La mayor metaformosis de los ayuntamientos en democracia –o su "destrucción", en palabras de la oposición– ya está en marcha. El Congreso aprobó ayer jueves, definitivamente, la reforma local un año y medio después de que el Gobierno estudiara el primer borrador pero apenas tres meses después de que el proyecto de ley llegara a la Cámara baja. El texto, considerado por la Moncloa como un cambio estructural y medular, ha tropezado con el rechazo frontal de la práctica totalidad de los grupos –todos, salvo PP, PNV y Unión del Pueblo Navarro–, de buena parte de los alcaldes de los 8.116 municipios del país y los recelos incluso del propio partido del Ejecutivo, que frente a los conatos de rebelión de sus regidores se ha visto obligado a suavizar en parte la redacción original. Aparte de por el contundente tirón de orejas del Consejo de Estado.
El Gobierno ha defendido contra viento y marea su Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con el argumento de que en la práctica el ciudadano no va a sentir la reforma en su vida diaria, y en cambio sí se hará verdad la máxima de "una Administración, una competencia" –para eliminar duplicidades– y se conseguirá un ahorro importante para las arcas públicas. En principio, vendió un ajuste de 8.000 millones de euros para el periodo 2014-2015, una cifra que luego rebajó sustancialmente: ese impacto de 8.000 millones se lograría entre 2013 y 2019. Pero tal ahorro hay que someterlo más todavía en cuarentena, porque parte de la reforma no entrará en vigor hasta después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. Además, las entidades locales no son las grandes responsables de la deuda y del déficit.
Pero, ¿los ciudadanos van a palpar los efectos de la nueva ley? ¿Cómo? La oposición pronostica que se deteriorarán los servicios que hasta ahora prestarán los ayuntamientos y que estos serán más "caros" debido a que se alienta la "privatización", que se "empequeñecerán" los municipios por la pérdida de competencias y la desfiguración programada por el Ejecutivo, que los servicios sociales –tales como teleasistencia, ayuda a la mujer, dependencia, escuelas infantiles...– quedarán condenados en muchos casos a la desaparición. Que lo que pretende Mariano Rajoy, en suma, es el "desmantelamiento" de uno de los pilares básicos de la democracia, las corporaciones locales. CiU se queja de que el texto "no es bueno para Cataluña ni para el resto del Estado" y UPyD, de que mantiene los "chiringuitos" de poder, sin resolver los "muchos" problemas de los consistorios.
5.118 millones de euros en servicios sociales
"A pesar de lo que ustedes digan, es una ley que garantiza los servicios públicos esenciales. Por fin un Gobierno ha sido capaz de aclarar las competencias municipales", defendió ayer en la tribuna el portavoz conservador, Rafael Merino. El PP niega que se abra la puerta a la externalización. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde de Santander, el popular Iñigo de la Serna, no quiso ayer detallar el impacto de una reforma que le toca de lleno, pero sí deslizó que no tendrá "incidencia directa en el ciudadano".
Pero números los hay. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (ADYGSS), una de las que más han elevado la voz de alarma contra la ley salida del despacho del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, advierte de que están en juego 5.118 millones de euros. Esa es la cantidad gastada en 2012 –presupuesto liquidado– en servicios sociales. De ellos, 1.267 millones son fondos de las comunidades destinados a apoyar esos servicios. El resto, 3.851 millones, emanan directamente de las arcas municipales. Ese coste, esos más de 3.500 millones, son los que a partir de 2016 deberían asumir las CCAA, una cuestión que arroja no pocas dudas dada su precaria situación financiera. Pero la asociación, como recuerda su presidente, José Manuel Ramírez, también pone en jaque la prestación que reciben 9 millones de beneficiarios y hace peligrar unos 70.000 empleos.
La gigantesca reforma del PP nace ya amenazada. El PSOE volvió a recordar que la impugnará en las próximas semanas ante el Tribunal Constitucional, utilizando las firmas de sus parlamentarios, los Gobiernos de las comunidades en los que está presente o liderando un frente de al menos 1.160 ayuntamientos.
01. LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS, LOS MÁS CASTIGADOS
En España, el 95% de los 8.116 municipios tienen menos de 20.000 habitantes (son 7.717, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, INE). Pues bien, a esos pequeños ayuntamientos se dirige uno de los cambios medulares de la ley: será la Diputación provincial –y en las autonomías uniprovinciales, la propia comunidad– la que "coordinará" la prestación de servicios como recogida de basuras, limpieza viaria, pavimentación de calles, alumbrado, acceso a los núcleos de población, suministro de agua potable o alcantarillado.
Las diputaciones –instituciones no elegidas de forma directa por los ciudadanos, a diferencia de los ayuntamientos– son las grandes reforzadas, porque ellas podrán prestar directamente esos servicios o hacerlo a través de una gestión compartida "a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas". La oposición se teme que lo que busca el Gobierno es la "privatización" de estos servicios, pues las diputaciones, como recuerdan el socialista Abel Caballero, vicepresidente primero de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y regidor de Vigo, y Manuel Fuentes, secretario de Política Municipal de Izquierda Unida, "no tienen estructura suficiente" para soportar la cobertura de esos servicios. "Se le da poder a las instituciones más opacas, las diputaciones, para favorecer un negocio seguro, muy jugoso para empresas como las constructoras, muy interesadas en estos servicios. Las diputaciones serán así gestoras de servicios privatizados", resume tajante Ascensión de las Heras, diputada de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Si estos servicios estuvieran financiados por tasas –la tasa de la basura, por ejemplo–, serán los órganos provinciales quienes recibirán el dinero, con lo que así las corporaciones perderán una fuente de ingresos.
La siguiente derivada es que esos servicios en manos privadas "serán mucho más caros" que los prestados por el sector público, y de "menos calidad", como advirtió ayer en el Congreso Gaspar Zarrías, secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE. Manuel Fuentes recuerda el ejemplo de las grandes privatizaciones de los años noventa, de la energía y de la telefonía, que "no redundó en un beneficio del consumidor, sino todo lo contrario". "Se ajustan tasas y precios públicos para asegurar el lucro de las empresas y las subidas tributarias a las familias", señalan los socialistas en un argumentario interno.
Tercera derivada: los ciudadanos "pierden a su interlocutor más próximo", según incide el alcalde de Vigo. Hasta ahora, si un contribuyente tiene quejas con el funcionamiento de un servicio, puede reclamar en su ayuntamiento. Con la reforma, deberá hacerlo ante las diputaciones, lo que augura una "avalancha de demandas" difíciles de gestionar.
02. RECORTE DE COMPETENCIAS
El artículo 25 de la nueva ley establece las competencias de los municipios. Un catálogo más restringido que el que recogía la norma anterior, de 1985. Para empezar, porque limita las atribuciones en materias como urbanismo –por ejemplo, sólo podrá promover la vivienda de protección oficial "con criterios de sostenibilidad financiera"– o medio ambiente –parques o jardines, pero no conservación del patrimonio natural– y para seguir porque mutila la autonomía de los ayuntamientos para desarrollar las llamadas competencias impropias. Estas, que venían reflejadas en el artículo 28 del anterior texto, permitía a las corporaciones locales realizar actividades relativas a "la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente". Ahora, pierden estas competencias impropias. "Sólo podrán ejercer competencias distintas de las propias o de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública", señala la exposición de motivos.
El Gobierno, no obstante, preveía un recorte aún mayor de los poderes municipales. Montoro había llevado al borrador el concepto de coste estándar, muy criticado por el Consejo de Estado. Ello suponía fijar el valor de un servicio, sin tener en cuenta otras variables. Si un consistorio se pasaba de ese coste, perdería la competencia a favor de la diputación. El ministro, para calmar la polémica dentro del PP, cambió este concepto por el de coste efectivo, que es el que figura en la ley. Con él, se establecen horquillas de coste de los servicios atendiendo a criterios de población (dispersión, insularidad...) y evitará, en principio, que los ayuntamientos vean reducido aún más su margen de maniobra. Los consistorios estarán obligados a publicar el coste efectivo de los servicios que prestan antes del 1 de noviembre de cada año.
No obstante, las corporaciones que incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria, o de deuda pública, deberán elaborar un plan económico-financiero en el que deben incluir varias medidas como mínimo: supresión de las competencias que no sean las propias o las ejercidas por delegación, subida de impuestos, adelgazamiento de estructuras o y propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia. Sí se mantiene la personalidad jurídica de las entidades locales menores (pedanías, parroquias...), pero estas y las mancomunidades sólo podrán sobrevivir si cumplen con la obligación de rendir cuentas a tiempo. "La fusión que propicia la ley puede dar lugar a situaciones disparatadas como la unión de Barcelona con L'Hospitalet, por ejemplo", ilustra Caballero.
"Los municipios dejan de ser una Administración territorial con un elenco competencial propio y característico y pasan a ser entidades subordinadas que deben ejecutar materialmente las competencias que les deleguen las comunidades autónomas. Ese texto es un ataque a la Carta Europea de Autonomía Local", dijo ayer Zarrías en el pleno del Congreso.
03. LOS SERVICIOS SOCIALES, EN PELIGRO
Este es uno de los puntos más conflictivos de la ley del PP. La norma arrebata a los ayuntamientos de las competencias limitadas que tenían en educación, sanidad y servicios sociales, que pasarán ahora a manos de las comunidades. Pero ese trasvase no se hará de forma inmediata. Las CCAA asumirán la titularidad de los servicios sociales con fecha 31 de diciembre de 2015, en los términos previstos en la Ley de Financiación Autonómica y de Haciendas Locales. También se supedita al nuevo marco de financiación el traspaso de salud (con un margen máximo de cinco años) y educación. Los consistorios podrían seguir ejerciendo estas competencias si así lo pactan con las CCAA y mediante un convenio que incluya el pago que corresponda.
"Si esta ley va a producir tanto ahorro y a generar tanta eficiencia como dice, ¿por qué lo retrasa hasta que pasen las elecciones municipales de 2015? –interrogó Zarrías al ministro–. Esto es toda una tradición en su partido. Esto es de nuevo el programa en B".
El problema de la transferencia a las CCAA, según advierten PSOE e Izquierda Plural, radica en que estas no tendrán recursos extra, menos en un tiempo de estrecheces económicas, cuando el Gobierno impone a autonomías y ayuntamientos, en 2014 y 2015, un recorte de 17.471 millones, según comunicó a Bruselas.
En 2012, las corporaciones locales dedicaron a servicios sociales (teleasistencia, apoyo a la familia, prevención en inserción social, residencias de mayores, atención a discapacitados...) 5.118 millones de euros (3.851 millones directamente de sus arcas), otros 2.411 millones a educación y 802 a sanidad, según los datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (ADYGSS), basados en estadísticas oficiales. Los servicios sociales municipales llegan a siete millones de españoles y a nueve millones de beneficiarios –la diferencia se explica porque hay ciudadanos que utilizan más de una prestación–. "Nadie se cree que vayan a pasar a las comunidades. Ya lo dice a las claras el Plan Presupuestario 2014 que el Gobierno envió a Bruselas el pasado octubre. Ahí se habla de supresión de competencias impropias. Eso confirma la destrucción de los srvicios sociales en España. Esto significa –dice José Manuel Ramírez, presidente de ADYGSS– que se rompe la última red que tienen las clases medias, más empobrecidas y marginales. Se quedan sin la última red de protección que tenían. El impacto sobre el ciudadano es brutal. Esta reforma claro que atenta profundamente contra los servicios sociales". La reforma se podría llevar por delante unos 70.000 empleos.
"Va a costar muy cara en términos de cohesión social"
El presidente de ADYGSS también advierte de que, "lejos de generar ahorro, incrementaría el gasto" el traspaso a las CCAA, tanto por el aumento de la burocracia como por la lejanía", porque "está demostrado que los servicios de proximidad se gestionan de forma mucho más eficaz y a menores costes desde las Administraciones locales". Hay que añadir otra razón: en muchas ocasiones, los consistorios tienen firmados contratos plurianuales con empresas que les prestan los servicios, de modo que romperlos para pasar el poder a las CCAA cuesta dinero.
La reforma afecta a todos los municipios, pero lógicamente los más afectados son los más pequeños, con los que la ley es "inmisericorde". "Los núcleos rurales habían avanzado en estos 30 años como nunca, y si la población se había quedado en ellos era porque habían logrado tejer una red fuerte de servicios sociales. Ahora eso va a desaparecer. Esta reforma va a costar muy cara en términos de cohesión social. Es una catástrofe", esgrime Ramírez.
La oposición tampoco ahorra calificativos. "Traerá sin duda un mayor sufrimiento para los de siempre, los más vulnerables", sentencia De las Heras, de Izquierda Plural. De las Heras, como Fuentes, critican el "concepto economicista" que recorre la norma de arriba abajo, al "preocuparse más" por la estabilidad presupuestaria que por los ciudadanos.
El texto contiene otras medidas, como la limitación del número de asesores municipales o la vuelta a la dependencia estatal de los interventores municipales –colgarán orgánicamente del Ministerio de Hacienda– y los topes de retribución de los alcaldes y concejales, que se ha subido a lo largo de la tramitación parlamentaria. También se garantiza el respeto al régimen foral vasco (razón por la que el PNV votó a favor) y las peculiaridades insulares de Canarias y Baleares. PSOE e Izquierda Plural insisten en que la ley "quita democracia" a los municipios, al trasvasar competencias a las diputaciones y al dar más poder a la Junta de Gobierno local frente al pleno en la prórroga de presupuestos, por ejemplo.
LA SIGUIENTE BATALLA, EN EL TC
Ver másLa oposición escenifica frente al Congreso su rechazo a la reforma local
Sobre la reforma ya pesan las amenazas de recurso ante el Tribunal Constitucional. Zarrías subrayó que los socialistas intentarán pararla por las tres vías legales permitidas. Uno, presentando una impugnación suscrita por 50 diputados o 50 senadores por el "ataque a la garantía constitucional de la autonomía local", para lo que el partido de Alfredo Pérez Rubalcaba ha invitado al resto de la oposición, con la que ha convergido en su lucha contra el proyecto del Gobierno. Dos, que las comunidades autónomas presenten recurso. En principio, se prevé que lo hagan Andalucía, Asturias –ambas con presidente del PSOE–, Canarias (que vicepreside el PSOE) y Cataluña. Galicia y Castilla y León, ambas regidas por el PP, se han mostrado beligerantes, pero habrá que ver si se atreven a llevar al TC una ley de Rajoy.
La tercera vía que proyectó Zarrías, más "laboriosa", es la de la "autodefensa de la autonomía local" por parte de los ayuntamientos que quieran protegerse frente a esta "agresión". Ello exige que firmen el recurso un séptimo de los municipios que supongan un sexto de la población, según el artículo 75 ter de la Ley Orgánica del TC. O sea, 1.160 corporaciones que representen a más de 7,5 millones de españoles.
Ninguna de esas opciones paraliza la aplicación de la ley. Así que esta entrará en vigor en cuanto salga en el BOE, con las moratorias que están contempladas, eso sí, para la transferencia a las CCAA de las competencias en sanidad, educación y servicios sociales.
La mayor metaformosis de los ayuntamientos en democracia –o su "destrucción", en palabras de la oposición– ya está en marcha. El Congreso aprobó ayer jueves, definitivamente, la reforma local un año y medio después de que el Gobierno estudiara el primer borrador pero apenas tres meses después de que el proyecto de ley llegara a la Cámara baja. El texto, considerado por la Moncloa como un cambio estructural y medular, ha tropezado con el rechazo frontal de la práctica totalidad de los grupos –todos, salvo PP, PNV y Unión del Pueblo Navarro–, de buena parte de los alcaldes de los 8.116 municipios del país y los recelos incluso del propio partido del Ejecutivo, que frente a los conatos de rebelión de sus regidores se ha visto obligado a suavizar en parte la redacción original. Aparte de por el contundente tirón de orejas del Consejo de Estado.