Cataluña ensayará el “mayor plan piloto de Renta Básica Universal (RBU) de Europa”, como ha defendido públicamente Sergi Raventós, director de la Oficina para implementar la RBU. Se trata de una ingreso que tiene que recibir todo el mundo, sin importar su riqueza —con la salvedad del 10% más pudiente—, edad, género, origen o lugar de residencia, siempre y cuando sea en territorio catalán.
La administración les dará a los adultos 800 euros al mes durante dos años, para que hagan lo que quieran con ellos, y 300 a los menores de edad para que hagan lo propio, aunque bajo la tutela de sus progenitores. A cambio, los perceptores de este plan piloto de renta básica universal se comprometerán a realizar entrevistas de seguimiento y encuestas para conocer cómo incide esta medida en su comportamiento. Se espera que el proyecto conlleve un sentimiento de mayor de libertad y un aumento del bienestar físico y mental por parte de los ciudadanos. Igualmente, la administración pronostica una reducción de la pobreza.
El experimento empezará el primer trimestre de 2023, cuentan desde la Generalitat a infoLibre, y los conejillos de indias serán 5.000 personas. La mitad de los escogidos provendrán de dos municipios de entre 1.200 y 1.400 habitantes, indican fuentes de la Oficina del Plan Piloto para implementar la RBU. Por tanto, y con datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), los potenciales perceptores de la RBU pueden ser residentes de estas 20 localidades: Torà, Bellcaire d'Urgell, Riudecols, Cabra del Camp, Sant Martí de Tous, la Fuliola, Llers, Corçà, Perafort, Vila-rodona, el Pla del Penedès, Sant Julià del Llor i Bonmatí, la Vall de Bianya, Almoster, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Térmens, Anglesola, Miralcamp, Vallbona d'Anoia y Puigverd de Lleida. El resto de beneficiarios, otros 2.500, serán ciudadanos diseminados por el territorio y que estarán escogidos al azar.
“Es un cambio de paradigma sobre la concepción del estado del bienestar de después de la Segunda Guerra Mundial, en el que la mayoría de derechos están ligados al hecho de tener o haber tenido un trabajo asalariado para poder percibir una prestación por desempleo o jubilación”, asegura Daniel Raventós, doctor en Economía y profesor de Sociología en la Universidad de Barcelona.
Quedará excluida de este experimento el 10% de la población con más renta, que sería la que quedaría fuera de recibir esta prestación en caso de extender esta medida al conjunto de Cataluña. El objetivo es simular los efectos redistributivos y fiscales de aplicar la RBU. Una vez terminado el plan piloto, ya se verá, porque nadie da certezas sobre si la iniciativa se aplicará para el conjunto del territorio catalán, así como de dónde vendrán los recursos para financiarla, que deberán ser muy cuantiosos. Ni el director de la Oficina del Plan Piloto para implementar la RBU en Catalunya ni ningún miembro del equipo técnico han respondido a las preguntas formuladas hace más de una semana por este diario.
“La renta básica universal supone dejar atrás un sistema de protección social condicionado, en el cual las personas están todo el rato bajo sospecha y tienen que demostrar cómo de pobres son para poder acceder a un derecho. Hay que ir hacia un escenario mucho más empoderador”. Así resume Sira Vilardell, miembro del Consejo Asesor de la Oficina del Plan Piloto para Implementar la RBU, el espíritu de esta prestación.
Este proyecto es fruto del acuerdo que alcanzaron ERC y la CUP tras las elecciones catalanas de 2021 y que sirvió para investir Pere Aragonès como president de la Generalitat —si bien es cierto que ese pacto ya es papel mojado tras las desavenencias entre ambas formaciones independentistas en el Parlament—.
El mayor reto, de dónde sacar el dinero
Los críticos ven lagunas importantes en esta medida: “El gasto anual sería de 60.000 millones de euros, cuando los presupuestos de la Generalitat no llegan a los 40.000 millones”, cifra Diosdado Toledano, uno de los ciudadanos que impulsó la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en Cataluña, otra prestación que se atorga a personas y familias con bajos ingresos. “Hay un problema de inviabilidad económico muy serio”, añade.
Vilardell considera que, si llega a existir la RBU, otras partidas, como la RGC, dejarían de utilizarse, para evitar la duplicación de prestaciones, con lo que el gasto social de la renta básica universal no se puede contar como un añadido más a los presupuestos, sino que habría que hacer un reajuste estructural de todas las partidas económicas para saber cuál sería el gasto final.
“Hay que ver cómo repercutiría el dinero destinado a la RBU, porque podría tener un efecto multiplicador y la Generalitat podría terminar obteniendo más ingresos y reduciendo el gasto”, opina Oriol Amat, rector de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Aunque se muestra favorable a la medida, evita hacer afirmaciones categóricas y prefiere esperar a ver los resultados de este plan.
Sobre la mesa está qué pasará con el mercado de trabajo. Mientras los críticos aventuran un aumento del número de desempleados, los defensores opinan lo contrario. “Creemos que incluso podría haber una reducción del paro. La renta básica universal permitiría que la gente accediera al mercado laboral en otras condiciones, sin tener en cuenta únicamente la necesidad de cubrir los gastos básicos”, opina Vilardell, que además de ser asesora de este proyecto es directora general de la fundación SURT, que lucha por los derechos de las mujeres.
La fiscalidad es otro aspecto a tener en cuenta. Y es crucial. Tanto que con la situación actual Cataluña no “es soberana para poder disponer de una RBU”, reconoce Daniel Raventós, que explica que la tesis más generalizada para poder financiar esta partida es a partir de una modificación del IRPF, que gestiona en su mayoría el Estado. “Quizás podrían Navarra y el País Vasco”, apunta, puesto que cuentan con un régimen fiscal propio.
La RBU supondría un éxodo de ciudadanos hacia Cataluña, según el parecer de Toledano: “Si se pone en marcha, habrá un efecto llamada, porque habrá gente del resto del Estado y de fuera de España que vendrá aquí”, piensa. Daniel Raventós se opone a esta idea y pone como ejemplo el caso de Euskadi: “Cuando propuso una renta mínima [en 1989], que aún no la tenía ninguna comunidad autónoma, los partidos de derechas y la patronal vasca dijeron que vendrían inmigrantes de países pobres y personas de otras comunidades para recibir este subsidio y no pasó nada”, rememora.
“No hace falta ser economista para entender que cambiar de comunidad autónoma supone un tiempo y tiene unos gastos que en algunos casos son superiores a los que puedas recibir con el subsidio”, añade. “Y con la inmigración de los países pobres, los estudiosos dicen que lo hacen independientemente de las condiciones de los países que los acogen, porque son expulsados de sus lugares de origen porque tiene sus condiciones materiales de existencia completamente destrozadas”, remata.
El rector de la UPF se imagina que, de prosperar, la RBU debería seguir el esquema de las rentas mínimas instauradas en todas las comunidades autónomas y no ser una iniciativa de la que dispusiera solamente Cataluña.
Ya existen otras medidas, pero no funcionan
La RGC entró en vigor en septiembre de 2017 y, en esencia, consiste en dar una ayuda económica a aquellos que ingresen menos de 664 euros al mes para poder costear las necesidades básicas. Si se trata de una familia, esa cifra se puede elevar hasta unos ingresos máximos de 1.208 euros al mes, que varían en función de la cantidad de miembros que conformen el hogar. Esta medida fue muy peleada por las organizaciones sociales que, con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), lograron situar el debate en el seno del Parlament. Tras algunas enmiendas que rebajaron la ambición del proyecto, se aprobó el texto.
Un lustro después, la medida se ha topado de bruces con la realidad, según la tesis que mantiene Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), una organización que aglutina, a su vez, 114 entidades. ECAS denuncia que la cuantía de la ayuda es insuficiente y que los trámites burocráticos expulsan a muchos potenciales usuarios.
El 69% de solicitudes presentadas para recibir la RGC en lo que va de 2022 son desestimadas, según los últimos datos de la Generalitat. La causa principal es superar los ingresos establecidos en la ley, seguidos de la incapacidad de acreditar dos años de antigüedad residiendo en Catalunya. Los perceptores totales de la RGC son 172.501.
El 25,9% de catalanes —uno de cada cuatro— vive en riesgo de pobreza o exclusión social, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat). Eso supone un total de dos millones de personas. De ellas, 700.000 sufren una privación material y social severa, porque tienen dificultades para pagar el alquiler, irse de vacaciones una semana al año o poder pagar el coste de una lavadora, entre otras. Cruzando los datos se concluye, por tanto, que la RGC no llega ni a un cuarto de las personas que padecen, y mucho, para poder seguir adelante.
“La RGC o el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Estado no han ayudado a reducir los índices de pobreza, no funcionan y por eso queremos abrir nuevos escenarios para atacar esta situación”, afirma Vilardell. A su vez, En Comú Podem (ECP) ha elaborado una proposición de ley que se debate en el Parlament de Catalunya para modificar la norma que regula la RGC, con el objetivo de hacerla más accesible y augmentar la dotación de la prestación.
Más de dos décadas luchando por una RBU en Catalunya
Quien primero habló de una renta básica fue el británico Thomas Spence (1750—1814), que en 1796 publicó un opúsculo llamado The Meridian Sun of Liberty —El sol meridiano de la libertad, en castellano—, donde defendía esta medida a nivel local. Quien fue más allá y propuso este plan a escala nacional fue el belga Joseph Charlier (1816—1896), a través de su libro Solution du problème social —Solución del problema social—, publicado en 1848.
Más tarde surgieron otras iniciativas hasta que en la década de los 80 del siglo pasado cogió fuerza la concepción actual de la renta básica universal en países como Dinamarca y Países Bajos.
En 2001 se constituyó la Xarxa Renda Bàsica (XRB) en Cataluña, un año después ERC e Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) elaboraron en el Parlament una propuesta de resolución para presentar al Congreso de los Diputados y poder crear la RBU y en 2011 estalló el movimiento del 15M, que situó ésta como una de las principales demandas de los movilizados.
La pandemia de la covid-19 hizo estallar este debate a nivel mundial. Tanto que incluso el diario liberal se mostró favorable a explorar esta idea. Lo hizo a través de una editorial de abril de 2020, donde aseguró que “políticas hasta ahora consideradas como excéntricas, como la Renta Básica, […] tienen que ser tenidas en cuenta”.
“Desde hace tres años está habiendo un debate público increíblemente superior al que podía haber hace 20”, asegura Daniel Raventós. Ello es producto de “la crisis económica y especialmente de la pandemia, cuando se publicaron manifiestos de colectivos feministas, LGTBI y de trabajadores de la cultura que pidieron a gritos una renta básica común para solucionar los problemas más inmediatos”.
El caso de Alaska
No existe país en el mundo que aplique la renta básica universal, afirman los expertos. Sin embargo, no escatiman los ensayos. En Finlandia se hizo una prueba entre 2017 y 2019 con 2.000 parados, a los que se les dieron 560 euros al mes sin ninguna tutela. La realidad es que el paro no se redujo significativamente, mientras que crecieron la salud física y mental de los beneficiarios, que redujeron también sus niveles de estrés y depresión.
En el estado de Madhya Pradesh (India) se hizo otro test con 6.000 personas, con la intención de eliminar la pobreza extrema y la malnutrición. Con una partida de 200 rupias al mes —2,35 euros—, en 18 meses se vio una alza del emprendimiento, de la escolarización, del trabajo femenino y una reducción del trabajo forzado en el campo y la malnutrición.
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Alaska es quien más se asemeja a un sistema con la renta básica universal en todo el planeta. Desde 1982 los residentes de este estado de Estados Unidos reciben un dividendo, en función de las ganancias que obtiene la Alaska Permanent Fund Corporation —Corporación del Fondo Permanente de Alaska, en castellano—, la empresa petrolífera de la región. Esa paga es igual para todos los habitantes, independientemente de su edad, poder adquisitivo, estudios y situación laboral. Con vivir un mínimo de seis meses allí es suficiente.
Recientemente, el estado de California ha aprobado el lanzamiento del primer plan piloto de renta básica universal en un estado entero de los Estados Unidos. Lo hará con 2.000 mujeres embarazadas o independizándose de sus hogares de acogida y recibirán entre 600 y 1.200 dólares mensuales durante un periodo de 12 a 18 meses.
Sin duda, cada vez son más las iniciativas que surgen en favor de una renta básica universal. “El sistema económico está dejando atrás una parte de la población y es por eso que necesita evolucionar. Es oportuno experimentar en alternativas [en referencia a la RBU] que encuentren soluciones a estas situaciones de desigualdad crecientes”, opina Amat.
Cataluña ensayará el “mayor plan piloto de Renta Básica Universal (RBU) de Europa”, como ha defendido públicamente Sergi Raventós, director de la Oficina para implementar la RBU. Se trata de una ingreso que tiene que recibir todo el mundo, sin importar su riqueza —con la salvedad del 10% más pudiente—, edad, género, origen o lugar de residencia, siempre y cuando sea en territorio catalán.