La representación legal de Podemos considera que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se ha excedido en la investigación del conocido como caso Neurona, al analizar por completo un chat entre una trabajadora del partido y otro de la consultora mexicana sobre la estrategia de campaña electoral de abril de 2019 y no limitarse a examinar los vídeos que se intercambiaron y que supondrían los trabajos de campaña que habría realizado la empresa, encargos que están bajo la lupa del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid desde hace más de un año.
Por eso, el abogado de Podemos solicita en un escrito presentado ante el titular del juzgado, Juan José Escalonilla, una aclaración sobre el encargo hecho a la unidad investigadora de esta causa, ya que recuerdan que el propio magistrado explicó en un oficio en el que citaba a la trabajadora del partido que debía llevar su teléfono móvil para que "los agentes de Policía" pudieran "descargar los vídeos que le fueron remitidos" por el empleado de Neurona "que remitió a Facebook".
"Como puede comprobarse, en ninguno de los términos de dicho oficio se hace alusión a la descarga completa y examen de dicho chat de trabajo ni las conversaciones del mismo, sino únicamente a los vídeos", explica la defensa del partido morado, que apunta que además, una vez practicada la diligencia de descarga, "se acordó literalmente" que la UDEF realizara "el correspondiente informe sobre el análisis de la información extraída". Así, remarca que "entre los términos de la parte dispositiva" de la orden del juez "no estaba el contenido de las conversaciones de dicho chat confidencial de trabajo, sino únicamente el de los vídeos y de las fechas de remisión".
El juez encarga un informe para determinar cuánto costaron los trabajos de Neurona a Podemos
"La fuerza actuante, desconocemos a través de qué cauce procesal, ha decidido dejar sin efecto algo lo acordado judicialmente y ha procedido a descargar y analizar no sólo los vídeos, sino el total del chat y de las conversaciones, cuyo contenido ya está siendo objeto de difusión pública por parte de los medios, algo previsible teniendo en cuenta la acreditada connivencia de las acusaciones con determinados medios digitales para revelar el contenido del sumario reiteradamente y sin atadero", denuncia Podemos, que añade que "no es la primera vez" que la UDEF "desborda los términos del encargo" del instructor.
Según el escrito, "no cabe acceder indiscriminadamente ni al secreto de las comunicaciones, ni a los contenidos protegidos por el secreto de la actividad de un partido político, ni de la intimidad, siempre que no medie consentimiento expreso de mi representada", y recuerda que así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional: "Sólo el consentimiento eficaz permitirá la inmisión en el derecho a la intimidad, pues corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno". "Salvo error, no hay precedentes judiciales de que se haya hecho una intervención y revisión policial y judicial del contenido de las conversaciones de trabajo, de naturaleza estrictamente electoral, mantenidas entre colaboradores y trabajadores de un partido político en el curso de una campaña, afectando a datos especialmente protegidos; con la singularidad además de que se hace en una causa en la que está personado como acusación otro partido político rival", afirma, en referencia a Vox.
Por todo ello, Podemos solicita a Escalonilla que aclare "cuál ha sido el cauce procesal a través del cual la UDEF ha ampliado el objeto de la diligencia al volcado y análisis del contenido de las conversaciones, así como si este modo de ejecución de la misma ha sido expresamente ordenado por el magistrado y cuál sería la resolución, o si por el contrario, se ha ejecutado en dichos términos sin su conocimiento".
La representación legal de Podemos considera que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se ha excedido en la investigación del conocido como caso Neurona, al analizar por completo un chat entre una trabajadora del partido y otro de la consultora mexicana sobre la estrategia de campaña electoral de abril de 2019 y no limitarse a examinar los vídeos que se intercambiaron y que supondrían los trabajos de campaña que habría realizado la empresa, encargos que están bajo la lupa del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid desde hace más de un año.