Amnistía denuncia que "la mayor violación de derechos humanos de la pandemia" se produjo en las residencias
Durante la primavera de 2020, en plena primera ola de la pandemia, hubo un mantra que se repitió incansablemente por todo el mundo: "Vamos a salir mejores". Y, lo cierto es que, dos años después, nada más lejos de la realidad. Así lo recoge el Informe de Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo presentado este lunes que, incluso va un paso más allá, y señala que gobiernos y empresas han ahondado aún más en la desigualdad global. Durante el último año, "los países ricos se confabularon con los gigantes empresariales para embaucar a la población con consignas vacías y falsas promesas de una recuperación justa de la pandemia del covid-19 en lo que constituye una de las mayores traiciones de nuestra era".
Una traición que en el caso de España se traduce en una impunidad que tiene su mayor exponente en las residencias de mayores que sufrieron "la mayor violación de derechos humanos de la pandemia". Tal y como refleja el informe, durante todo el año, familiares de personas que murieron de covid-19 en estos centros se manifestaron en protesta por la escasez de investigaciones para exigir responsabilidades a las autoridades por las decisiones que podían haber contribuido a estos fallecimientos. El pasado mes de enero, Amnistía denunció la "deficiente" investigación de la Fiscalía General del Estado sobre estas muertes. Asimismo, la ONG apuntó que la mayoría de casos "no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia" para aclarar lo sucedido.
Estudios de la propia ONG o de Médicos sin Fronteras detallan que más de 35.000 residentes han fallecido desde enero de 2020 por el covid, de ellos más de 20.000 durante la primera ola, en muchos casos sin recibir atención sanitaria y en condiciones que vulneraron sus derechos humanos. Y, aun así, "ni una sola persona ha sido encontrada culpable por estos hechos", explica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, que también señala que, a pesar de esto, "ninguno de los grupos parlamentarios del Congreso ha apoyado de momento la apertura de una comisión de la verdad".
El caso español de las residencias no es una excepción en el mundo. En Irlanda, Amnistía Internacional también recuerda al Ejecutivo que no se establecieron las "investigaciones públicas que había recomendado una comisión parlamentaria creada en 2020 para examinar la gestión de la pandemia de covid-19" y que incluían investigar el alto número de muertes en los centros de mayores. "El Gobierno declaró que no llevaría a cabo el examen de su propia gestión hasta el fin de la pandemia", reconoce la ONG.
En Italia, al terminar 2021, no se había establecido ninguna comisión de investigación sobre las respuestas de las autoridades al covid-19 en las residencias. Asimismo, Amnistía denuncia que se siguió vulnerando el derecho a la vida privada y familiar con aislamiento prolongados y que se tomaron medidas disciplinarias y represalias contra el personal sanitario que mostró su preocupación por la "inseguridad" de las condiciones en estos centros.
Cabe resaltar que esta organización ya denunció en su informe de hace doce meses la "discriminación y violación del derecho a la salud" a las personas mayores en España. Y, en concreto, señaló "los protocolos de derivación de pacientes adoptados en Madrid [adelantados por infoLibre en 2020] y Cataluña, que recomendaban tratar a las personas de mayor edad con coronavirus en las residencias en lugar de trasladarlas a hospitales".
"La otra pandemia"
Además de lo sucedido en las residencias en España, en el texto correspondiente al periodo 2021/2022, Amnistía recuerda lo que ha denominado como "la otra pandemia": la falta de acceso adecuado a la atención sanitaria de personas con enfermedades crónicas, mayores y personas con problemas de salud mental. "Las autoridades no adoptaron las medidas suficientes para garantizar el derecho a la salud de toda la población", explica el documento que señala, en concreto, al "debilitamiento de los servicios de atención primaria" y la "falta de servicios de salud mental con recursos suficientes". Eso sí, la ONG destaca que el Gobierno impulsó en octubre de 2021 una estrategia nacional de salud mental "después de siete años sin ninguna".
También resalta la campaña de vacunación realizada en España que, entre otros logros, logró que las tasas de muerte en residencias se redujeran "drásticamente". No obstante, afea a las autoridades que "las personas extranjeras, especialmente las que estaban en situación migratoria irregular" se encontraron con "mayores obstáculos" para acceder a las vacunas por "la falta de protocolos claros sobre identificación y acceso a la información para estos grupos".
Amnistía Internacional sostiene que los éxitos de la vacuna "se vieron socavados por el nacionalismo egoísta y la codicia empresarial". "Países ricos como los Estados miembros de la Unión Europea, Reino Unido y EEUU acumularon más dosis de las que necesitaban, mientras miraban para otro lado cuando las grandes empresas farmacéuticas anteponían los beneficios a las personas negándose a compartir su tecnología y permitir una mayor distribución de las vacunas", asegura la ONG que recuerda que menos del 4% de la población que vive en países de ingresos bajos habían recibido la pauta completa al finalizar 2021.
Pero las farmacéuticas no fueron las únicas beneficiadas de la pandemia. Las redes sociales también proporcionaron "un terreno fértil" para las fakes news sobre las vacunas. Según expone la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, las tecnológicas, como Meta —propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp— o Twitter, "permitieron que sus lucrativos algoritmos difundieran desinformación perjudicial sobre la pandemia, dando prioridad al sensacionalismo y la discriminación frente a la verdad". Ante "la magnitud de las ganancias que obtuvieron" y el impacto que tuvieron los bulos "en la vida de millones de personas", estas plataformas deberían rendir cuentas.
La "doble vara de medir" con la migración
Amnistía Internacional también dedica parte de su informe con respecto a España a analizar la situación de los derechos de refugiados y migrantes. Aunque por tiempo no incluye la situación producida por la guerra en Ucrania, la ONG lamenta la "doble vara de medir" del Gobierno y, también, de parte de la sociedad que se está produciendo ahora y que ya se produjo tras la toma del poder por los talibanes en Afganistán. "No podemos un día acoger con los brazos abiertos a quienes escapan de la guerra, y al día siguiente golpear con extrema brutalidad a quienes saltan la valla en Melilla", explica Beltrán que también califica de poco "coherente" exigir a la UE "una respuesta coordinada" en el caso de Ucrania o de Afganistán mientras se llevan a cabo "devoluciones en caliente, incluso de menores, y justificarlo todo con el control migratorio".
Este organismo recuerda que España evacuó a más de dos mil personas de Afganistán, pero también que más de 22.000 llegaron por mar a las islas Canarias —unas 955 murieron ahogadas intentando llegar—, las más de 2.500 que devolvieron en mayo desde Ceuta a Marruecos de forma "ilegal" o los 55 menores no acompañados que el Gobierno obligó en agosto a regresar al país vecino. "Las autoridades españolas deben tomar una decisión sobre si quieren cumplir con el derecho internacional en sus fronteras, o si solo van a hacerlo cuando interesa más", reconoce Beltrán.
El informe también pone el foco en los centros de recepción. En concreto, en los de Canarias: "El hacinamiento y la precariedad —condiciones evitables debidas a la mala gestión y la falta de capacidad de acogida en las islas— causaron un sufrimiento innecesario a las personas refugiadas y migrantes, entre las que había un gran número de menores no acompañados".
La libertad de expresión y el derecho a la protesta siguen amenazas
Amnistía Internacional también critica en este documento que la libertad de expresión y el derecho a la protesta siguen amenazadas en España debido a que no se reformó y se siguió aplicando la denominada como ley mordaza. Asimismo, critica cómo se ha aplicado el Código Penal en casos como la condena y la entrada en prisión de Pablo Hásel por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona. Según la ONG, la única buena noticia fue la puesta en libertad de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart tras cuatro años en la cárcel por una "condena injusta por sedición".
El apartado del informe dedicado a España pone el foco en el excesivo e innecesario uso de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en la disolución de algunas manifestaciones. Además, Amnistía Internacional recuerda que aún están pendientes algunas investigaciones sobre el "uso ilegítimo de la fuerza" durante las protestas del 1-O en octubre del 2017 en Cataluña. Igualmente, el organismo insiste que el Comité Europeo para la Prevención de Torturas señaló "numerosas denuncias verosímiles de malos tratos por parte de funcionarios de prisiones y agentes de policía".
Exige mejoras en materias de igualdad y de vivienda
La ONG también pone deberes al Gobierno en materias de igualdad y de vivienda. En el primer caso, exige la aprobación del Proyecto de Ley de Garantía de la Libertad Sexual ya que en el 2021 persistió "la violencia contra las mujeres". No obstante, Amnistía afirma en su informe que organizaciones de trabajadores sexuales expresaron su preocupación ante algunas de las reformas que plantea esta legislación ya que podrían socavar sus derechos.
Asimismo, destaca que las mujeres siguieron teniendo dificultades para acceder a servicios de aborto dentro del sistema nacional de salud. En concreto, esta ONG expone que las mujeres entre 16 y 18 años siguen necesitando permiso parental y que siguen existiendo demasiados casos de "denegación por motivos de conciencia" entre los médicos.
Amnistía denuncia la “deficiente” investigación de la Fiscalía sobre las muertes de mayores en residencias
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En el segundo caso, pide que se dé luz verde cuanto antes al Proyecto de Ley de Vivienda. En este último caso, sería un avance histórico ya que el derecho a la vivienda no está "suficientemente protegido" en España.
Los tribunales siguen negando el acceso a la justicia a las víctimas del franquismo
Por último, Amnistía aplaude la puesta en marcha del proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo por parte del Gobierno. Sin embargo, y a pesar de este avance, subraya también que los tribunales continúan negándoles el acceso a la justicia.
En 2021, recuerda la ONG, el Tribunal Supremo dictó en febrero que el poder judicial no podía investigar los crímenes producidos durante el conflicto y la dictadura porque el plazo había inspirado y se quebrantaría el principio de legalidad y la Ley de Amnistía de 1977. En septiembre, el Constitucional rechazó un recurso de una víctima de torturas durante el franquismo ya que "España no tenía obligación de investigar" ya que "la prohibición de los crímenes de lesa humanidad no podía aplicarse con carácter retroactivo.
