AGE critica que la sanidad gallega recurra a la “caridad de un multimillonario”

La diputada de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Eva Solla, criticó este lunes que la Xunta tenga que "recurrir a la caridad" de "un señor multimillonario" o a "la beneficencia" para financiar la sanidad pública, que debería costearse a través de un sistema fiscal "progresivo".

Solla se refería así a la donación de 17 millones de euros que hace unos días anunció la Fundación Amancio Ortega para incorporar nuevos equipos para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en el Servicio Gallego de Salud (Sergas).

"No es normal que haya que depender de la caridad para financiar algo que es un derecho", remarcó la parlamentaria, sin obviar los recortes acometidos por la Xunta en este servicio y también el nivel de endeudamiento que ha alcanzado.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que la sanidad pública se pague con impuestos "justos y progresivos", y criticó que las grandes empresas tributan de media un 6% mientras los trabajadores del Sergas aportan "del 12 al 38%" de sus ingresos.

"El trabajador que menos cobra del Sergas paga dos veces más impuestos que las grandes empresas", aseguró Solla, que aprovechó para denunciar la "elusión y evasión fiscal" en empresas privadas sin que los gobiernos dispongan "medidas reales" para combatirla.

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De este modo, como subrayó al ser preguntada al respecto, el "problema" de su grupo político no es con "la fundación privada" en cuestión, sino con el planteamiento político que lleva a "perder la sanidad como derecho" para convertirla en "un negocio" al optar por su "privatización" en lugar de sufragarla con recursos públicos.

Al hilo del proceso de "privatización" de la sanidad gallega, la representante de Alternativa señaló que los mamógrafos y aceleradores que cederá la Fundación Amancio Ortega ya estaban incluidos en el contrato de la Xunta con dos grandes empresas –Philips y Variant– para la renovación de la tecnología sanitaria.

Es por ello que la diputada pedirá "explicaciones" en el Parlamento sobre esa dádiva a "un servicio privatizado y ya adjudicado", poniendo en cuestión que haya sido "una donación" y no "un contrato". "Queremos conocer los términos exactos en los que se va a desarrollar", concluyó.