La escuela concertada —financiada con más de 7.000 millones de fondos públicos al año— sigue haciendo caso omiso a la ley. No pueden hacerlo, pero sus centros cobran sistemáticamente cuotas mensuales a las familias de su alumnado. Y no son voluntarias, como muchos se empeñan en defender: o bien se imponen directamente o bien deslizan que, de no hacerlo, el niño o niña estará excluido del resto. Y sería el único, porque no hay familia que se niegue.
Es lo que ha constatado una vez más la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que este martes ha presentado en Madrid la novena edición del Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2023-2024, en el que han comprobado que nada cambia. Según los datos que han obtenido, el 79,4% de todos los colegios privados sostenidos por el Estado continúa cobrando lo que denominan cuotas bases a las familias. Es decir, importes por la escolarización, no por ningún otro tipo de servicio que, en el 72% de los casos, además, es obligatorio. Pero esta enseñanza es gratuita. En teoría.
La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, que establece el actual sistema de conciertos, dejó claro ya hace cuatro décadas que la educación obligatoria debe ser gratuita. Pero es que la ley Celáa aprobada en 2020 insistió en ello. En concreto, en su artículo 88, que indica lo siguiente: "Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los niños sin discriminación [...], en ningún caso podrán los centros públicos o concertados percibir cantidades por recibir las enseñanzas de carácter gratuito". Tampoco pueden "imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica".
"A estos colegios se les cede el terreno en muchos casos, se les concede el concierto de manera inmediata, se les paga al profesorado y no pagan impuestos. Luego tienen una doble financiación privada, porque cobran cuotas a las familias, que también pagan otros servicios como los de comedor o actividades extraescolares. Hacen que sea imposible competir", denunció la directora de la organización, Elena Cid, en la rueda de prensa en el que se presentó un documento que se elabora anualmente, en parte, para denunciar eso que ellos consideran una clara "competencia desleal".
El estudio se ha llevado a cabo entre marzo y mayo de 2024 y el método empleado ha sido el de mistery shopper, una técnica que consiste en hacerse pasar por una familia interesada en matricular a su hijo en los colegios escogidos al azar para la muestra. Concretamente, los investigadores se han interesado por el segundo ciclo de Educación Infantil en un total de 321 colegios repartidos por toda la geografía: 100 en la Comunidad de Madrid, 58 en Cataluña, 50 en Andalucía, 30 en la Comunitat Valenciana, 28 en Galicia, 20 en Aragón y País Vasco y 15 en Murcia. El informe, ha defendido en la rueda de prensa Amparo Núñez, la responsable de su realización, "refleja de manera objetiva y clara la información que los colegios concertados verbalizan a las familias", durante las entrevistas para escolarizar a un niño de 3 años, una edad escogida por ser la de inicio de la educación obligatoria y la que refleja una mayor gravedad en los casos en los que se expresa una posible exclusión, criticó Cid.
Cataluña, Comunitat Valenciana y Madrid, las que más cobran
Los importes, al contravenir directamente la ley, son escogidos por los centros. No hay nada que los regule más allá de los propios deseos de la dirección de la escuela en cuestión. Por eso hay tanta disparidad entre comunidades: mientras que una familia en Cataluña puede pagar hasta 510 euros al mes por niño, en aragón abonará, como mucho, 85.
Madrid se lleva el bronce en el precio, pero ocupa igualmente un lugar predominante en el estudio de CICAE, que este 2024 ha incluido por primera vez un informe sobre las 100 páginas web de los centros con las cuotas más altas. Una orden publicada el 22 de diciembre del año pasado les obligó —también en teoría— a incluir el listado y los importes de todas las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios que se hayan llevado a cabo en el curso anterior y de las planificadas para el siguiente. Sin embargo, una vez analizadas se observa que más de la mitad no muestra información de estas cuotas y un 25% informa de algunos conceptos de manera incompleta.
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En cualquier caso, la falta de transparencia no termina ahí. Y es que en ninguna comunidad hay un 100% de centros que indiquen en la documentación que entregan los precios, los conceptos por los que cobran las cuotas, los horarios o qué ocurre si no se paga.
Obligatoridad o imposición por exclusión
Y esta cuestión no es baladí. CICAE ha constatado que el 68,6% no menciona la voluntariedad que en teoría debería primar en el pago de estas cuotas y que sólo el 19,4% lo refleja en la documentación. Si no se paga, en cualquier caso, un 14% del alumnado es excluido, un porcentaje que en la Comunidad de Madrid asciende incluso hasta el 31%. Ningún centro lo dice abiertamente, pero sí lo desliza. El método pasa, por ejemplo, por indicar que el menor "se iría a otra aula" o "tendría que entrar más tarde por la mañana y por la tarde" si no se abona. "Se perdería todos los beneficios que ofrecen dentro de esta aportación", llegan a indicar algunas escuelas.
Muchas de ellas, además, ofrecen como servicios complementarios cosas como un taller de inglés en horario lectivo de esa misma asignatura, por lo que en la práctica excluirían al alumnado de esa enseñanza obligatoria, lamentó Cid en la rueda de prensa. Por eso urgió a las administraciones a una nueva regulación tras un estudio de las necesidades de financiación de cada tipo de enseñanza y pidió a las comunidades autónomas que "no autoricen estos cobros" porque son "cuotas lucrativas" y "desvirtúan los conciertos tal como fueron concebidos en 1985". Deben coexistir los tres tipos de enseñanza, opinó, pero "con las mismas reglas de juego".
La escuela concertada —financiada con más de 7.000 millones de fondos públicos al año— sigue haciendo caso omiso a la ley. No pueden hacerlo, pero sus centros cobran sistemáticamente cuotas mensuales a las familias de su alumnado. Y no son voluntarias, como muchos se empeñan en defender: o bien se imponen directamente o bien deslizan que, de no hacerlo, el niño o niña estará excluido del resto. Y sería el único, porque no hay familia que se niegue.