El dictamen de compatibilidades de los diputados aprobado por el Congreso no evita nuevos casos Trillo o Pujalte

Con casi un año de retraso, la Comisión del Estatuto de los Diputados trasladó este jueves al Pleno del Congreso su dictamen [aquí en PDF] con las actividades privadas de los parlamentarios. Aquellas con las que compatibilizan el escaño. El informe recibió luz verde como en todas las ocasiones anteriores. Pero la gran novedad estuvo en que no ocurrió por unanimidad. El principal partido de la oposición, el PSOE, votó en contra.el PSOE, votó en contra.

Los socialistas, que abogan por la dedicación exclusiva, pretendían que una treintena de parlamentarios del PP, Unidos Podemos y Ciudadanos explicaran con detalle ante la Comisión del Estatuto de los Diputados las actividades para las que solicitaban compatibilidad. El grueso de estas estaban relacionadas con el ejercicio de la abogacía o la consultoría. Se pretendía evitar casos como los que, en su día, afectaron a ya exparlamentarios como Federico Trillo, Vicente Martínez-Pujalte, Gustavo de Arístegui o Pedro Gómez de la Serna, episodios que destaparon lucrativas actividades privadas al margen del escaño y con el mínimo control previo.

¿Es este dictamen una garantía de que no volverán a repetirse casos en los que los diputados bordean el régimen de incompatibilidades para aprovecharse de su cargo público en sus negocios privados? La respuesta es no.

Es innegable que el contexto político y social de tolerancia hacia la corrupción ha cambiado en los últimos años. Pero este cambio, forzado en parte por la llegada de nuevos partidos al hemiciclo, no ha llevado todavía a una reforma del reglamento del Congreso de los Diputados que dote a la Cámara, o a alguna de sus comisiones, de la capacidad de controlar que sus señorías no se saltan la ley en lo que a las incompatibilidades se refiere. Estos controles, coinciden todos los partidos, tendrían que ser periódicos. No basta, subrayan, con una revisión cuanto se hace la declaración de actividades. Requiere, además, de revisiones periódicas.

Régimen de sanciones

Otro asunto pendiente es el del establecimiento de un régimen de sanciones para aquellos que incumplan el reglamento o mientan en los documentos que entregan a la Comisión del Estatuto de los Diputados. Hasta la fecha, cuando los escándalos han estallado ha sido gracias a investigaciones periodísticas, no al control de la Cámara. Y, en ocasiones ha bastado con una rectificación por parte de los afectados para dar por zanjado el tema a efectos parlamentarios.

Al menos en los discursos públicos, todos los partidos del hemiciclo están convencidos de que hace falta más transparencia en esta materia y mayor número de controles. Lo que evidenció la votación de este jueves es que no todos están de acuerdo en el cómo y en el cuándo. Así, mientras el PSOE consideraba clave que una treintena de diputados fuesen más claros sobre las actividades para las que solicitaban compatibilidad, el resto vieron con buenos ojos que se aprobase el dictamen y, a partir de ahí, implementar todas las mejoras necesarias.

Desde Unidos Podemos fueron muy insistentes en que Izquierda Unida, formación integrante de este grupo parlamentario, ya intentó en otras legislaturas que se implantase la dedicación exclusiva con la oposición de la Cámara, el PSOE incluido.

Iniciativas que no prosperan

Ante las críticas del resto de partidos de abogar ahora por cambios y no haber hecho nada en los últimos años, ni cuando el PSOE tuvo mayoría absoluta, el portavoz socialista, Luis Carlos Sahuquillo, recordó que cuando estallaron los escándalos que afectaron a Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte, llevaron una iniciativa a Pleno que no prosperó. Una información del diario El Paísdestapó las labores de asesoría para empresas especializadas en obra pública de los ya exdiputados del PP Federico Trillo o Vicente Martínez-Pujalte.

El citado diario se topó con los nombres de estos dos políticos en una investigación sobre las empresas beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León. El exministro de Defensa había cobrado, entre 2006 y 2008, 354.560 euros; Martínez-Pujalte, por su parte, se había embolsado 75.000 euros entre otoño de 2008 y 2009. El canal de percepción de este dinero había sido los despachos de asesoría con los que ambos complementaban sus actividades parlamentarias, unas actividades autorizadas por la Cámara.

Estos escándalos llevaron a los socialistas en octubre de 2014, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, a anunciar una iniciativa para que sus señorías tuviesen dedicación exclusiva. La iniciativa no prosperó, pero sí el compromiso de no permitir más actividades a sus diputados que el escaño. 

Un año después, estallaba otro escándalo con similares ingredientes y nuevos protagonistas. El Mundo informaba de que un embajador, y exdiputado, Gustavo de Arístegui, y un diputado del PP, Pedro Gómez de la Serna, cobraban "comisiones millonarias en el extranjero". Su tarea, autorizada por el Congreso según aseguraron los protagonistas, era hacer labor de lobby para empresas españolas en Latinoamérica y África.

Sin desvelar los clientes

A día de hoy, el Parlamento no se ha dotado de ninguna vacuna contra casos similares. En el dictamen de esta XII Legislatura, se autoriza a un total de 16 parlamentarios (12 del PP, dos de Unidos Podemos, uno del PSOE y uno de Cs) al ejercicio de la abogacía. En el PSOE hacen una precisión. Su parlamentario autorizado para estas funciones, Pedro José Muñoz, es un caso particular: tiene permiso para ejercer como letrado "en procedimientos judiciales y asesoramiento jurídico a miembros o cargos" de su partido, "sin retribución, minuta, ni contraprestación económica ni de cualquier otro tipo, por esas actuaciones".

El dictamen no recoge en el resto de los 15 parlamentarios autorizados quiénes serán los clientes. quiénes serán los clientes. Como tampoco ocurre en el caso de los dos diputados, ambos del PP, que han obtenido licencia para realizar tareas de asesoría: Teófilo de Luis y Javier Ruano. Ni en el de los cinco diputados del PP, seis de Ciudadanos, uno de Podemos, uno del PDeCAT y uno de UPN que declaran ejercer actividades empresariales.

¿Qué dice la ley?

La LOREG refleja que la actividad parlamentaria "será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma". Pero hay una serie de excepciones que la Comisión del Estatuto de los Diputados se encarga de analizar.

El ejercicio de la abogacía ha sido tradicionalmente una de las tareas para la que más compatibilidades han demandado sus señorías. El dictamen de la citada comisión que tiene pendiente llegar a pleno recoge sobre este tipo de actividades –iguales requisitos cita para economistas, médicos, farmacéuticos y veterinarios– que esta actividad es susceptible de autorización "con las limitaciones" de "no poder percibir honorarios o cualquier otra forma de remuneración del sector público estatal, autonómico o local y no poder invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el ejercicio de la actividad" y sin que "pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias". Igual coletilla se añade en los expedientes de quienes piden permiso para hacer labores de asesoría.

¿Y los funcionarios?

Pese a que todos los grupos parecen compartir la necesidad de introducir mayores controles, el cambio reglamentario y legal se antoja muy complicado. Porque los partidos parten de posiciones muy dispares e incluso dentro de los partidos hay sensibilidades diferentes.

Sectores del PP, por ejemplo, llevan tiempo exhibiendo su malestar por el hecho de que iniciativas como la de la exclusividad están conduciendo a que la política acabe siendo un espacio reservado para los funcionarios. Quienes así opinan defienden que sólo ellos pueden permitirse dar el salto de su puesto al escaño teniendo garantizado el reenganche tras dejar el cargo público. "Y encima, cobrando trienios", añade un diputado en conversación con infoLibre.

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Al menos 92 parlamentarios de esta legislatura son funcionarios. Por grupos parlamentarios, es el PP el que más funcionarios congrega: 37. Le sigue, a poca distancia, con 35, el Partido Socialista. En el Grupo de Unidos Podemos se contabilizan 9 funcionarios, 6 en Ciudadanos, 2 en el PNV, 2 en el Grupo Mixto y 1 en ERC. En porcentaje, representan el 26,2% de la Cámara.

"Nada objetan ustedes a los funcionarios de la percepción compatible de trienios, nada a los docentes o a la creación literaria o a los abogados que trabajen para el partido –nada que objetar a ninguna actividad declarada por el Grupo Socialista–, pero debo decirles que eso no suena a criterio, no es una norma; es más bien un filtro, un filtro que favorece específicamente a los diputados del Grupo Socialista", se quejó este jueves en el Pleno el diputado del PP y presidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados, Leopoldo Barreda.

"Su posición afecta a quiénes y cómo pueden acceder a la política; su posición amenaza con convertir el Legislativo en un coto cerrado, en un área reservada a algunos grupos sociales, en un Parlamento alejado de la sociedad. Parece que el PSOE quiere un Parlamento solo para ricos, funcionarios y oportunistas de la política; solo para quienes tengan asegurado el bienestar, tengan reserva de plaza en la Administración o puedan probar en política como se probarían una camisa o unos zapatos, y por supuesto con la misma responsabilidad", añadió.