ACS puede embolsarse más de 1.500 millones de dinero público por tres infraestructuras fracasadas

Al empresario Florentino Pérez le sale rentable firmar contratos con la Administración... aunque terminen en un fracaso. ACS, la empresa que preside Pérez, ya consiguió a finales del año pasado una indemnización de 1.350 millones por el cierre del almacén de gas Castor y ahora existe el riesgo de que otros dos proyectos que no han tenido el uso esperado –la desaladora de Escombreras (Murcia) y el túnel de alta velocidad entre Figueres y Perpiñán– le cuesten a los ciudadanos otros 750 millones de euros más.

infoLibre se puso en contacto con el Grupo ACS para conocer su versión sobre estos tres casos. Un portavoz respondió que la "política de comunicación" habitual de la empresa es no hacer declaraciones.

La constructora ACS es la más internacionalizada del mundo, y sus saneadas cuentas han proporcionado a Pérez una fortuna estimada en más de 1.800 millones de euros, según la lista Forbes. El empresario se cubre bien las espaldas cuando firma contratos para encargarse de la construcción y explotación de grandes infraestructuras con la Administración, ya que tanto en el caso de Castor como en el de la desaladora de Escombreras los acuerdos contenían una cláusula de indemnización en caso de que se rescindiera el contrato.

El caso del almacén Castor fue especialmente polémico por su enorme cuantía, ya que el Estado tuvo que hacer frente al pago de 1.350 millones de euros a la compañía Escal UGS, controlada en el 66,67% por el grupo ACS. El Gobierno decidió en septiembre de 2014 paralizar la inyección de gas que se realizaba desde esta planta al subsuelo al encontrarse relación entre la misma y varios terremotos ocurridos en la zona de Vinaròs (Castellón), cerca de donde se encontraba situada. Un mes después, el Ejecutivo anunció el abono de la indemnización. En consecuencia, a ACS le correspondieron 900 millones de la indemnización pagada a Escal UGS (el 66,67% del total).

La compensación a la concesionaria se irá cargando al recibo del gas de los consumidores, y con intereses la cifra ascenderá a 3.500 millones. Este pago quedó justificado por una cláusula incluida en el contrato que rubricó en 2008 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que permitía que se indemnizara a Castor en caso de que mediara dolo o negligencia.

La desaladora de Murcia

En el caso de la desaladora de Escombreras, el problema es similar: el Gobierno de la Región de Murcia, que en 2006 presidía Ramón Luis Valcárcel (PP), concedió ese año a Hydro Management –una sociedad participada al 80% por Cobra, filial de ACS– la construcción y gestión de la infraestructura –de titularidad pública– y añadió una cláusula indemnizatoria si el contrato se rescindía.

La desaladora estaba diseñada para proveer de hasta 50 hectómetros cúbicos anuales de agua a una macrourbanización que se había proyectado, pero que finalmente no se construyó. Por ello, la infraestructura no trabaja actualmente ni al 10% de su capacidad y la Administración autonómica no puede hacer frente a los pagos anuales que acordó con Hydro Management, a quien se concedió la gestión de la planta hasta 2034. La empresa demandó ya en 2013 al Gobierno regional por este asunto, si bien terminó llegando a un acuerdo con el Ejecutivo de Valcárcel, que se comprometió a abonar los 570 millones de euros que le adeudaba entonces.

Pero la desaladora no ha dejado de tener pérdidas: más de 13 millones de euros en 2013, según El Economista, que cita las últimas cuentas depositadas. La Consejería de Presidencia de la Región de Murcia propuso hace unos días que se cerrase la planta para evitar mantener la sangría de dinero, pero el contrato firmado con el grupo presidido por Florentino Pérez sigue en vigor, así como su cláusula indemnizatoria, de 559 millones de euros, si se rescinde el contrato. En este caso, a ACS le corresponderían algo más de 447 millones (el 80% del total).

Un portavoz de la Consejería de Agua y Agricultura de la Región de Murcia admitió a infoLibre que existen "ciertos compromisos" contractuales asumidos para abonar esta indemnización, si bien señaló que la Administración autonómica está tratando de "revisar el contrato, porque las condiciones que existen ahora no son las que había cuando se firmó, cuando existían unas perspectivas de crecimiento mucho mayores".

Este portavoz explica que otra opción que baraja la comunidad es pedir ayuda al Estado central para que el precio del agua desalada, actualmente muy elevado, "sea asumible por los usuarios, especialmente por los agricultores, que son los que podrían hacer un uso a gran escala". No obstante, el representante se negó a concretar la cantidad exigida por el Grupo ACS a la comunidad, ya que, según aseguró, esto podría perjudicar a las negociaciones que ahora mismo mantiene la empresa con el Gobierno autonómico, unas conversaciones que también se mantienen en secreto.

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El túnel ferroviario entre las localidades de Figueres y Perpiñán es la última adjudicación en la que se encuentra relacionado el Grupo ACS que le da problemas a la Administración. La empresa TP Ferro –participada al 50% por ACS y la compañía francesa Eiffage– se adjudicó en 2003 el contrato para construir la infraestructura y explotarla durante 50 años, que posteriormente el Estado alargó a 53, además de pagar una indemnización de 130 millones de euros para compensar el retraso en la puesta en funcionamiento. Pero los cálculos de tráfico que realizó la empresa fueron demasiado optimistas: en la actualidad circulan alrededor de diez vehículos de pasajeros y 24 de mercancías a la semana, frente a los 80 que se estimaron entonces.

El pasado 17 de julio, TP Ferro se declaró en concurso de acreedores al no poder hacer frente a la deuda de alrededor de 400 millones de euros que mantiene con sus acreedores, en su mayor parte bancos. La compañía lleva desde el mes de marzo negociando, pero no ha conseguido llegar a un acuerdo para refinanciar sus deudas, y en caso de quiebra los Estados español y francés tendrían que hacerse cargo de la infraestructura a causa del principio de responsabilidad patrimonial de la Administración, según reconocen desde el Ministerio de Fomento.

Un portavoz del departamento dirigido por Ana Pastor explica que las cantidades a las que deberían hacer frente ambos países "no están claras, pero se manejan cifras en torno a los 400 millones", de los que España debería asumir la mitad si TP Ferro no lograse un acuerdo con sus acreedores. Fomento, no obstante, señala que la resolución de este caso será "un proceso largo, incluso de años", y afirma que ahora se encuentra "en un estadio muy inicial". El portavoz también explica que la empresa participada por ACS "ha inyectado dos millones en sus cuentas para garantizar la infraestructura hasta la primavera que viene", lo que considera un gesto de buena voluntad.