Dos alertas sanitarias en un mes ponen el foco sobre los controles de las marcas blancas

Dos alertas sanitarias han puesto en el último mes a las marcas blancas bajo la lupa. El brote de listeriosis y el atún contaminado por una toxina botulínica han tenido, de una manera u otra, repercusión sobre las también denominadas marcas de distribuidor. Un impacto que, al mismo tiempo, ha dejado abiertos interrogantes sobre los controles, la seguridad y la fiabilidad de los productos comercializados bajo marcas blancas.

Ocho días después de que se decretase la emergencia sanitaria por la carne de La Mechá, la marca perteneciente a la empresa Magrudis, las autoridades inmovilizaron otro lote de productos contaminados. Esta vez, la carne afectada fue distribuida por Comercial Martínez León.

El caso contiene algunos matices. No se trata exactamente de un problema que incumba a una marca blanca. El de la carne con listeria "no es que sea un caso de marca blanca, es que no había marca", aclara Xavier Pera, responsable de Seguridad Alimentaria y Calidad de la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores (AECOC). En conversación con infoLibre, Pera recuerda que este tipo de prácticas son "ilegales y no cumplen con la normativa de etiquetado". Ese lote de carne "se vendió a un distribuidor local sin ninguna marca", recalca. Con él coincide Enrique García, responsable de Relaciones Institucionales de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). "Esa carne era un producto absolutamente ilegal, con falta de control sobre el etiquetado y sin el nombre del fabricante o distribuidor", sostiene, cuando por el contrario "en una marca blanca alguien tiene que asumir la titularidad del bien".

A finales de agosto, la Agencia Española Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) advirtió de que la carne mechada comercializada por Comercial Martínez León contenía "errores de etiquetado" o un "etiquetado deficiente". La agencia insistió en la importancia de "adquirir únicamente productos correctamente etiquetados en los que se pueda conocer quién es el responsable de su puesta en el mercado".

De ese ejercicio de responsabilidad proviene la denominación de marca de distribuidor, ya que normalmente estos productos asumen el nombre de la empresa que los distribuye. Es el caso del atún marca Dia. El Grupo Dia retiró el pasado 10 de agosto un lote de atún en aceite de girasol fabricado por la conservera Frinsa tras el aviso de una posible contaminación con toxina botulínica. El pasado jueves, los análisis realizados por el Centro Nacional de Alimentación confirmaron las sospechas.

Controles de seguridad

María Puelles, profesora del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), explica al otro lado del teléfono que, en primer lugar, todos los productos de alimentación en España "tienen legalmente que pasar por unos controles sanitarios". Esos exámenes, reitera, son los mismos para todas las marcas. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, lo expresa de forma crítica: las marcas blancas son "igual de seguras o inseguras" y pasan por "los mismos controles o falta de controles".

La docente, por otro lado, matiza que los productos de marca blanca tienden a fortalecer los controles, porque no solo se ciñen al habitual chequeo que pone en marcha el fabricante, sino que la empresa distribuidora realiza controles extraordinarios para garantizar la calidad y la seguridad del producto. El motivo es claro: hay mucho en juego. De haber un problema, el daño se extendería a todos los productos bajo el nombre de la distribución. "Sería un desastre enorme para ellos", observa Puelles.

También Xavier Pera subraya que los productos de marca blanca "pasan exactamente los mismos controles que cualquier otro producto". Los fabricantes, de acuerdo a la legislación vigente, "son responsables de que sus productos sean correctos". En las marcas de distribuidor, coincide con la profesora, existe un añadido, y es que el propio distribuidor interviene y "además audita a sus proveedores para tener una garantía adicional".

En ese contexto, Pera recuerda que "los sistemas de seguridad alimentaria se basan en la prevención" y que la clave radica en la consolidación de "un sistema de autocontrol en la empresa". La firma es, por tanto, responsable de desarrollar e impulsar el sistema de Análisis de Peligro y Puntos de Control Crítico (APPCC), pensado con el objetivo de identificar los peligros y los riesgos para trabajar sobre su prevención. "La empresa presenta ese plan a la administración, ésta le da el visto bueno o le corrige, se cierra el plan y la empresa empieza a operar", resume el experto.

¿Pero en quién recae la responsabilidad cuando se identifica algún problema? Pera insiste en que la responsabilidad de cumplir con los controles es exclusiva de la empresa matriz, pero desde la perspectiva del consumidor, agrega García, "el responsable es quien le pone la marca al producto". El distribuidor, por tanto, "es responsable frente a los consumidores, pero esa responsabilidad también se la puede exigir éste al fabricante, porque es quien tiene la obligación de proporcionar un producto seguro".

Papel de la Administración Pública

Pero los controles sanitarios no se circunscriben a las actuaciones de las propias empresas. Además de la obligación legal de realizar y superar el examen de calidad y seguridad, los productos se ven igualmente sometidos a la lupa de las administraciones.

Retirado un lote de atún de aceite de girasol de la marca Dia por la presencia de toxina botulínica

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La función de la inspección está transferida a las comunidades. Todas ellas, recuerda Pera, se rigen bajo un mismo reglamento, "pero los recursos son finitos". La Comisión Europea "lo que pide es que se establezca un plan de vigilancia en base al riesgo que tenga la empresa", de manera que los inspectores deben desarrollar un protocolo donde se dé respuesta a diversos factores para determinar tales riesgos. Esos parámetros tienen que ver con cuestiones como el volumen de la fábrica –a mayor producción, mayor riesgo– o su ámbito de distribución. "Aparte existen otros elementos que los inspectores detectan cuando van a la empresa" y observan procesos con mayor o menor riesgo en base a determinadas variables, como la posesión de un certificado privado en materia de seguridad alimentaria.

Las conclusiones que emanen de la inspección fijarán el tiempo que debe transcurrir hasta la próxima visita, aunque se trata de una "planificación teórica, no obligatoria". Adicionalmente, recuerda Pera, la autoridad competente "puede hacer campañas de inspección concretas fuera de la frecuencia prevista por el riesgo de la empresa".

Toda esta manera de proceder, no obstante, se construye sobre la premisa de que "el riesgo cero no existe". A juicio de Pera, "cualquier sistema basado en la prevención" puede albergar errores. Es ahí donde se ponen a prueba los mecanismos previstos. La buena noticia, afirma el experto, es que si ocurre un contratiempo, el engranaje "funciona relativamente rápido". De hecho, completa Puelles, cuando se detecta un error en la cadena es habitual "que no se conozca, porque se localiza tan rápidamente que no tiene repercusiones". Y esto, afirma, ocurre con todas las marcas sin excepción.