Hace un año , el 18 de agosto de 2023, la concesión a Audasa de la AP-9 –la autopista que conecta las principales ciudades gallegas– debería haber finalizado si en 2000 el Gobierno de José María Aznar no la hubiera prorrogado hasta 2048. Sin embargo, lo que sí acabó en ese momento fue un 95% exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la que disfrutaba la empresa desde que recibió la concesión durante el franquismo, cuando el impuesto se denominaba Contribución Territorial Urbana.
Ese impuesto se paga a los municipios, que en el último año han ido actualizando sus cobros a la concesionaria. Así lo hizo también el Ayuntamiento de Vigo, cuyo alcalde, Abel Caballero, anunció este miércoles que los 18.000 euros que pagó Audasa por el IBI pasaron a ser 383.000 euros.
La reducción del impuesto en las autopistas había sido aprobada por Franco un año antes de que se otorgara la concesión de la AP-9 en 1973. Aquella concesión, que inicialmente iba a durar hasta 2012, fue prorrogada por primera vez por un año en 1979 por el Gobierno de UCD a causa de los problemas financieros de la empresa, que finalmente sería rescatada en 1983 . En 1994, durante el Gobierno de Felipe González y cuando era empresa pública, a cambio de la gratuidad del peaje en los tramos urbanos de la vía y de agilizar el tramo entre Vigo y Tui, la concesión se amplió otros diez años, hasta el 18 de agosto de 2023.
La última prórroga de la concesión fue aprobada en 2000 por el Gobierno del PP de José María Aznar por 25 años más, hasta 2048, a cambio de la ampliación de la AP-9 hasta Ferrol y la liberación de peajes entre Fene y la ciudad departamental. Esa prórroga mantenía "todos y cada uno" de los beneficios fiscales de los que disfruta Audasa desde la dictadura con un único límite: la concesionaria ya no "podría disfrutar" de la exención del IBI "a partir del 19 de agosto de 2023 ", es decir, a partir del día en que la concesión habría finalizado si no hubiera sido prorrogada por el mismo Gobierno que, apenas tres años después, privatizó la AP-9 junto con el resto de autopistas de la antigua Empresa Nacional de Autopistas (ENA).
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Así que hace un año, cuando debía terminar la concesión, lo único que caducó fue la exención de impuestos y numerosos municipios por los que pasa la infraestructura empezaron a actualizar sus tarifas, al igual que los ayuntamientos que tienen delegado el cobro de las tarifas en la Diputación Provincial de A Coruña, 18 de los 20 municipios afectados . Ese organismo provincial calculó hace unos meses que esos ayuntamientos pasarían de cobrar unos 175.000 euros al año a más de 3,7 millones.
Ahora es el Ayuntamiento de Vigo el que pone cifras a la subida de impuestos. Caballero ha recordado que la empresa "se benefició de una ley franquista aprobada en 1972" con la que pagaba a Vigo unos 18.000 euros, y ahora sin esa exención pagará unos 383.000 euros. "Era intolerable que una empresa con semejante nivel de beneficios no pagara el IBI" , afirma el alcalde.
Audasa acaba de presentar sus resultados del primer semestre de este año, que ascendieron a un nuevo récord de 39,5 millones de euros, un 9,5% más que en el mismo periodo del año anterior, a pesar de que el tráfico sólo aumentó un 2,65%.
Hace un año , el 18 de agosto de 2023, la concesión a Audasa de la AP-9 –la autopista que conecta las principales ciudades gallegas– debería haber finalizado si en 2000 el Gobierno de José María Aznar no la hubiera prorrogado hasta 2048. Sin embargo, lo que sí acabó en ese momento fue un 95% exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la que disfrutaba la empresa desde que recibió la concesión durante el franquismo, cuando el impuesto se denominaba Contribución Territorial Urbana.