces concejala, en los que estaban "las empresas" de Grupo Educativo Millán "la apartó, no dejándola intervenir". "Únicamente le decía, una vez ya decidido, los campamentos/talleres que había que contratar", relató la funcionaria. "Le aportaba la información justa para realizar su trabajo. Esto solo ocurría con los contratos adjudicados a Grupo Educativo", sentenció en una declaración que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incluyó en su atestado del pasado mes de abril.
Un alquiler y 44.000 euros de una empresa de Roselló
Entre 2008 y 2012, según los datos recabados por el Instituto Armado, Neverland Eventos ingresó en las cuentas bancarias de Ana Millán 44.462,67 euros. Además, en el mismo marco temporal, recibió otros 6.642 euros de Roselló. Los dos principales implicados han mantenido en todo momento que esos abonos responden al pago del alquiler de un ático que ella tenía en la localidad madrileña. "Me dijo que a él le interesaría alquilarme el piso. [...] Y es lo que hicimos, un alquiler con opción a compra", explicó la exconcejal en sede judicial. "El piso lo cogimos para alquilarlo", completó ante la instructora el empresario. De hecho, en el mismo estuvo residiendo un ex trabajador de Grupo Educativo durante casi dos años.
Este inquilino dijo que habría pagado mensualmente a Roselló por vivir allí unos 500 euros. Sin embargo, los pagos de Neverland a Millán oscilaron entre los 960 euros y los 1.200. "Se observa una diferencia significativa entre varios importes", desliza la Unidad Central Operativa en su informe. Sobre esto mismo preguntaron a Roselló en sede judicial:
–¿Entonces aquí había una pérdida de 400 euros?
–No, era una inversión, porque el acuerdo que teníamos en el contrato de alquiler con ella, que todo el dinero que pagáramos en el momento que ejerciéramos la opción de compra se descontaría.
–¿Y cómo es que no ejercitaron la opción de compra?
–Porque nos llegó la crisis de 2012, no cobrábamos de las administraciones, perdimos un 50% de facturación y teníamos varios proyectos en marcha y no podíamos y lo tuvimos que dejar.
Una hermana y una pareja a sueldo de Roselló
En el mismo marco temporal, coincidiendo con los pagos y las adjudicaciones, varias personas del entorno de Millán comenzaron a estar a sueldo de las empresas de Roselló. Entre 2008 y 2016, por ejemplo, su hermana percibió 88.642,42 euros de dos de las mercantiles del empresario –Fundación GE Social y GE Escuelas Urbanas–. Y a la pareja de la número tres de Ayuso le fueron imputados entre 2008 y 2011 "rendimientos del trabajo y de actividades económicas" por 37.578,04 euros de una unión temporal de empresas conformada por las firmas GE Escuela de Ocio y GE Escuelas Urbanas.
Francisco Roselló defiende que Millán nunca le pidió trabajo ni para ella ni para ningún familiar. "No tuve ninguna intervención", dijo al ser preguntado por la jueza sobre la contratación de la hermana. No obstante, la Guardia Civil señala que entre los efectos intervenidos en los registros constan dos documentos relacionados con este fichaje en los que se hace alusión a "Paco", una referencia al empresario a ojos de los investigadores. "Autorizado x Paco que se haga así a pesar de avisado x Pablo de q no deberíamos al estar Fundación con capital de Urbanas", consta escrito a mano en uno de ellos. "Horario: acordado por Paco. Cambiado al convenio de ocio educativo acordado por Paco sin cambiar coeficiente ni anexo", se lee en el segundo.
En relación con esta contratación, la UCO incluye en el informe entregado el pasado mes de abril el testimonio de una extrabajadora de Grupo Educativo. Preguntada por si sabía si a la hermana de Millán se le daba algún tipo de trato de favor, la declarante reconoció no saberlo a ciencia cierta. Pero no ocultó sus sospechas. Dijo que a ella, que tenía un "contrato indefinido como animadora sociocultural" de 9.00 a 19.00, le "quitaron horas de trabajo para dárselas" a la hermana de la entonces exconcejal. Que lo hicieron sin darle "ninguna explicación". Y que para "callarla" le dieron horas en la "Fundación Grupo Educativo", concretamente en "pisos tutelados".
Más de 40.000 euros de origen desconocido
Durante las pesquisas, la Guardia Civil también se ha topado en las cuentas bancarias de la actual vicepresidenta de la Asamblea de Madrid con "numerosos ingresos en efectivo realizados de manera fraccionada y en pequeñas cantidades". Millán trató de justificar en sede judicial el origen de esos fondos. Por un lado, dijo que era metálico que su pareja le daba para contribuir con los gastos comunes del hogar. Por otro, que cuando lo necesitaba, hacía retiradas en metálico de la cuenta en la que le pagaban el alquiler de una vivienda suya en Alcobendas y se lo llevaba a dicha cuenta. La UCO intentó comprobar la "verosimilitud" de ambas justificaciones cruzando datos bancarios. Y consideró que algunos ingresos podían ajustarse a lo expuesto. Pero siguen sin encontrar el origen de 42.650 euros.
