“Preguntada al respecto de la situación manifiesta: si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos puesto que sólo son residencia y no hospital”. Quienes preguntan por la situación son miembros de la Policía Municipal de Madrid, encargados de inspeccionar residencias de la capital durante la pandemia, y quien responde es la directora de Geriasa, un geriátrico localizado en la calle Doctor Esquerdo de la capital. Así se recoge en el acta de inspección levantada por los agentes, a las 11.00 horas del 9 de abril, documento al que ha tenido acceso infoLibre.
No es un documento único. En otras inspecciones de la Policía Municipal –que hasta el 3 de mayo había actuado en 117 residencias–, los responsables de los geriátricos también se quejaron por la imposibilidad de trasladar al hospital a los mayores cuando caían enfermos. Así ocurrió por ejemplo en el centro de Amavir en Usera, según consta en un acta de inspección del 7 de abril, que también obra en poder de este periódico.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el 18 de marzo un Protocolo en el que se establecían una serie de criterios para decidir cuándo una persona enferma de una residencia podía ser trasladada a un hospital para recibir asistencia y cuándo quedaba condenado a permanecer en el geriátrico. Entre esos criterios figuraban algunos que impedían derivar al residente si tenía un determinado nivel de dependencia o una demencia senil avanzada, circunstancias que nada tienen que ver con las expectativas de vida de una persona. Dos días después, se aprobó una segunda versión del Protocolo donde se fijaban con total crudeza los “criterios de exclusión de derivación hospitalaria”. Una última versión, del 25 de marzo, suavizaba algunos criterios pero mantenía en la práctica la exclusión de los pacientes con mayor nivel de dependencia (“fragilidad igual o mayor de 7” en una escala del 1 al 9) o con el grado máximo de demencia senil (GDS 7).
“Si se hubiera podido derivar a los residentes…”
La inspección de la Policía Municipal en la residencia de Geriasa comenzó a las 11:00 horas del jueves 9 de abril y se realizó en presencia de Virginia M. L., directora del centro. El geriátrico dispone de 185 plazas y antes de la pandemia tenía 163 ocupadas, que se quedaron en 155 después de que ocho residentes aprovecharan la posibilidad de irse a otro domicilio. Cuando llegaron los agentes ya sólo vivían allí 122 residentes. Los otros 33 habían fallecido.
De las 127 personas que formaban el Personal del geriátrico, siete tenían el virus y 31 estaban de baja.
“La UME [Unidad Militar de Emergencia] procede a realizar un hospital de campaña en el comedor y en el salón de la residencia ante la imposibilidad de parar la propagación entre los residentes”, se indica en el apartado del acta de inspección dedicado a describir las medidas adoptadas por el centro
Los agentes actuantes reseñan en el capítulo de "observaciones" lo siguiente: “Preguntada la filiada [la directora] al respecto de la situación manifiesta: si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos puesto que son residencia y no hospital (carecen de los medios hospitalarios). Que quiere hacer constar que se encuentra todo el personal agotado física y emocionalmente”.
Respecto a los 33 fallecidos, Virginia M.L. explica que, desde el 8 de marzo, habían perdido la vida dos mayores en el hospital y 31 en la residencia “sin haberles realizado prueba”. Es decir, el 94% de las muertes durante ese periodo se produjeron en el propio centro.
La Policía Municipal realizó una segunda visita a la misma residencia el 15 de mayo. Quedaban allí 102 mayores, veinte menos que en abril. De ellos, 11 habían fallecido y nueve habían abandonado el geriátrico. El total de muertes ascendía, por tanto, a 44 desde el inicio de la pandemia.
Respecto a los elementos de protección de los que dispone el centro, la directora explica que “tienen material suficiente excepto [mascarillas] FFP3”, que le fue suministrado por la empresa hasta que aproximadamente el 14 de abril recibieron por parte de la Comunidad.
Los agentes –distintos a los de la primera visita– destacan en el capítulo de "observaciones" lo siguiente: “Significar que la directora manifiesta su estado de frustración debido a que no les dejaron derivar residentes en plena crisis hasta que el 08/04/2020 les permitieron la derivación de una forma selectiva y bajo los Protocolos establecidos por el centro de referencia que es el Hospital de la Princesa”.
“Solicitan urgentemente apoyo psicológico debido al abandono que han sufrido por parte de las Administraciones Públicas”, se lee en el acta, una frase que aparece subrayada por el agente que redactó el documento. Y añade: “Significar que no les han facilitado medicamentos hospitalarios hasta mediados de abril”.
Virginia M.L. solicita “urgentemente la realización de test PCR y pruebas serológicas, ya que el test PCR realizado por su propia empresa fue el 20/04/2020 y siguen teniendo casos positivos”. En concreto, en ese momento tenían 36 residentes con covid-19 aislados.
“Las derivaciones al hospital no se admiten”
Otra residencia inspeccionada por la Policía Municipal de Madrid fue la de Amavir en el barrio de Usera, donde acudieron el 7 de abril, a las 10:40 horas. La inspección la presenció Marga V.P., en calidad de trabajadora social del centro.
El geriátrico tiene 180 plazas, pero en ese momento sólo había 136 residentes. Otros 30 habían fallecido.
Los agentes señalan que en la residencia hay “guantes, batas desechables, pantallas y gafas protectoras, gorros, mascarillas quirúrgicas. Todo el material autoadquirido”.
La UME desinfectó el edificio en una ocasión y los bomberos en dos. En la parte de "observaciones" del acta, se indica: “Actualmente en el centro hay cuatro cadáveres (2 ayer y 2 hoy). Personal sanitario en momento inspección: 1 médico, 1 DUE [Diplomado Universitario en Enfermería] y 16 auxiliares. Las derivaciones al hospital de referencia (Hosp. 12 de Octubre) no se admiten para personas con síntomas por Covid”.
Por último, en el documento de la inspección se recoge que en el geriátrico “necesitan con urgencia: test, EPIs (guantes, batas, mascarillas FFP2), sudarios para cadáveres”.
Fallecidos en residencias
Más de 1.950 personas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid fallecieron en marzo en el propio centro, sin ser trasladados a un hospital para recibir asistencia sanitaria, según los datos oficiales que publicó infoLibre.
Esa cifra supone que el 80% de las muertes de residentes ese mes se produjo en las propias instalaciones donde vivían, sin recibir atención hospitalaria. A 30 de marzo, se habían registrado ese mes 2.465 decesos de mayores en residencias madrileñas. Apenas 500 murieron tras ingresar en un hospital.
Gestores de residencias consultados por este periódico coincidieron en que el momento crítico se produjo entre el 15 de marzo y el 15 de abril, periodo durante el que las derivaciones de residentes aceptadas por los hospitales se redujeron de forma drástica.
Un geriátrico de Madrid pidió a familiares autorización escrita para dejar morir a residentes rechazados por el hospital
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Esta versión también la corroboran los datos a los que ha tenido acceso infoLibre. Entre el 25 y el 30 de marzo se produjeron 1.364 fallecimientos, de ellos el 86,7% en las propias residencias. Los hospitales se cerraron de forma casi absoluta para los mayores, al atender sólo al 13,3% de los enfermos. El Protocolo de Ayuso y Escudero se cumplió a rajatabla.
La presidenta madrileña y su consejero de Sanidad llevan dos semanas defendiendo que se había enviado un "borrador" del Protocolo "por error" antes del 25 de marzo, cuando se aprobó la versión definitiva. Como explicó en detalle este periódico, esa versión se basa en tres falsedades. Jamás se envió ningún "borrador" del Protocolo firmado por Carlos Mur, sino el documento oficial para su aplicación. De lo que se envió un borrador fue de un segundo Protocolo, un documento más clínico elaborado con la colaboración de los geriatras de los hospitales de Madrid, que no aparece firmado por nadie y que tampoco lleva el sello de la Comunidad.
La orden de prohibir el traslado a hospitales de determinadas personas mayores que vivían en residencias generó un importante choque entre el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y el titular de Sanidad. "No es ético y posiblemente no es legal", confesó Reyero en la Asamblea de Madrid. Escudero se escudó hasta ahora en la falsa teoría del "borrador".