Denuncian no solo el acoso que soportan, desde hace décadas, las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, sino que recriminan también la "dejación de funciones" de las administraciones a la hora de salvaguardar los derechos fundamentales de las afectadas. Son más de 60 colectivos que se han unido contra los grupos antiabortistas que "acosan y hostigan" a las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), "una constante desde la aprobación de la primera Ley del Aborto en 1985" y que se ha mantenido firme a partir de la norma de 2010. Desde entonces "el hostigamiento no ha cesado, sino que ha adoptado nuevas formas", lamentan.
Portavoces de las diferentes asociaciones que se han adherido a la iniciativa han revelado este martes en rueda de prensa la dimensión de las cifras: según "cálculos conservadores", se producen aproximadamente "cien acciones de acoso al año", de manera que desde el año 2010 "más de 8.000 mujeres han sido víctimas".
El acoso no se produce de forma discreta y espontánea, sino que parte de planes minuciosamente trazados. Este miércoles echa andar la campaña 40 días por la vida, impulsada por grupos ultracatólicos de todo el mundo que en España tendrá hueco en determinados puntos de Madrid y Andalucía. Su objetivo, dicen, consiste en "salvar vidas" y "terminar con el aborto" a través de una presencia constante frente a las clínicas y una interpelación directa a mujeres y trabajadores de los centros.
José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), sitúa el problema en tres esferas: una de orden público, debido a la "violación de los derechos fundamentales" de las mujeres; otra sanitaria, porque "la normativa garantiza una calidad de la interrupción voluntaria del embarazo igual en todo el Estado"; y otra de convivencia urbana y utilización del espacio público.
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Todos los frentes señalados incumben a tres tipo de administración: local, autonómica y estatal. Sin embargo, denuncian los colectivos, ninguna ha hecho nada por solucionar el problema. "Las ordenanzas municipales se incumplen, la prestación sanitaria se incumple y además se produce un grave atentado contra la intimidad de las mujeres", denuncia Bosch. Existe, en ese contexto, una total "impunidad y falta de consecuencias" ante un acoso que "roza los límites del delito o los traspasa", completa Sonia Lamas, representante de Enclave Feminista.
La propuesta de las asociaciones pone la lupa sobre el poder legislativo. Reclaman una iniciativa que "tipifique como delictivas aquellas conductas que obstaculicen, impidan, restrinjan, limiten o entorpezcan el acceso de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo". Toman como referencia le ley francesa aprobada en marzo de 2017, que prohíbe la información falsa con fines antiabortistas y consolida el delito de obstaculización al aborto. Las asociaciones se han reunido con Unidas Podemos, PSOE y Ciudadanos. Todos ellos reconocieron no estar al corriente de la situación y mostraron su sensibilidad al respecto. El PP no contestó al requerimiento de los activistas.
Mientras el compromiso en firme no llega, las organizaciones se inclinan por pequeños avances. En su documento Propuesta abierta para un programa común progresista, el PSOE promete garantizar "la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas IVE, su integridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación. Para ello se establecerá una zona de seguridad de las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo". Un paso similar al que se ha dado ya en algunos países europeos y que podría ser una solución a corto plazo.
Denuncian no solo el acoso que soportan, desde hace décadas, las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, sino que recriminan también la "dejación de funciones" de las administraciones a la hora de salvaguardar los derechos fundamentales de las afectadas. Son más de 60 colectivos que se han unido contra los grupos antiabortistas que "acosan y hostigan" a las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), "una constante desde la aprobación de la primera Ley del Aborto en 1985" y que se ha mantenido firme a partir de la norma de 2010. Desde entonces "el hostigamiento no ha cesado, sino que ha adoptado nuevas formas", lamentan.