La alcaldesa de Jerez, salpicada por la trama ‘Gürtel’

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) remitió este jueves al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Gürtel, un informe ampliatorio sobre el procedimiento de contratación de los servicios desarrollado por el Instituto de Promoción y Desarrollo (IPDC) de la Ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) con motivo de la celebración de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2004, donde se detectan numerosas irregularidades. 

Estos hechos coinciden en el tiempo con la primera etapa de María José García-Pelayo (PP) como alcaldesa de la localidad en un gobierno de coalición con el PSA de Pedro Pacheco.

El informe elaborado a petición del juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, se centra en sus 70 páginas en analizar y evaluar los expedientes de contratación realizados con el fin de verificar que en su tramitación se ha cumplido con lo dispuesto en las normas reguladoras de la contratación pública en la materia y ámbito que sea de aplicación y también que se han garantizado y cumplido los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia.

Detalla que el IPDC es, de acuerdo con los estatutos, un organismo autónomo de carácter administrativo que desarrolla sus funciones bajo la tutela del Ayuntamiento de Jerez, por lo que su actuación debe ajustarse a la normativa vigente en materia de régimen local y en la de carácter general que le sea de aplicación. 

Concretamente, se adjudicaron contratos por importe de 355.391,93 euros a empresas vinculadas a la trama Gürtel para el montaje y gestión del estand –a Special Events, S.L. por 162.806,37 euros–, publicidad y propaganda–a Teleanuncio, S.L. por 141.362,56 euros–, para el acondicionamiento de la plaza Mayor de Madrid para un espectáculo ecuestre –a Down Town Consulting por 39.366,92 euros– y para un espectáculo flamenco en los Jardines de Cecilio Rodríguez --también a Down Town Consulting por 11.855,08 euros--.

En sus conclusiones, la IGAE considera acreditado que los días 15 y 25 de noviembre de 2003 se llevaron a efecto dos reuniones preparatorias en las que participaron personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez en las que se abordó la planificación del Ayuntamiento en estos actos, los contenidos del estand, la publicidad, la celebración del Día de Jerez y el acto en la plaza Mayor.

También se abordaron los presupuestos, los procedimientos de contratación administrativa a emplear, el reparto de las gestiones necesarias para la ejecución de los mismos y "el papel de intermediación de Isidro Cuberos", consejero propuesto por el PP en el Consejo Audiovisual de Andalucía y jefe de prensa de Javier Arenas cuando lideraba el PP-A. Señala que Cuberos cobró por sus gestiones la cantidad de 53.355,22 euros.

Encargados con anterioridad al concurso

Apunta que el personal de las distintas empresas del Grupo FCS (Francisco Correa Sánchez –presunto cabecilla de la trama Gürtel–) iniciaron gestiones, realizaron contrataciones y efectuaron distintos pagos a proveedores de servicios para la ejecución del estand de Jerez en Fitur 2004 y los eventos relacionados "con anterioridad al 16 de enero de 2004, fecha de adjudicación de dichos servicios por parte del IPDC".

La documentación administrativa confeccionada por las tres mercantiles señaladas al objeto de presentarse a los "concursos negociados sin publicidad" –lo cual el IGAE pone en entredicho al no considerar justificada la "imperiosa urgencia" e imprevisibilidad que marca la normativa– fue elaborada y entregada al IPDC "una vez ejecutados los trabajos y transcurrido casi un mes después de su finalización".

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Por su parte, los diferentes documentos justificativos del expediente administrativo, proposiciones económicas y demás documentación administrativa, incluidos en los contratos suscritos, "no fueron elaborados ni firmados en las fechas que constan en los mismos, sino en fechas posteriores y una vez ejecutados los trabajos".

Sostiene que, con posterioridad a la realización de los trabajos, "personal del Ayuntamiento y del IPDC confeccionó los diferentes documentos administrativos y estableció los procedimientos de contratación necesarios para dar al expediente una apariencia de legalidad y de que en la tramitación y gestión de estos actos se había seguido el procedimiento administrativo".

En consecuencia, concluye que los expedientes mencionados fueron adjudicados por el IPDC "al margen de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administración pública y demás normativa aplicable, vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia aplicables en la contratación pública".