El acusado de liderar una célula yihadista es la víctima del caso por torturas en Guantánamo que instruye Ruz

El supuesto cabecilla de la célula yihadista desarticulada esta madrugada en Madrid es Lahcen Ikasrrien, de origen marroquí y ex preso de la cárcel estadounidense de Guantánamo, según han informado a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista. Se da la circunstancia de que él una de las víctimas de la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre las torturas cometidas por el Gobierno de Estados Unidos en Guantánamo entre 2002 y 2005.

Ruz mantuvo abierta la causa el pasado mes de abril a pesar de la limitación de la jurisdicción universal aprobada por el Congreso con el único apoyo del PP y volvió a preguntar a Estados Unidos, tal y como hizo en 2009, si ha investigado estos hechos. Ikasrrien ha sido ahora detenido de nuevo tras años residiendo en España. Fue trasladado a Guantánamo después de ser arrestado en Afganistán en 2001 tras la intervención militar de EE.UU en ese país contra el gobierno talibán como respuesta a los ataques del 11-S.

Ikasrrien encabezaba al grupo de ocho detenidos en Madrid en una operación desarrollada por la Comisaria General de Información de la Policía Nacional. Los detenidos son españoles, marroquíes y también hay un argentino. Todos ellos residían legalmente en España y las fuentes consultadas llaman la atención acerca del nivel de especialización del grupo y su grado de experiencia, especialmente la del propio Ikasrrien.

La Policía sostiene que reclutaban y enviaban terroristas a Irak y a Siria para combatir a las órdenes del grupo terrorista ISIS (Estado Islámico para Irak y Levante) que disputa la hegemonía del yihadismo terrorista a Al Qaeda. Cuenta con una fuerte presencia en el conflicto sirio y ahora ha puesto en jaque al Gobierno de Nuri Al Maliki en Irak conquistando ciudades clave del país.

Ruz investiga varios delitos de torturas y delitos contra la integridad moral en concurso con uno o varios delitos de crímenes de guerra y en su auto del pasado abril anunciaba que preguntará al Tribunal Supremo si considera que Estados Unidos ha perseguido estos hechos de forma eficaz.

Se trata de las torturas que habrían sufrido en la prisión estadounidense Hamed Abderraman Ahmed, nacido en Ceuta y conocido con los alias de Hamido y el "talibán español"; el marroquí Lahcen Ikassrien, con residencia y arraigo en España; el palestino Jamil Adullatif El Banna y el libio Omar Deghayes.

En su resolución Ruz destacaba que los Convenios de Ginebra y la Convención contra la Tortura obligan a los estados firmantes a perseguir este tipo de delitos y que la recién reformada Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece en su artículo 23.5 que los delitos de jurisdicción universal no se perseguirán en España si se acredita que están siendo investigados en un tribunal internacional o en el estado del lugar en el que se cometieron los hechos.

Por ello, para emitir "un juicio ponderado y racional" sobre la "posible concurrencia del principio de subsidiariedad" entre la Justicia española y la estadounidense, el juez volvía a dirigirse a las autoridades norteamericanas para que informen sobre "la evolución y estado actual de las investigaciones" que se están llevando a cabo sobre esta materia.

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La investigación fue abierta en enero de 2010 por el juez Baltasar Garzón contra "las personas que tuvieran bajo su guardia y custodia a los detenidos y las que autorizaron o practicaron los actos" descritos en la querella, todos ellos "miembros del Ejército de Estados Unidos y la inteligencia militar", así como los que "ejecutaron y/o diseñaron un plan sistemático de torturas o malos tratos inhumanos o degradantes".

La querella, presentada por la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Izquierda Unida (IU) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), se dirigía contra seis miembros de la Administración del ex presidente estadounidense George W. Bush que pusieron las bases legales para la creación de Guantánamo.

La investigación fue avalada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el 25 de febrero de 2011, que destacó "el vínculo de conexión relevante con España" de Ikasrrien y Hamido.