El ajustado resultado de los comicios generales del 23J ha convertido a Junts per Catalunya (JxCat) en un actor clave. En sus manos está una reedición del actual Gobierno de coalición o una repetición electoral. Y aunque las negociaciones aún no han comenzado formalmente, el partido independentista ya ha puesto sobre la mesa dos de sus exigencias de partida. Por un lado, el referéndum. Y, por otro, la amnistía. Una medida de gracia cuyo encaje genera un enorme debate entre los expertos y que no solo beneficiaría al expresident Carles Puigdemont. Más de sesenta políticos, empresarios, funcionarios y hasta juristas se encuentran en estos momentos enredados en las grandes causas judiciales relacionadas con el procés.
El caso más importante es el que afecta al exlíder del Ejecutivo catalán, procesado por desobediencia y malversación agravada tras la reforma del Código Penal. El Supremo lleva más de un lustro intentando sentar en el banquillo a Puigdemont para que responda por su participación en el referéndum del 1-O. Pero el expresident ha logrado, hasta el momento, defenderse con éxito fuera de España. No obstante, la última resolución del Tribunal General de la Unión Europea sobre su inmunidad como eurodiputado ha allanado el camino al Alto Tribunal. Sin embargo, el magistrado instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, esperará a que la justicia europea se pronuncie sobre el recurso del dirigente independentista este fallo antes de emitir una nueva euroorden en su contra.
Al igual que el expresident, se encuentran en estos momentos procesados por malversación agravada y desobediencia los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, también huidos de la acción de la justicia.
Del mismo modo, está fuera de España la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien ha pasado a estar procesada por desobediencia tras la reforma penal. A pesar de que este delito no comporta penas de prisión, la número dos de los republicanos ha preferido, por el momento, no regresar. Al fin y al cabo, y aunque no está formalmente imputada, la Guardia Civil la ha situado recientemente al frente de Tsunami Democratic, el grupo que supuestamente habría instigado las protestas callejeras tras la sentencia del procés. Un caso que se encuentra en manos de la Audiencia Nacional.
Quienes sí han regresado son la exconsellera de Educación Clara Ponsatí y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel. Como la secretaria general de Esquerra, ambas están acusadas de desobediencia. El mismo delito por el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impuso hace tres meses una condena de un año de inhabilitación a la consejera de Acción Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, que se encuentra a la espera de que se resuelva el recurso interpuesto contra la sentencia.
La arquitectura del procés
Pendientes de juicio están ya varios cargos intermedios del Ejecutivo catalán durante aquel otoño caliente. Es el caso de Josep María Jové y Lluís Salvadó, ex secretario general de Vicepresidencia y ex secretario de Hacienda, respectivamente, enredados en la causa centrada en la arquitectura del 1-O. La Fiscalía les acusa de desobediencia, prevaricación y malversación agravada. Para el primero de ellos, pide siete años de prisión, frente a los seis años y tres meses que solicita para el segundo.
La instructora acusó a Jové de haber tenido una "participación activa" en la preparación del 1-O. Y le atribuyó, entre otras cosas, la obtención de datos personales de ciudadanos catalanes de forma irregular para conformar un censo o haber conocido y autorizado "determinados gastos para llevar a cabo el referéndum ilegal". En cuanto a Salvadó, recordaba en su auto de procesamiento que desde la Secretaría de Hacienda que dirigía "se ideó el programa de homogeneización de los procesos y mecanismos internos de tramitación de los tributos y cotizaciones sociales que ingresaba el sector público de la Generalitat al Estado".
En este procedimiento, que para Jové forma parte de una "estrategia política y judicial" contra el independentismo, también está acusada la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga. En este caso, Fiscalía solicita para ella un año de inhabilitación especial por desobediencia.
Los preparativos y la acción exterior
Esta no es, sin embargo, la única causa relacionada con los preparativos del referéndum que aún colea en los tribunales catalanes. El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona también tiene entre manos otro procedimiento que afecta a cerca de una cuarentena de personas. Bajo la lupa, numerosos políticos –desde el exsecretario de Difusión Antoni Molons a Joaquim Nin y Josep Ginesta, ex secretarios generales de Presidencia y Trabajo–, funcionarios o responsables de diferentes empresas, como Unipost, T-Systems y hasta el semanario El Vallenc.
La lentitud con la que ha avanzado este procedimiento se debe, en parte, a la existencia de otra causa en el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, centrada en la acción exterior del Govern para internacionalizar el procés y que afecta a, entre otros, el exconseller Raül Romeva. Dos de los investigados en este segundo caso lo eran también en el primero, por lo que solicitaron a la Audiencia de Barcelona que ambos procedimientos se unificaran en uno solo. Los magistrados, finalmente, han dado la razón a las defensas. Y desde entonces todo se encuentra bajo la misma causa.
Del escolta de Puigdemont a las repeticiones de juicios
Con el juicio concluido, y a la espera de sentencia, está el exconseller de Interior Miquel Buch. En su caso, la Fiscalía ha pedido para él seis años de prisión por delitos de prevaricación y malversación, una solicitud que ha decidido mantener tras la vista oral. En este procedimiento, el Ministerio Público acusa al dirigente de haber contratado "como asesor en materia de sistemas de seguridad" a un sargento de los Mossos para que continuara ejerciendo como escolta de Puigdemont en Bélgica. "Dicha designa respondía únicamente al propósito de procurar, con cargo a los fondos públicos, un servicio de escolta permanente al declarado procesado rebelde", recogía la Fiscalía en su escrito.
Por el banquillo de los acusados también han pasado en los últimos años los cinco miembros de la Sindicatura Electoral –una suerte de Junta Electoral que se conformó para el referéndum del 1-O–. Todos ellos, catedráticos, profesores y letrados vinculados al mundo universitario –si bien alguno acabaría dando el salto a la política activa–, fueron absueltos por no considerarse probado que siguieran actuando una vez que el Constitucional anuló las llamadas leyes de desconexión. Pero la Fiscalía recurrió. Y la Audiencia de Barcelona ordenó hace un año repetir el juicio.
No es la primera vez que una instancia superior manda juzgar de nuevo una causa relacionada con el procés. Ya sucedió con el caso que afecta a cuatro miembros de la Mesa del Parlament que lideraba Carme Forcadell. El TSJC condenó a veinte meses de inhabilitación a Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó por desobedecer al Constitucional permitiendo la tramitación de resoluciones sobre el 1-O. Pero el fallo fue recurrido y el Supremo ordenó repetir juicio. Ahora, la segunda sentencia ha rebajado la pena a cuatro meses y 1.200 euros de multa. Una condena "irrisoria" a ojos de la Fiscalía. De ahí que no haya dudado en recurrir.
Referéndum no, amnistía puede: los límites jurídicos a las exigencias de Junts
El Ministerio Público también ha pedido al Alto Tribunal que se repita el juicio contra el expresidente del Parlament Roger Torrent y tres de los miembros de la Mesa que él capitaneaba por un supuesto delito de desobediencia al haber tramitado, en 2019, resoluciones parlamentarias a favor de la autodeterminación y en contra de la monarquía. Todos ellos fueron exonerados el pasado mes de noviembre por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a través de una sentencia que, eso sí, incluía un voto particular a favor de la condena. La Fiscalía considera que la absolución fue "absolutamente arbitraria".
Los viajes y las protestas
A esta lista de casos pendientes habría que añadir el que afecta a nueve miembros de la Associació Catalana de Municipis (ACM). Este procedimiento, en el que se investigan posibles delitos de malversación, fraude y exacciones ilegales relacionados con el procés, llevaba cerrado desde el verano de 2021, cuando la Audiencia de Barcelona decidió dar carpetazo al asunto con duros reproches al juez y fiscal. Pero el Ministerio Público, de nuevo, recurrió al considerar que la decisión era "anticipada" e "improcedente". Y hace algo más de un mes el Supremo le dio la razón, provocando así la reapertura de la investigación.
A estas grandes causas habría que sumar, además, todas aquellas relacionadas con los disturbios producidos tras conocerse la sentencia del procés. Ahora bien, el número de procedimientos de este tipo y el estado en el que se encuentran los mismos en la actualidad es algo mucho más complicado de determinar. Durante la semana de protestas en suelo catalán, las Fuerzas de Seguridad llegaron a detener a dos centenares de personas.
El ajustado resultado de los comicios generales del 23J ha convertido a Junts per Catalunya (JxCat) en un actor clave. En sus manos está una reedición del actual Gobierno de coalición o una repetición electoral. Y aunque las negociaciones aún no han comenzado formalmente, el partido independentista ya ha puesto sobre la mesa dos de sus exigencias de partida. Por un lado, el referéndum. Y, por otro, la amnistía. Una medida de gracia cuyo encaje genera un enorme debate entre los expertos y que no solo beneficiaría al expresident Carles Puigdemont. Más de sesenta políticos, empresarios, funcionarios y hasta juristas se encuentran en estos momentos enredados en las grandes causas judiciales relacionadas con el procés.