El abogado de la familia de una mujer fallecida en un CIE hace ocho años asegura que murió por "negligencia médica"

Un médico acusado de la muerte de Samba Martine, congoleña de 33 años que murió tras pasar 38 días internada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, ha declarado este lunes en el juicio que no le constaba que fuera portadora del VIH y que los días que le atendió lo hizo sólo por "síntomas gripales".

Samba Martine falleció el 19 de diciembre de 2011 por una infección pulmonar, mortal en personas enfermas de SIDA. Al CIE de Aluche llegó un 19 de noviembre tras ser trasladada desde el CETI de Melilla.

Las acusaciones en el juicio que ha arrancado hoy en el Juzgado de lo Social número 21 de Madrid, la representada por la familia de la víctima y Ferrocarril Clandestina, sostienen que hubo negligencia tras un mes de encierro en el que solicitó al menos once veces asistencia médica "sin recibir tratamiento alguno a la dolencia que finalmente terminara con su vida".

En su declaración, el acusado ha manifestado que atendió a la víctima los días 15 y 30 de noviembre de 2011 por síntomas catarrales, manifestando que no le constaba que fuera portadora del VIH. "Ella manifestaba que tenía dolor de cabeza. No la valoré porque no dijo nada. Fue en una época con muchas gripes", ha recalcado indicando que el trato fue conforme a los protocolos.

Sin embargo, los abogados de la acusación particular y popular no creen su versión porque Samba reiteraba "persistentemente" que estaba enferma de SIDA. "Samba sabía que se moría, pero nadie la escuchó", afirman.

En el juicio se debían haber sentado tres acusados, pero dos de ellos, un médico y una enfermera, están huidos de la Justicia. En el caso del único juzgado, el abogado de la familia le pide año y nueve meses años de cárcel por homicidio imprudente y seis años de inhabilitación.

"Escurrir el bulto"

El abogado de la madre e hija de Samba, Víctor Díaz, ha señalado que los protocolos establecían que se tenía que preguntar a los internos si eran portadores de VIH u otra enfermedad. "Se ve claramente el nivel de todo el servicio médico del CIE y de los profesionales contratados", ha dicho y ha indicado que el procesado ha intentado "escurrir el bulto".

La abogada Patricia Fernández, de Ferrocarril Clandestino, ha subrayado que el acusado tuvo posibilidad de diagnosticarla y de evitar la muerte. Además, ha señalado que en la historia clínica contaban más síntomas al margen de unos síntomas catarrales y ha insistido en que en el reconocimiento médico no se le preguntó si era portadora de VIH.

"Se la debió explorar en profundidad y se la debió hacer unas pruebas diagnósticas, algo que no hubo en los 40 días que estuvo ingresada. Todas las pautas fueron para paliar síntomas no para curar la enfermedad. No se le trató y murió", ha reseñado.

En el juicio, ha testificado una de las asistentes de Cruz Roja que atendió a la víctima, declarando que los CIE no son lugar para enfermos y destacando la insalubridad de estos lugares. También ha relatado cómo cuando se estaba trasladando a Samba al hospital gritaba: "Me muero, me muero".

A su muerte, según la letrada, se suman los 38 días que pasó "tiradas en el suelo" y ahora es el momento de reclamar que se arroje luz sobre lo que ocurre en el interior de los CIES, y que los Derechos Humanos "sean reconocidos a todas las personas migrantes.

Cierre de los centros de internamiento 

Tras concluir la primera sesión del juicio, colectivos vinculados a la defensa de los Derechos Humanos, entre ellos la ONG Observatorio De Derechos Humanos Samba Martine, se han concentrarán a las puertas de los Juzgados para expresar su reclamo de 'Justicia para Samba' y para exigir el cierre de los CIE.

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Para dar su apoyo, han acudido a la convocatoria los concejales Javier Barbero y el edil Pablo Carmona. Durante la protesta, han exigido el cierre inmediato de los CIE, y el cese inmediato de su director, Antonio Montes Rodríguez, quien "desempeñaba" en la época de los hechos juzgados como jefe de seguridad del centro.

Los colectivos sostienen que las denuncias dejan "al descubierto que ni siquiera se respetan las sucesivas resoluciones dictadas por los jueces de control, creados especialmente para velar por el respeto a los derechos de las personas allí encerradas".

Siguen siendo "centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial", como bien los definió, precisamente, uno de estos jueces.