La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha anunciado que su departamento prepara un plan de "adaptación climatológica" de los colegios que prevé esté dotado con más de 200 millones de euros y que acordará con las comunidades autónomas una vez se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2023.
"Ahora, y más viviendo esta crisis climática que estamos sufriendo, una de las nuevas líneas que queremos adoptar en ese futuro presupuesto es, efectivamente, una importante línea con una cantidad considerable de millones de euros para poder adaptar climáticamente los centros educativos a través, como digo, de un programa de cooperación (territorial)", ha avanzado la ministra en una entrevista con Europa Press.
En este sentido, señala que el objetivo del plan es que, tanto para las épocas estivales como para el invierno, los centros educativos estén mejor y más preparados para poder proteger de una manera mucho más segura a los estudiantes. Se tratará con las comunidades autónomas porque, según recuerda, la educación es una competencia autonómica. Por ello, explica que trabajarán de manera conjunta los criterios de reparto, dependiendo el número de centros o el número de estudiantes. "Y a partir ahí, de una manera ya muy rápida se haría esa distribución de fondos", ha comentado.
En todo caso, señala que los centros educativos más modernos, y en especial los de la última década, suelen ser centros ya adaptados climáticamente. Sin embargo, apunta que en España hay escuelas de más de 100 o incluso 150 años. "Pensando especialmente en estos centros educativos, queremos poner en marcha ese nuevo plan de cooperación territorial para adaptar climáticamente los centros educativos", insiste.
Por otro lado, la ministra no ha concretado si las próximas medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno tras el primer decreto de ahorro energético afectarán o no a los centros educativos, después de que quedaran fuera de las primeras medidas establecidas por el Ejecutivo para paliar la dependencia energética del gas ruso y en solidaridad con otros países europeos.
"Ahora mismo no soy capaz de concretar si cuando llegue el mes de septiembre habrá alguna actuación específica sobre los edificios (centros educativos)", ha reconocido al tiempo que ha destacado la asunción de "responsabilidad voluntaria" por parte de la ciudadanía para hacer frente a esta situación.
Respecto al nuevo curso y al anuncio de Andalucía y Murcia de que continuaran con los libros de texto de la LOE, la anterior ley educativa, ha advertido de que las leyes educativas se cumplen "te gusten más o menos". Además, aunque los editores de libros de texto han garantizado que llegarán a tiempo para el nuevo curso, también han advertido de que faltan muchos decretos autonómicos por aprobar.
En este sentido, Alegría ha apuntado que el Gobierno ha aprobado los decretos que le corresponden y que ahora las comunidades autónomas son las que tienen que desplegar la parte correspondiente. "Los libros de texto se tienen que adaptar a los nuevos decretos de educación de todas las etapas educativas", ha dicho.
No obstante, también ha aclarado que los libros de texto son un material pedagógico voluntario y que son los profesores y el equipo directivo de los centros educativos quienes de una manera voluntaria y bajo libertad de cátedra eligen y deciden qué libros de texto se van a utilizar en sus centros educativos. "Desde el Partido Popular en este caso también se introdujo un debate profundamente negativo por varias cuestiones", ha puntualizado.
También ha recordado que esta voluntariedad se aplica desde 1998 por una decisión del entonces Gobierno del PP y, concretamente, de la entonces ministra de Educación, Esperanza Aguirre, por lo que ha pedido "prudencia" a la hora de hacer ciertas manifestaciones.
"Hay que valorar claramente y respetar la profesionalidad de los maestros y los profesores de este país, que son, como digo, quienes deciden y quienes eligen el uso de los libros de texto como de cualquier otro material pedagógico que puedan utilizar los centros educativos", ha agregado.
El "mantra" de la Ebau única
Alegría también ha justificado la nueva EBAU y la prueba de madurez de acuerdo con la aplicación de la nueva ley educativa, la LOMLOE. "Es una nueva forma de enseñar y también una nueva forma de aprender desde el punto de vista competencial. Y por tanto, entendíamos que era fundamental que si cambiamos la forma de enseñar la forma de aprender, hay que también cambiar la forma de evaluar", ha recalcado recordando que será a partir de 2027 cuando la prueba se despliegue definitivamente y ya será en un 75% distinta a actual.
En todo caso, ha descartado una prueba única en toda España, una medida que considera un "mantra" del Partido Popular, al que afea que juegue en materia educativa con "un alto grado de cinismo". "Dicen lo que dicen cuando están en la oposición. Y, sin embargo, cuando están en el Gobierno, que en este caso tenían mayoría absoluta, jamás se plantearon la posibilidad de hacer esa prueba única que ahora demanda", ha criticado.
No obstante, ha apuntado que sí plantean que la prueba de madurez académica y su evaluación se haga en colaboración con todas las comunidades autónomas para plantear requisitos y cuestiones que sean perfectamente homologables en todas ellas. "Desde el respeto, como digo a las competencias que tienen tanto las comunidades autónomas como las universidades, la prueba de madurez académica, el cómo se va a evaluar esa prueba, se va a realizar y va a recoger los requisitos que puedan ser equiparables en todas las comunidades autónomas", ha añadido.
La comunidad educativa pide que se negocie con profesorado y familias
La comunidad educativa ha aplaudido el plan climatológico, pero ha pedido que éste se negocie con el profesorado y familias, así como que la medida se lleve a cabo de manera "equitativa e igualitaria" tanto para la red pública como para la concertada.
El secretario general adjunto de Escuelas Católicas, Luis Centeno, ha asegurado que da la bienvenida a "todo lo que suponga un avance en la adaptación climatológica de los centros", si bien ha exigido que la financiación para ello llegue tanto a los públicos como a los concertados, que, ha lamentado, "tienen un enorme déficit de financiación pública".
"Nos tememos que esto solo llegue a determinados colegios públicos pero no a la generalidad de centros que lo necesitan", ha advertido Centeno, en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha demandado una inversión "adecuada y proporcional" al tamaño de los edificios.
Por su parte, el profesorado ha reclamado formar parte de la negociación de este plan junto a las familias porque son "quienes sufren la situación de calor o frío extremo" en los centros. Así lo ha reclamado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, quien ha calificado la medida como "imprescindible" aunque ve los 200 millones de euros de los que se dotará como una cantidad "insuficiente". A su juicio, esa cantidad vale solo para el "inicio", y ha llamado a las comunidades a hacer un "esfuerzo inversor" para acompañar esta cuantía.
Desde el sindicato docente ANPE, su presidente Francisco Venzala, ha aplaudido el anuncio porque "va en la línea de optimizar las condiciones del proceso de enseñanza", pero ha advertido de que queda ver "cómo se plasma" el plan. En este sentido, ha abogado "por una misma línea en todos los territorios para no ahondar en las desigualdades".
"Tanto derecho tienen los alumnos de un territorio como de otro, lo lógico es que sean los expertos quienes decidan cuáles son las prioridades a la hora de ejecutar el presupuesto. Pedimos coordinación entre las distintas comunidades para llevarlo a cabo, no actuaciones diferentes", ha agregado.
Para la responsable de Educación de UGT, Marible Loranca, el plan es también una "buena noticia", pero "siempre y cuando los fondos sean finalistas y la climatización se haga de acuerdo a criterios de salud". "No podemos olvidar que los centros educativos son también centros de trabajo y tienen que respetar la Ley de prevención de riesgos laborales. El plan también tiene que realizarse conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)", ha subrayado.
Por parte de las familias, la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), ha saludado la medida porque mejorará las condiciones de estudio de los alumnos. "Todo lo que sea mejorar el entorno de niños y profesores es positivo, y dotar a todos los centros por igual en función de sus necesidades", ha manifestado su presidenta, Begoña Ladrón de Guevara.
Asimismo, ha pedido que las medidas que se tomen al respecto "tengan en cuenta a los profesionales y a las familias": "Queremos conocer las condiciones del centro en el que les estamos escolarizando y que se escuchen las necesidades reales de los niños".
Por otro lado, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro Caballero, ha hecho hincapié en que el plan tiene que llevarse a cabo de manera "igualitaria" para los centros públicos y concertados por lo que, a su juicio, se tendría que consensuar con la comunidad educativa.
"Si no se hiciera así solo agrandaría la brecha entre las familias que eligen la pública y las que eligen la concertada. Estos anuncios deben de ser buenos para toda la comunidad educativa y dialogados con ella", ha apostillado.
La presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Andrea Henry, ha recordado que esta medida ha sido reivindicada por los estudiantes: "Siempre nos hemos quejado porque en muchos centros en invierno hace muchísimo frío, las aulas no están climatizadas, y en verano hace demasiado calor y no hay ventilación...".
De este modo, ha aplaudido el plan porque, espera, "facilitará el día a día de los estudiantes", si bien ha puntualizado que el anuncio es solo un "primer paso" y ha pedido que en la ejecución se "prioricen aquellas ciudades y comunidades en las que el clima es más extremo". También, ha cuestionado la visión de ahorro energético de este plan: "¿Qué coste va a tener para los centros? ¿Se va a ser responsable con el medio ambiente?".
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha anunciado que su departamento prepara un plan de "adaptación climatológica" de los colegios que prevé esté dotado con más de 200 millones de euros y que acordará con las comunidades autónomas una vez se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2023.