El acoso frente a las clínicas de aborto deja a las mujeres desprotegidas y sin respaldo legal

El acoso ante los centros de interrupción voluntaria del embarazo "ha sido una constante" desde la aprobación de la primera Ley de Aborto en 1985. Es la denuncia que más de 60 organizaciones han lanzado este martes como respuesta a la campaña 40 días por la vida, tejida por grupos ultracatólicos contra las clínicas y sus pacientes. Precisamente "la situación de acoso a mujeres y profesionales", continúan los colectivos, "fue en gran medida lo que llevó a intervenir pública y políticamente para procurar un cambio legislativo". Esa transformación llegó en 2010, con la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero desde entonces "el hostigamiento no ha cesado, sino que ha adoptado nuevas formas".

Portavoces de las diferentes asociaciones que se han adherido a la iniciativa revelan la dimensión de las cifras: según "cálculos conservadores", se producen aproximadamente "cien acciones de acoso al año", de manera que desde el año 2010 "más de 8.000 mujeres han sido víctimas" de este tipo de ataques.

¿Pero qué herramientas tienen a su alcance las mujeres y los trabajadores? Actualmente, los instrumentos son muy limitados y poco efectivos. Así lo explican en conversación con infoLibre dos de los juristas que integran la plataforma presentada este martes. José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), relata que "fundamentalmente la posibilidad que tienen es presentar una denuncia por lo que se entiende un delito privado".

Bosch se refiere a posibles delitos de acoso, calumnias, injurias o lesiones. El problema tiene que ver con que la denuncia "obliga a que sea la mujer la que se mantenga en la acción penal", lo que conlleva complicaciones. "Por un lado, la identificación del delincuente", detalla el abogado. Las afectadas suelen desconocer su identidad, de manera que el caso tiende a quedar archivado. La denuncia debe ser articulada en todo momento por la propia víctima, de forma directa y sin la intervención de terceros. "La ley exige que sea la propia víctima la que promueva la acción", insiste el jurista, quien recuerda que "alguien que va a abortar lo último que tiene son ánimos para iniciar un procedimiento penal".

Coincide Cristina Colom, vicepresidenta de Themis Mujeres Juristas, una de las asociaciones que integra el listado de adhesiones a la campaña contra las organizaciones antiabortistas. Colom también se detiene en el desgaste que supone para la mujer iniciar y mantener el procedimiento. "Pon la denuncia, vete a un juez y explícale que te has sentido coaccionada", plantea. Las autoridades no siempre "aprecian los indicios o los requisitos que se exigen" y al final el proceso queda lastrado por sus propias complejidades.

Al análisis la jurista añade otro elemento: hoy día "la actitud con la que se encuentran las mujeres no es ya muy invasiva", como sí sucedía tradicionalmente. De los empujones y los insultos se ha pasado a las concentraciones pacíficas, a una suerte de vigilias, como los propios grupos ultracatólicos las denominan, frente a las clínicas. "Lo que están haciendo es tener una actitud muy pasiva: están allí, no te gritan, pero están", agrega Colom. Esta realidad complica la búsqueda de los ilícitos penales en los que encajar los hechos. La jurista lo entiende como "una coacción clarísima: impedir hacer lo que la ley no prohíbe", pero recuerda que al final se trata de una cuestión interpretable por los jueces.

En este contexto, Bosch aclara que "delitos sí se cometen", especialmente "si por ello se entiende obligar a dejar de hacer lo que uno quiere". El problema que plantea es "su acreditación, que exige una prueba clara de la comisión de ese delito". En cuanto a los delitos contra la intimidad o el honor, se trata ya de un "procedimiento civil" que acarrea otras tantas trabas, como el pago de costas si la víctima termina por perder. "Nadie se va a meter, por eso están tan desvalidas", lamenta Colom.

El ataque a las mujeres no es el único acto que organizan los grupos ultra. Los trabajadores de las clínicas también soportan altas dosis de "hostigamiento y acoso", lo que ha derivado en algunas denuncias por parte de los profesionales. El centro Ginecenter (Málaga) presentó varias denuncias contra estos grupos, la última en 2017, mientras que la clínica Dator (Madrid) hizo lo propio en repetidas ocasiones, la última en mayo del presente año. "Muchas veces hay delitos clarísimos", continúa Bosch, como pintadas en las fachadas o roturas de los cristales. Pero de nuevo brota el mismo problema: "Como el autor es desconocido, aquello se archiva". El abogado matiza, no obstante, que "tampoco hay intención de localizar la autoría". La razón es sencilla: "No hay sensibilidad, no hay interés y no hay investigación".

La situación se recrudece no sólo debido al escaso margen de las mujeres y las clínicas para tomar acciones legales, sino también como consecuencia de la persistencia de los grupos ultracatólicos. La Asociación de Abogados Cristianos ha presentado de forma reiterada denuncias contra diversos centros por, supuestamente, "dar información falsa en sus web con el objetivo de incitar a las mujeres al aborto". Aunque las denuncias no suelen prosperar, la asociación ACAI lamenta el desgaste que supone estar inmersa en procedimientos en varias comunidades autónomas.

Tipo penal y zonas de seguridad

Ante el escenario descrito, lo que piden las asociaciones es claro. "Buscamos que estos actos estén tipificados, no sólo como una coacción leve, sino que aquel que intente acosar a estas mujeres" esté incurriendo en una "actuación contemplada por la ley como delictiva y sea perseguible de oficio", señala Bosch. Colom baraja dos escenarios: un tipo penal concreto que castigue toda actuación que impida a una mujer ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o bien la inclusión, dentro de las coacciones, de un apartado especial para estos casos. El principal escollo con el que se encuentra la petición es la modificación del Código Penal, una ley orgánica, que requiere de mayoría parlamentaria.

En Francia se encuentra el principal espejo donde las asociaciones españolas aspiran a mirarse. El país vecino prohíbe difundir cualquier tipo de contenido que "obstaculice" el aborto a través de informaciones falsas o sesgadas. En marzo de 2017, el Gobierno galo aprobó una ley que ampliaba el delito de obstaculización al aborto para incluir además las páginas web que ofrecieran información falsa. La norma plantea multas de hasta 30.000 euros y dos años de prisión. La iniciativa impulsada hace ahora dos años venía a profundizar sobre la ya existente prohibición de acudir a las clínicas con el fin de coaccionar a las mujeres y a los trabajadores.

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Pero mientras el cambio legislativo no llega, las asociaciones por el derecho al aborto proponen otras alternativas. "Hay otra solución que no es la ideal pero sí ayudaría a paliar el problema", clama Bosch. Habla de las denominadas zonas de seguridad. Desde el punto de vista jurídico, explica, es equiparable a la prohibición de fumar en la puerta de un colegio. El mensaje es el siguiente: "Que se manifiesten contra el aborto, pero no en las puertas de las clínicas", detalla. Blindar ese perímetro tendría además un efecto disuasorio para los manifestantes y minoraría los efectos nocivos para las mujeres. Así lo entiende Colom, quien incide en que "no es lo mismo acceder a una clínica habiendo pasado por un pasillo de gente, que si ese pasillo está a 500 metros".

Lo cierto es que los partidos políticos han mostrado cierta inclinación por esta alternativa. En su documento Propuesta abierta para un programa común progresista, el PSOE promete garantizar "la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas IVE, su integridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación. Para ello se establecerá una zona de seguridad de las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo". El cambio podría producirse "sólo con la modificación del decreto de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo", apunta Bosch.

También de este tipo de movimientos hay ejemplos en diversos países europeos. En 2017, el municipio londinense de Ealing decidió plantar cara al acoso creando áreas seguras alrededor de los centros. Un año más tarde, la Corte Suprema de Inglaterra confirmó la legalidad de la decisión tomada en la localidad para proteger la integridad y seguridad de las mujeres que decidan interrumpir libremente su embarazo. Irlanda, por su parte, ha introducido recientemente la posibilidad de crear zonas de seguridad alrededor de las clínicas, después de que entrara en vigor la nueva ley de interrupción del embarazo y se constatara la presencia de movilizaciones antiabortistas ante los centros.