El abogado de Torres tilda de “absolutamente falso” que su cliente haya pactado una condena

El intento de negociación emprendido por Iñaki Urdangarin para alcanzar un pacto de última hora con la Fiscalía y lograr así una rebaja de pena sigue topando con un escollo. Su antiguo socio y corresponsable en Instituto Nóos, Diego Torres, se resiste a suscribir un acuerdo, y así lo han precisado fuentes de la investigación que, no obstante, creen que su posición puede cambiar. En espera de si ese cambio llega, el abogado de Torres, Manuel González Peeters, acaba de tildar de "absolutamente falso" que su cliente esté dispuesto a aceptar una pena de cuatro años si la Fiscalía exime a su mujer de toda responsabilidad. En teoría, y como ya ocurrió en el caso de los trajes, es posible que un imputado pacte y evite así la vista oral -lo hizo Rafael Betoret en esa rama del caso Gürtel- mientras que otro -como ocurrió con Francisco Camps- opte por someterse a juicio.

En declaraciones a infoLibre, Peeters ha negado de forma tajante y en lo que concierne a su cliente la información que hoy publica el diario El Mundo, que además da cuenta del intento de pacto de Urdangarin, sobre el que ya informó este diario el pasado día 5. 

Nueve días después de que fuentes del caso confirmasen la maniobra de acercamiento de Urdangarin, el fiscal anticorrupción del caso, Pedro Horrach, envió al juez José Castro un escrito en el que ya anticipa su oposición a que la infanta sea imputada, anuncia que le exigirá la devolución del dinero ilegal del que se benefició gracias a los delitos de su marido -en principio, medio millón de euros- y, por primera vez en dos años prepara el camino para desimputar a la mujer de Diego Torres, Ana Tejeiro, o rebajar drásticamente su responsabilidad penal.

Al remarcar que tampoco Ana Tejeiro participaba en "la toma de decisiones estratégicas" del grupo, la Fiscalía se acerca voluntaria o involuntariamente a un doble objetivo: eliminar lo que la opinión pública percibe como un enorme agravio comparativo -que Tejeiro esté imputada mientras que la infanta avanza sin obstáculos con la protección expresa de la Casa Real, que encarna la Jefatura del Estado- y tender un puente hacia Diego Torres.

Pero, y también objetivamente, en el caso se plantea un segundo obstáculo para un eventual pacto, aunque no es insalvable. Para evitar sentarse en el banquillo, Urdangarin y Torres tendrían aceptar lo que se conoce como una sentencia de conformidad avalada también por las dos acusaciones populares presentes en el caso: la de Manos Limpias y la de los socialistas valencianos. Y esa sentencia de confirmidad solo sería factible si previamente reconocen su culpa, devuelven el dinero -seis millones de origen público, captado en Valencia, Baleares y, residualmente, en Madrid-, colaboran con la justicia desvelando o afianzando datos aún sujetos a duda y aceptan una pena que implique su ingreso en prisión aunque por menor tiempo de aquel al que se arriesgarían si van a juicio.

Como publicó infoLibre, Anticorrupción no está dispuesta a salvar de la cárcel a ninguno de los dos máximos responsables de un entramado que, utilizando una serie de falsas ONG, la principal de ellas Instituto Nóos, se lucró gracias a convenios otorgados a dedo cuyo importe acabó de forma íntegra en empresas controladas por los propios Urdangarin y Torres, como Nóos Consultoría y Aizoon SL, esta última participada al 50% por el yerno del rey y su mujer, la infanta Cristina.

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En espera de los últimos informes pendientes de Hacienda, cuyo contenido se presume favorable para la hija del rey, la Fiscalía sostiene que ningún indicio apunta a que la infanta conociera o ayudase a su marido a perpetrar los delitos que se le atribuyen.

Una vez tenga todos los informes en su poder, lo que podría ocurrir de forma inmediata, el juez dará traslado de sus averiguaciones a todas las partes personadas. Y cuando esas partes se hayan pronunciado sobre qué creen que debe hacer el juez, el magistrado tomará su decisión. Si imputa a la infanta, es más que probable que la Fiscalía y su defensa vuelvan a recurrir ante la Audiencia de Palma, que en abril ya tumbó la primera imputación decretada por el juez. Paradójicamente, ese auto de la Audiencia exculpaba a la infanta del delito de tráfico de influencias pero ordenaba al juez investigar si había podido perpetrar delito fiscal y/o de blanqueo de capitales. Y esas dos las dos figuras penales en torno a las cuales ha centrado el juez sus indagaciones.

Los acercamientos a Anticorrupción por parte de Urdangarin, y así lo confirman fuentes del caso, no han comenzado desde el despacho de su abogado, Mario Pascual, sino desde otro cuyo principal letrado, de gran prestigio, defendía en la pieza separada del caso Nóos a un imputado provisionalmente exonerado de culpa.