Podemos acusa a Blackstone de "saltarse la ley" con subidas "fraudulentas" de alquiler

Podemos ha señalado al fondo buitre Blackstone por encubrir subidas de precios en los contratos del alquiler por encima de los límites establecidos en el decreto ley aprobado en marzo, utilizando "una lógica fraudulenta para tratar de saltarse la ley", y ha reivindicado la necesidad de aplicar un control de los precios en el mercado del alquiler, según recoge Europa Press.

La formación morada considera que la maniobra del fondo de ofrecer un descuento en el primer año para luego quitar esta rebaja y después hacer pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y los gastos de comunidad es "una lógica fraudulenta para tratar de saltarse la ley".

Y es que el decreto ley de alquileres aprobado en marzo por el Gobierno de Pedro Sánchez y pactado con Unidas Podemos para elevar a cinco años la duración mínima de los contratos limitaba las subidas interanuales dentro de un contrato a los incrementos del IPC. Sin embargo, el fondo estadounidense llega a aplicar con esta política, a través de sus socimis (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario) Testa Residencial y Fidere (con 17.500 viviendas en España), subidas de hasta el 30%, tal y como ha publicado Cinco Días.

No es un pacto con el inquilino, sino una adhesión

"Está cambiando por completo el sentido de la ley a través de un supuesto pacto aceptado por las partes, que no deja de ser una ficción desde el momento en que es un contrato de adhesión", critica en declaraciones a Europa Press el diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral.

A su juicio, Blackstone "no puede plantear qué han pactado las partes cuando solo hay una de las partes que se encuentra beneficiada por esa cláusula". "Es absolutamente abusiva, porque está encubriendo una subida de precios", incide. "Son empresas que no pagan impuestos y piensan que, al igual que no pagan impuestos, no tienen por qué cumplir la legislación. Buscan la fórmula para saltársela, lo que comúnmente viene a llamarse fraude de ley", asegura Mayoral, que cree que este tipo de cláusulas deberían ser declaradas nulas.

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"Esto demuestra que nos estamos enfrentando con unos operadores que no tienen voluntad para cumplir la ley y eso va a requerir de unas administraciones que tengan mano dura", apostilla, argumentando que en caso de existir límites a los encarecimientos "no podrían encubrirlos con estos descuentos".

Además de una "legislación protectora" en favor del inquilino, Unidas Podemos reclama también "regímenes sancionadores para estas circunstancias", con un "papel activo" de las administraciones, y reconoce sus dudas respecto a las posibilidades del índice de precios que comprometía el hoy Gobierno en funciones en su decreto aprobado en marzo.

"Depende de cómo lo regules. Si existe un buen índice con una legislación protectora de ese índice, pues esos señores no podrían hacer lo que están haciendo", explica Mayoral, rechazando que las políticas que se deriven de ese índice sean "voluntarias o meramente orientativas".