Si un niño o niña nace en Galicia, probablemente empezará a dejar de lado su lengua materna cuando pise el colegio por primera vez. Si habita en Cataluña, sucederá lo contrario: es en la escuela donde encontrará las herramientas para integrar el catalán en su vida. En Euskadi, son precisamente los jóvenes quienes en mayor medida construyen el futuro prometedor que parece tener su idioma. La batalla de las lenguas cooficiales por prosperar es desigual y casi siempre, además, una cuestión de políticas públicas. "Hay cuestiones que no pueden estar en manos ni de las familias, ni de las escuelas, sino que deben pensarse en clave de políticas públicas para reducir la desigualdad", observan los expertos.
El Consejo de Europa acaba de publicar su informe de evaluación de las lenguas minoritarias. Y entre sus conclusiones, el organismo europeo deja claro que el margen de mejora para cuidarlas y evitar su extinción es todavía amplio. La responsabilidad es compartida: si bien la diferencia la marcan los gobiernos autonómicos, la administración central tiene el deber de implantar medidas capaces de integrar las lenguas cooficiales en todas las esferas.
"Si bien se han realizado muchos progresos, los principales desafíos se siguen presentando en los ámbitos de la justicia, la administración estatal, la prestación de servicios públicos y los intercambios transfronterizos, competencia de las autoridades estatales españolas", reza el informe. La legislación vigente, por ejemplo, no garantiza que los tribunales desarrollen procesos "en lenguas minoritarias oficiales a petición de una de las partes". Pero además, la proporción de personal que dispone de "conocimientos prácticos de lenguas minoritarias oficiales" en la Administración del Estado continúa siendo "demasiado baja, por lo que un gran número de textos y formularios administrativos siguen estando disponibles únicamente en castellano". Así es la desigual batalla de las lenguas cooficiales por sobrevivir.
La escuela como escenario del crimen...
El toque de atención que formula el Consejo de Europa interpela a todas las instituciones, pero el impacto es más intenso en algunos casos. En Galicia, el organismo pone el foco en un elemento clave: las aulas. "Tenemos una exclusión profunda del gallego en la educación", expone Marcos Maceira, presidente de la Mesa pola Normalización Lingüística, una plataforma independiente que batalla por la promoción del uso del gallego en todos los ámbitos. La Mesa apunta a la escuela como un "agente de desgallegalización" desde que en el año 2010 el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta de Galicia, puso en marcha su llamado decreto de plurilingüismo. En Primaria, Educación Secundaria y Bachiller, establece un máximo del 50% de materias en gallego, y en los centros plurilingües "el objetivo es reducir este máximo al 33%". El decreto también prohíbe impartir en gallego Matemáticas, Tecnología y Física y Química, aunque sí es posible hacerlo en inglés.
Ante las constantes críticas, el gobierno regional ha hablado siempre de reparto equilibrado de las lenguas, una afirmación que los activistas tachan de falaz. Maceira, coautor del libro Liberdade para a lingua galega. Política, uso e disposición da lingua (Ediciones Laiovento, 2024), pone en el centro la desigual carga lectiva de cada materia: "No es cierto que el reparto de materias sea a partes iguales, como insiste en afirmar la Xunta de Galicia y como ha señalado el Estado en sus informes al Consejo de Europa. Las materias prohibidas en gallego son las de mayor carga horaria, lo que imposibilita cualquier distribución igualitaria".
El impacto de esa restricción en las escuelas ha quedado evidenciado año tras año: el 26,12% de los menores de quince años habla en gallego siempre o con más frecuencia que en castellano, un porcentaje que hace dos décadas era del 40,3%. Entre los jóvenes de quince a veintinueve años, la tasa ha pasado del 45,7% en 2003 al 37,3% actual. Es el único idioma que pierde hablantes entre su juventud. Así lo dibuja la encuesta que cada cinco años elabora el Instituto Galego de Estatística (IGE), relativa al conocimiento y uso del gallego. Los datos sobre la infancia son especialmente preocupantes: la franja de edad donde existe un mayor desconocimiento de la lengua propia es precisamente entre los más pequeños, ya que el 23,9% de los niños de entre cinco y catorce años no saben hablar gallego. En 2013, el dato era del 22,7% y hace dos décadas, del 17,9%. El total desconocimiento del gallego se convierte así en una epidemia entre las generaciones más jóvenes.
Maceira reitera que la única vía para resolver la situación es derogar el decreto de plurilingüismo. "A nivel gallego, no hay ninguna entidad que lo avale y el Consejo de Europa es la tercera vez que le dice que debe ser retirado". La Mesa elaboró una propuesta alternativa al decreto que fue ignorada por el Gobierno de Galicia, un desprecio institucional al que se suma el del nuevo conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López, quien ha escenificado una "negativa absoluta a la hora de recibir a cualquier entidad de defensa de la lengua".
La situación, recalca el activista lingüístico, es que la supervivencia del idioma "se reduce a la voluntad de las familias para cuidar su lengua, aunque después no se extienda a la realidad social". Es, en realidad, una forma de "relegar el gallego al ámbito privado" y "ninguna lengua puede aguantar en esas circunstancias".
...O como herramienta de cambio
Al otro lado del mapa, las escuelas catalanas también son objeto de estudio por parte del Consejo de Europa. Pero no debido a las políticas que emanan de las instituciones, sino a consecuencia de las decisiones judiciales respecto a la presencia del catalán en las aulas. El comité de expertos observa con "gran preocupación" la decisión judicial que obliga a una presencia mínima del 25% de castellano entre los pupitres. "Las recientes decisiones judiciales sobre los modelos lingüísticos de las escuelas en las comunidades autónomas son un motivo de gran preocupación", señala el informe.
Sheila González, investigadora en desigualdad educativa de la Universitat de Barcelona (UB), describe la importancia de la escuela como herramienta para preservar la lengua: "En Cataluña hay un consenso amplio respecto a que el catalán es la lengua vehicular del sistema educativo. Somos muy conscientes de que lo único que hacer sobrevivir a una lengua es su conocimiento y su uso por parte de sectores amplios de la sociedad", exclama en conversación con este diario. Si en el caso gallego la escuela consuma la asfixia del idioma, en suelo catalán se erige como instrumento para impedir que muera.
Según el Síndic de Greuges, dentro de las aulas de Primaria el catalán está presente en un 70,2% del horario lectivo; el castellano, en un 22,0% y una lengua extranjera, en un 7,5%. En el patio, sin embargo, la lengua de uso mayoritario es el castellano, que parece en el 56,5% del alumnado de Primaria. Es decir, no se trata tanto de observar el idioma que se emplea dentro de las aulas, sino también el que predomina en el patio del colegio. "Se observa que una parte del alumnado catalanohablante de origen se pasa al bilingüismo en el colegio. Pero además, la escuela es donde vemos que castellanohablantes de origen también se pasan al bilingüismo", destaca González. Las aulas se convierten así en la principal herramienta de convivencia y normalización lingüística.
Según la última Encuesta de los usos lingüísticos de la población catalana (2018), el 60,9% de los nacidos en la comunidad aprenden el idioma en sus casas y el 55,1% tienen como lengua inicial el catalán. Pero además, el 54,2% lo ha aprendido en la escuela. Entre los nacidos en el extranjero, el conocimiento del idioma llega a través de la vida cotidiana (37,3%) y la escuela (31,2%). Y aquellos nacidos en otras comunidades aprenden el idioma a través de tres vías: la vida cotidiana (54,2%), los compañeros de trabajo (21,6%) y la escuela (18,3%). Entre las personas de quince a veintinueve años, el conocimiento del catalán supera el 80%.
Jóvenes orgullosos de su idioma
El modelo educativo vasco ha derivado en un uso mayoritario de la lengua precisamente entre los más jóvenes. Según la VII Encuesta sociolingüística (2021), el mayor porcentaje de vascohablantes se da entre los jóvenes de dieciséis a veinticuatro años: el 74,5% de ellos hablan euskera. La evolución es evidente: el 1991, el porcentaje en esa franja de edad arañaba el 25%.
El informe recoge otro dato significativo: a medida que desciende la edad, disminuye el porcentaje de vascohablantes de origen y aumenta el de nuevos vascohablantes. Existen, por tanto, generaciones de jóvenes vascos decididos a integrar el euskera en sus vidas. Así, casi la mitad de los hablantes de euskera menores de veinticinco años (49,2%) es neohablante, una cifra que se ha duplicado en las últimas tres décadas. Los nuevos vascoparlantes han aprendido el euskera fuera del hogar, en la escuela o en el euskaltegi –centros de euskera dirigidos a adultos–, destaca el informe. Una vez más, la escuela se conjuga como elemento clave.
Agurne Gaubeka, directora de Behatokia –Observatorio de Derechos Lingüísticos– presume de que la educación reglada sí garantiza el estudio del euskera, pero observa lagunas en la formación profesional, donde "todavía no hay suficiente oferta". Es la misma conclusión a la que llegó, en su informe, el Consejo de Europa. Andrés Urrutia, presidente de Euskaltzaindia –Real Academia de la Lengua Vasca–, cree que el análisis europeo viene a constatar el prometedor futuro de la lengua en Euskadi. "Se está avanzando, se van desarrollando instrumentos para llevar el euskera hacia adelante" y eso es fruto, asiente al otro lado del teléfono, de la "política lingüística" desarrollada. "Aparte de tener el BOE, necesitamos una sociedad fuerte. Hay diferencias sociales, pero hay un sentimiento social positivo sobre la lengua: forma parte de nuestra personalidad, comunicación y de la cultura vasca en todos los ámbitos sociales".
El Consejo de Europa sitúa la lupa también sobre otros territorios con una presencia importante de las lenguas minorizadas. "En Navarra, advierte de que se tienen que eliminar las vulneraciones de derechos en torno a la zonificación lingüística de la Ley del euskera", reseña Gaubeka. La comunidad foral se divide en tres zonas: la vascófona, donde el euskera es oficial, la zona mixta y la zona no vascoparlante. Pero incluso en los territorios donde el idioma sí tiene estatus de oficial, la garantía de su protección no es completa. "Los servicios oficiales están situados en zona mixta, así que los derechos no están garantizados", asiente la experta.
Y sin embargo, en el caso de Navarra el clamor social por la integración del euskera ha ido ganando peso. El mayor porcentaje de vascohablantes se concentra también entre los jóvenes, especialmente entre los navarros de entre dieciséis y veinticuatro años. Actualmente, el 28% de la población joven navarra de esa franja de edad habla euskera, una cifra no ha dejado de medrar en los últimos treinta años: en 1991 el porcentaje era del 10%. Y es en la zona mixta, precisamente, donde se ha registrado un mayor aumento, según datos de la VII Encuesta sociolingüística (2021) de la Comunidad Foral de Navarra.
Las lagunas en los servicios públicos
Los principales obstáculos, comunes en todos los territorios, emergen en el ámbito de la administración y los servicios públicos. "La Administración del Estado tiene que hacer un esfuerzo importante en las comunidades con las lenguas cooficiales", remacha Urrutia. Gaubeka se detiene en el ámbito de la justicia, donde constata dos limitaciones: la falta de garantía para que cualquier procedimiento judicial pueda realizarse en euskera y el conocimiento del idioma por parte de los operadores jurídicos.
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Algunos datos: sólo un 16% de los jueces y magistrados tienen algún tipo de conocimiento del euskera, un porcentaje que cae al 8% en el caso de los fiscales. En cuanto a los letrados de la administración de justicia, la tasa se eleva al 25%. Pero tener conocimientos básicos del idioma, subraya la experta, no garantiza habilidades a la hora de desarrollar un procedimiento judicial en euskera sin ninguna traba lingüística. Excluyendo los dos niveles más bajos homologados, el porcentaje de conocimiento del idioma cae estrepitosamente: un 9% en los letrados, un 6% para los magistrados y un 2% en el caso de los fiscales.
"En los servicios públicos aún no hay suficiente conocimiento del euskera, en general. Tampoco en el sector sanitario o en los servicios sociales", expone Gaubeka. La importancia de garantizar la presencia del idioma en esos niveles es clave, porque no son sólo los derechos lingüísticos los que están en juego, sino otros fundamentales como el acceso a la sanidad.
En Galicia, la situación es más crítica. El último informe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) indica que el total de documentos con presencia del gallego es del 0,08%. La CIG, sindicato mayoritario en el territorio, revela haber solicitado el desarrollo en gallego de un 20% de sus procedimientos, una solicitud que sólo se cumplió en el 1% de los casos. Según la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (CELRM), desoir esa petición va en contra de los compromisos internacionales.
Si un niño o niña nace en Galicia, probablemente empezará a dejar de lado su lengua materna cuando pise el colegio por primera vez. Si habita en Cataluña, sucederá lo contrario: es en la escuela donde encontrará las herramientas para integrar el catalán en su vida. En Euskadi, son precisamente los jóvenes quienes en mayor medida construyen el futuro prometedor que parece tener su idioma. La batalla de las lenguas cooficiales por prosperar es desigual y casi siempre, además, una cuestión de políticas públicas. "Hay cuestiones que no pueden estar en manos ni de las familias, ni de las escuelas, sino que deben pensarse en clave de políticas públicas para reducir la desigualdad", observan los expertos.