Una acusación pedirá que Cospedal declare por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

La asociación Observatorio de los Derechos Sociales (DESC), que actúa como una de las acusaciones populares del caso Bárcenas, ha anunciado su intención de que la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, declare en un juzgado de Madrid por la destrucción de los discos duros del extesorero del PP Luis Bárcenas, según ha anunciado el abogado en el caso Gonzalo Boye. Por su parte, el representante legal de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, ya había incluido entre las diligencias solicitadas al juez Pablo Ruz, que no ha descartado relevancia penal en la desaparición de las pruebas, la ampliación del testimonio prestado por Cospedal.

De esta forma, Gonzalo Boye reacciona tras la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional de aceptar la petición de su asociación de que sea un Juzgado de Instrucción de Madrid el que investigue la eliminación de los discos duros que utilizaba Bárcenas en su trabajo. "Lo primero que vamos a hacer es pedir que declare María Dolores de Cospedal, pues los discos duros de los dos ordenadores de Bárcenas se destruyeron pese a que ella dijo que estaban custodiados", especifica Boye, que sostiene que el juez de instrucción madrileño que reciba el caso de la Audiencia Nacional aceptará "con toda seguridad la investigación. No conozco ningún caso de un juez que no acepte algo después de que otro haya visto indicios de delito", ha asegurado este abogado.

La Fiscalía apoya a Ruz

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, que ha apoyado la decisión de Ruz de inhibirse, ha solicitado que entre los documentos que se vayan a enviar al juzgado madrileño se incluya los del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. Este órgano judicial había denegado a Bárcenas la devolución de los ordenadores que había utilizado en el partido, "al no haber acreditado la propiedad de los mismos".

No obstante, el propio Ruz en el auto de este jueves 19 de septiembre en el que aprecia indicios de delito en la destrucción de los discos duros de Bárcenas, adelanta que tendrá que ser el juzgado madrileño el que finalmente determine la "pertinencia, utilidad y necesidad" de las diligencias solicitadas por el Observatorio de Derechos Sociales y por el resto de acusaciones: el PSOE, Manos Limpias y el propio Bárcenas.

Además de la declaración de Cospedal el magistrado madrileño que reciba el caso de la Audiencia Nacional deberá decidir si cita a declarar como testigos, tal y como solicitó el abogado Gonzalo Boye, a las personas del Partido Popular que han tenido bajo su custodia los ordenadores. Y también a los técnicos que llevaron a cabo el borrado de los discos duros.

Declaraciones de empleados del PP

Asimismo, el juez tendrá que dar respuesta a las alegaciones presentadas por el abogado Javier Gómez de Liaño en nombre de Luis Bárcenas, que incluyen la declaración del abogado Alberto Durán Ruiz de Huidobro, que tendrá que aclarar el motivo por el que se destruyeron los discos duros. Y el juez también decidirá si cita a declarar a Javier Barrero, que según la defensa era la persona responsable de los servicios informáticos del PP durante la etapa de gerente y de tesorero de Bárcenas. Este empleado del PP fue quien ayudó al preso al volcado de datos contenidos en el ordenador Toshiba a otro de la marca Apple. También Gómez de Liaño ha pedido el testimonio del actual responsable de informática del PP.

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Por su parte, la acusación popular del PSOE había solicitado que el PP especificara si los ordenadores de Bárcenas estaban incluidos una intranet: "Y en tal caso que aporten copia del mismo en relación a los documentos o correos generados por Luis Bárcenas". También esta formación política requiere a los populares las posibles copias de seguridad de los ordenadores del extesorero.

Imputación del marido de Cospedal

El anuncio de que una de las acusaciones solicitará la intervención de Cospedal se produce el mismo día en el que Izquierda Unida y el resto de asociaciones que presentaron la querella inicial contra Bárcenas han ampliado la denuncia a 18 personas más, entre ellas los exministros Francisco Álvarez-Cascos y Ángel Acebes, pero también al empresario Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP y presidenta castellanomanchega.