El Pleno del Congreso de este jueves tiene como último punto del orden del día la votación del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los parlamentarios, una tarea que la Cámara baja tiene pendiente desde que echó a andar la XII Legislatura el 19 de julio de 2016. El motivo del retraso de la autorización de las actividades extraparlamentarias de sus señorías tiene que ver con la falta de acuerdo de los grupos parlamentarios. El PSOE, el principal partido de la oposición, apuesta por la dedicación exclusiva. En los últimos meses, desde la Presidencia del Congreso se han ido dilatando los plazos para que este informe reciba luz verde. Y, ahora, tras comprobar que pasado el congreso de los socialistas tampoco hay variaciones, el Pleno emitirá su veredicto.
Si no hay cambios de última hora, los socialistas se opondrán. Fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista consultadas por infoLibre aseguran que su posición de cara a esta votación, que se ha celebrado tradicionalmente a puerta cerrada, está en el 'no'. Con ello, se producirá algo inédito en el Congreso. Será la primera vez que una votación de este tipo no sale adelante con el respaldo de uno de los principales partidos.
En todas las reuniones de la Comisión del Estatuto de los Diputados, un órgano parlamentario presidido por el diputado del PP Leopoldo Barreda, los socialistas hicieron patente su negativa al pluriempleo de los parlamentarios. Y pusieron el foco en algo más de una treintena de diputados de la oposición que, a su juicio, deberían aclarar las actividades privadas para las que solicitan compatibilidad. El PSOE llega al Pleno con las mismas dudas y así lo pondrán de manifiesto en esta sesión.
En un principio, los socialistas reclamaron que en la votación del dictamen se hiciese por separado la de los casos que ellos consideraban dudosos. A ello, los servicios jurídicos de la Cámara respondieron que este tipo de informes se votan en bloque. La semana pasada, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, reunió a los portavoces para advertirles de que si se llegaba sin acuerdo iba a ser necesario votar dictamen a dictamen. Los de los 350 diputados, uno a uno. Al final, la junta de portavoces de este martes decidió que se votaría en bloque, pero ya con la advertencia de que el PSOE no iba a apoyarlo. Y de que justificaría su decisión ante el Pleno.
Los socialistas son partidarios de que sólo se permita la compatibilidad con la docencia ocasional, el ejercicio profesional puntual sin remunerar y la creación literaria o la participación en programas de medios de comunicación, también sin remunerar.
A continuación, infoLibre repasa de forma detallada las compatibilidades que la Comisión de Estatuto de los Diputados lleva este jueves al Pleno. El último informe, según fuentes de esta comisión, lleva fecha del 23 de febrero.
ABOGADOS, PROCURADORES Y CONSULTORES
El ejercicio de la abogacía ha sido tradicionalmente una de las tareas para la que más compatibilidades han demandado sus señorías. El dictamen recoge sobre este tipo de actividades son susceptibles de autorización "con las limitaciones" de "no poder percibir honorarios o cualquier otra forma de remuneración del sector público estatal autonómico o local y no poder invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el ejercicio de la actividad" y sin que reste tiempo a sus funciones parlamentarias.
En ninguno de los casos, los interesados revelan los clientes a los que prestarían servicios. Eso sí, se comprometen a no tener "relación con el sector público".
Son 16 los parlamentarios a los que el Pleno autorizará este jueves a ejercer la abogacía: 12 del PP, dos de Unidos Podemos, uno del PSOE (sin percibir remuneración) y uno de Ciudadanos.
Entre los abogados del PP destacan su portavoz en la Cámara, Rafael Hernando, y Leopoldo Barreda. Este último, diputado por Gipuzkoa, es el presidente de esta comisión.
Coinciden con ellos en actividad privada, también del PP, Francisco Martín Bernabé Pérez; Javier Calvente Gallego, que también es concejal en el Ayuntamiento de Baeza (Jaén); Celso Luis Delgado; el también concejal en A Coruña Miguel Lorenzo; José Vicente Marí; Francisco Martínez Vázquez; Pablo Matos; Francisco Molinero; el concejal en Viveiro (Lugo) Jaime de Olano y Juan Carlos Vera Pro.
Por parte del PSOE sólo hay una autorización para el ejercicio de la abogacía: la de Pedro José Muñoz. Su caso es muy particular. Tiene permiso para ejercer como abogado "en procedimientos judiciales y asesoramiento jurídico a miembros o cargos" de su partido, "sin retribución, minuta, ni contraprestación económica ni de cualquier otro tipo, por esas actuaciones".
El caso de Muñoz es similar al de Gloria Elizo, de Unidos Podemos. Es "letrada del partido político Podemos; representante legal a efectos penales, civiles o electorales, sin retribución". Su compañera de grupo Sara Carreño también ha reclamado a la citada comisión autorización para ejercer la abogacía.
En cuanto a los procuradores de los tribunales, uno es del PP, Avelino de Barrionuevo, y el otro pertenece a En Comú Podem. Se trata de Jaume Moya.
En Ciudadanos, sólo una diputada, Patricia Reyes, está autorizada para el ejercicio de la abogacía.
Los dos diputados que han solicitado autorización para labores de consultoría pertenecen al PP. Uno de ellos, Teófilo de Luis, reclamó, según recoge el citado dictamen, permiso para algo tan genérico como "asesoría a empresas por cuenta propia sin relación con el sector público". El otro, Javier Ruano, declara ser "consultor de organización" especializado en la "elaboración de protocolos familiares y supervisión de la sucesión entre generaciones, sin ninguna relación con la Administración Pública".
TRABAJOS PARA LA EMPRESA PRIVADA
También se solicita permiso para integrar órganos de representación y dirección de empresas privadas. La condición para la luz verde es que no se contrate con el sector público y que los interesados no usen su condición de diputado para hacer negocios. Cinco diputados del PP declaran ejercer actividades empresariales, seis de Ciudadanos, una de Podemos y dos del Grupo Mixto.
Por parte del PP, Raquel Alonso es arquitecta socia de Pejarbo SL, una sociedad "dedicada al cálculo de estructuras de edificación, sin contratar con el sector público". María Carmen Álvarez-Arenas es consejera delegada de una empresa familiar de prestación de servicios cuyo nombre no precisa.
Celso Delgado ejerce de administrador único de la mercantil Delgado Arce Abogados SLNE, cuyo objeto es la prestación de servicios jurídicos. Juan Manuel Juncal declara tener el 100% de participaciones en Juncal Auditores SL, una sociedad que, según se señala en el dictamen, "no tiene actividad, y en todo caso, no contrata con el sector público".
Por su parte, Jordi Roca, es administrador de la entidad Presencia Internet SL. Se dedica a la administración de sistemas informáticos.
Seis son los diputados de Ciudadanos con cargos en empresas. José Cano Fuster es apoderado de una empresa familiar, Xato Restauración SL. Elena Faba es administradora de varias mercantiles dedicadas a la informática, telecomunicaciones y ofimática, asesoramiento informático, relaciones públicas, marketing y comunicación. Su compañero Miguel Ángel Garaulet es administrador único de Garaulet y Asociados, "consultoría de servicios de valor añadido para empresas", socio trabajador de una cooperativa de instalación de telecomunicaciones y administrador único de una mercantil intermediaria de comercio inactiva desde diciembre de 2015.
Por su parte, Patricia Reyes, que pidió compatibilidad para ejercer la abogacía, es administradora de Yatay Ediciones SL y Melisa Rodríguez es diseñadora de joyas para la firma Lepa Punca, sociedad de la que posee la mayor parte de las acciones.
José Manuel Villegas, secretario general de la formación naranja, es administrador único de Mabex Gestión SL, "dedicada a la asesoría jurídica, fiscal y laboral". Según informó infoLibre a finales de 2015, Villegas usó esta sociedad para pagar menos impuestos por los trabajos de asesoría que realizó para Ciudadanos en 2011 y 2012. Cobró 72.100 euros a través de Mabex Gestión SL, según admitió él mismo a este diario. Al no declarar ese ingreso como renta personal pagó unos 15.000 euros menos a Hacienda.
De Unidos Podemos, Sofía Fernández Castañón, declara que es administradora de la productora Señor Paraguas SL. En la actualidad, señala el dictamen, continúa como socia solidaria de la misma pero no tiene actividad como trabajadora.
Iñigo Alli, de UPN, integrado en el Grupo Mixto, declara ser socio fundador "con el 50%" de la sociedad Síndrome Up, una "consultoría en responsabilidad social corporativa e innovación social". Y su compañera de grupo Miriam Nogueras (PdeCAT) es socia de Bonclasif SL, una firma del sector textil especializada en la fabricación y comercialización de hilos.
ARQUITECTOS, ESCRITORES, ACTORES...
"Presentador y director del programa televisivo Fort Apache por cuenta propia. Esta actividad le supone una dedicación a la semana de 2 horas. Se autoriza en los términos del artículo 159.3. c) de la LOREG, sin la posibilidad de percibir remuneración del sector público y sin poder incurrir en las actividades del artículo 159.2, ni menoscabar el régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias establecido en el artículo 157.1, todos ellos de la LOREG". Así recoge el dictamen la autorización a Pablo Iglesias (Unidos Podemos) para ejercer como presentador de televisión.
También de Podemos, Noelia Vera ha solicitado permiso para ejercer de redactora y presentadora del programa La Tuerca. Y Carolina Bescansa para la "elaboración de estudios e investigaciones sociológicas de distinta naturaleza", una "actividad por cuenta propia desarrollada en los últimos años", señala el informe que se someterá al criterio del Pleno.
También se sientan en el hemiciclo tres parlamentarios relacionados con el mundo del cine y el teatro. Es el caso de Rosana Pastor (Unidos Podemos) y Toni Cantó y Félix Álvarez, ambos de Ciudadanos. A ellos se les autoriza esta actividad siempre y cuando no perciban remuneración del sector público.
Hay dos parlamentarios a los que el dictamen autoriza para el ejercicio de la arquitectura. Se trata de Ana María Zurita, del Partido Popular, y Diego Clemente, del partido naranja.
Además, dos parlamentarios declaran tener relación con el sector fotovoltaica. Es el caso de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que señala ser "titular de planta fotovoltaica". Y de Juan López de Uralde, coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos. Según figura en el último dictamen de esta comisión es "propietario de central solar fotovoltaica de 2,5 kw".
La propuesta del PP
En todo este proceso, desde el Grupo Parlamentario Popular se ha abogado por que se apruebe el actual dictamen para cumplir con la ley y, a partir de ahí, trabajar para mejorar las normas de funcionamiento interno de la Cámara con medidas que pueden ir desde un mayor control hasta la imposición de sanciones en los casos en los que de detecten actuaciones no declaradas o prohibidas por la ley.
El retraso en este trámite parlamentario ha dejado en mal lugar al Congreso en lo que a la aplicación de su normas de funcionamiento se refiere. El artículo 19 del reglamento sostiene que "la Comisión del Estatuto de los Diputados elevará al Pleno sus propuestas sobre la situación de incompatibilidades de cada diputado en el plazo de veinte días siguientes, contados a partir de la plena asunción por el mismo de la condición de diputado o de la comunicación, que obligatoriamente habrá de realizar, de cualquier alteración en la declaración formulada a efectos de incompatibilidades".
Una vez "declarada y notificada la incompatibilidad, el diputado incurso en ella tendrá ocho días para optar entre el escaño y el cargo incompatible. Si no ejercitara la opción en el plazo señalado, se entenderá que renuncia a su escaño", añade el citado artículo.
Sin mecanismos de control
Además de facilitar todos los datos cuando asumen la condición de diputados, los parlamentarios tienen la obligación de comunicar a la Comisión del Estatuto de los Diputados cualquier cambio en la información consignada inicialmente tanto en sus declaraciones de bienes como de actividades. Hasta la fecha, la Cámara no ha comprobado nunca la veracidad de los datos facilitados ni ha hecho un seguimiento de los mismos.
Todos los escándalos que han saltado a cuenta de las incompatibilidades o de la falta de exactitud a la hora de proporcionar la información han partido de investigaciones periodísticas, como la que destapó las labores de asesoría para empresas especializadas en obra pública de los ya exdiputados del PP Federico Trillo o Vicente Martínez-Pujalte. O que Agustín Conde, ahora secretario de Estado de Defensa, no había declarado al Congreso ni su empresa energética ni que asesoraba a una inmobiliaria.
Fueron estos escándalos los que llevaron a los socialistas en octubre de 2014, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, a anunciar una iniciativa para que sus señorías tuviesen dedicación exclusiva. La iniciativa no se plasmó, pero sí el compromiso de no permitir más actividades a sus diputados que el escaño.
El dictamen de compatibilidades de los diputados aprobado por el Congreso no evita nuevos casos Trillo o Pujalte
¿Un espacio reservado para los funcionarios?
El debate de las actividades privadas de sus señorías es siempre polémico y no suele poner de acuerdo a los diferentes actores implicados independientemente de su orientación ideológica. Los enfrentamientos a veces surgen incluso dentro de los propios partidos. Sectores del Partido Popular, por ejemplo, llevan tiempo exhibiendo su malestar por el hecho de que iniciativas como la de la exclusividad están conduciendo a que la política acabe siendo un espacio reservado para los funcionarios. Quienes así opinan defienden que sólo ellos pueden permitirse dar el salto de su puesto al escaño teniendo garantizado el reenganche tras dejar el cargo público.
Los datos en poder de este diario desvelan que al menos 92 de sus señorías son funcionarios. Por grupos parlamentarios, es el PP el que más funcionarios congrega: 37. Le sigue, a poca distancia, con 35, el Partido Socialista. En el Grupo de Unidos Podemos se contabilizan 9 funcionarios, 6 en Ciudadanos, 2 en el PNV, 2 en el Grupo Mixto y 1 en ERC. En porcentaje, representan el 26,2% de la Cámara.
El Pleno del Congreso de este jueves tiene como último punto del orden del día la votación del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los parlamentarios, una tarea que la Cámara baja tiene pendiente desde que echó a andar la XII Legislatura el 19 de julio de 2016. El motivo del retraso de la autorización de las actividades extraparlamentarias de sus señorías tiene que ver con la falta de acuerdo de los grupos parlamentarios. El PSOE, el principal partido de la oposición, apuesta por la dedicación exclusiva. En los últimos meses, desde la Presidencia del Congreso se han ido dilatando los plazos para que este informe reciba luz verde. Y, ahora, tras comprobar que pasado el congreso de los socialistas tampoco hay variaciones, el Pleno emitirá su veredicto.