Amnesia y amnistía comparten raíz griega. Y giran alrededor de lo mismo: el olvido. En el primer caso, por la pérdida de la memoria. En el segundo, por la decisión de hacer tabula rasa, de perdonar delitos y extinguir la responsabilidad de sus autores. Pocas veces este instrumento jurídico, cuyo origen se sitúa en la Antigua Grecia, había marcado tanto la agenda política. Es, de hecho, la gran exigencia independentista para facilitar la formación de Gobierno. Una concesión que la derecha ve intolerable. "Eso sería un exceso que los españoles no entenderían", apuntaba el coordinador general del PP, Elías Bendodo. "Nunca estará sobre nuestra mesa ni una amnistía ni un referéndum", resaltaba el secretario general de los conservadores en Cataluña, Santi Rodríguez.
Es cierto que la amnistía, cuyo encaje ha generado un enorme debate entre los juristas, apenas ha sido utilizada en nuestro país desde que se hizo caer la dictadura. Al fin y al cabo, como señaló en los ochenta el propio Tribunal Constitucional, "es siempre una institución excepcional" que implica "un juicio crítico sobre toda una etapa histórica". A ella se recurrió en 1977 para hacer borrón y cuenta nueva. Y cualquier paso en este sentido ha ido siempre enlazado a la norma de olvido impulsada en plena Transición. Así se hizo, por ejemplo, en 1984, cuando con una reforma se trataron de cubrir algunas lagunas que la Ley de Amnistía había dejado respecto a algunos luchadores por la democracia.
Pero aquel no ha sido el único proceso de perdón que se ha impulsado en nuestro país desde el derrumbe del franquismo. En los últimos cuarenta y seis años ha habido otros cuantos. Aunque, en este caso, de carácter fiscal. El último, en 2012. Oficialmente no se llamaba amnistía. Era un "programa extraordinario de regularización de activos ocultos". Aunque, en la práctica, implicaba lo mismo: el perdón a los defraudadores si hacían aflorar sus bienes y abonaban un 10% de impuestos. "El cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior determinará la no exigibilidad de sanciones, intereses ni recargos", resaltaba el real-decreto que se alumbró durante la primera etapa de Mariano Rajoy en Moncloa.
Los conservadores se habían opuesto frontalmente a cualquier cosa similar en 2010, cuando en plena crisis económica un diario dejó caer que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estaba trabajando en un plan para aflorar dinero negro –algo que nunca se aprobó y que se llegó a desmentir oficialmente desde el propio Ejecutivo–. "Es impresentable que se dé una amnistía fiscal a quienes han defraudado a Hacienda", llegó a decir María Dolores de Cospedal, entonces número dos del PP. Pero un par de años más tarde, nadie se acordaba ya en la formación conservadora de aquellas palabras. Fue el olvido que dio paso al perdón. En este caso, al perdón fiscal.
El Gobierno conservador se escudaba en la "situación límite" de la economía para justificar una amnistía a la que, no obstante, no podían acogerse todos aquellos –particulares y empresas– que estuviesen bajo investigación tributaria. Sí que podían hacerlo, sin embargo, quienes estuviesen ocultando su fortuna a través de testaferros, siempre y cuando antes los bienes se pusiesen a nombre del titular real. El Ejecutivo esperaba recaudar 2.500 millones de euros. Pero, al final, se quedó en la mitad. Tras una campaña que se prolongó durante cinco meses, se recaudaron, según las cifras oficiales, alrededor de 1.200 millones de euros. En total, 29.683 contribuyentes presentaron la declaración especial para acogerse a la amnistía por los activos ocultados en los ejercicios de 2008 a 2010.
Una lista bajo llave de la que han trascendido pocos nombres
Poco, o muy poco, se sabe de los nombres propios que se beneficiaron del perdón fiscal. La escasa información que se tiene al respecto es la que ha ido saliendo de procesos judiciales o investigaciones periodísticas. A la amnistía se agarró, por ejemplo, el exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato. "Yo era un ciudadano normal y que venía de vivir en el extranjero. Ese dinero pasó a ser mío cuando no residía en España. Había otra manera de tributar, pero pensé que la amnistía fiscal requería menos papeleo. Al final, ha resultado ser más difícil", explicaba Rato el pasado mes de mayo en una entrevista televisiva.
El extesorero del PP Luis Bárcenas fue otro de los que se agarraron a este mecanismo para regularizar activos procedentes de su empresa uruguaya Tesedul. No fue, sin embargo, el único caso que salió a la luz durante la investigación de la trama Gürtel. También se acogió a la amnistía Iván Yáñez, el extestaferro de Bárcenas. O los constructores Fernando Martín y Alfonso García Pozuelo, según informó en su momento la Agencia Tributaria al juez instructor. Y también Gonzalo Urquijo y Belén García, los arquitectos que hicieron la reforma de la sede del PP, pagada con fondos procedentes de la caja B del partido.
Los papeles de Panamá o los papeles de la Castellana, del mismo modo, pusieron sobre la mesa otros muchos nombres propios. Es el caso de la familia Escarrer, dueños del grupo hotelero Meliá. O el de los hermanos Jorge y Antonio Gallardo, principales accionistas de la farmacéutica Almirall, que regularizaron nada menos que 113 millones a través de la declaración especial que puso en marcha el Ejecutivo de Rajoy. No son, sin embargo, los últimos. Porque a lo largo de los últimos años han trascendido más identidades: Josep y Oleguer Pujol; Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin; José Ángel Fernández Villa, exresponsable del SOMA-UGT; Inés de Borbón-Dos Sicilias, prima del rey emérito; o Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa del exministo Miguel Arias Cañete.
Pero los nombres conocidos representan una parte ínfima de una lista que se encuentra bajo llave. Una información que la izquierda se comprometió a desvelar cuando estaba en la oposición. "Publíquela porque si no lo haremos nosotros cuando lleguemos al Gobierno", le decía Pedro Sánchez a Rajoy en 2015. Pero cuando el PSOE accedió al Ejecutivo, no tardó en echar el freno de mano. "No hay capacidad jurídica [para publicar la lista]", señalaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, días después de llegar al Ejecutivo. Lo que sí han hecho los socialistas, y esa era otra de las promesas de sus programas, es prohibir por ley "el establecimiento de cualquier instrumento extraordinario de regularización fiscal". Es decir, cortar el paso a cualquier futura idea similar.
Una situación "más favorable"
La amnistía del PP, la tercera en democracia –con los Gobiernos de Felipe González se impulsaron las dos primeras–, fue tumbada por el Tribunal Constitucional justo un año antes de que la moción de censura desalojara a Rajoy de la Moncloa. La decisión se adoptó por unanimidad. Técnicamente, la "excusa absolutoria", como la llegó a calificar un alto cargo del Ejecutivo conservador, cayó por la vía utilizada para su aprobación.
Aquel mecanismo de olvido vio la luz a través de un real-decreto. Se trata de una fórmula pensada para casos de "extraordinaria y urgente necesidad". Y que no puede afectar "a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos" regulados en el Título I de la Constitución. Pero la amnistía fiscal lo hacía. En concreto, afectaba al deber de los ciudadanos a contribuir "al sostenimiento de los gastos públicos" de acuerdo con "su capacidad económica" mediante un "sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad". De ahí su anulación.
Amnistía por la vía rápida o indultos a largo plazo: pros y contras de las dos vías para desjudicializar el 'procés'
Aquella sentencia apenas tuvo efectos prácticos. Al fin y al cabo, los magistrados cerraban expresamente la puerta a que pudieran ser revisadas aquellas regularizaciones que ya se habían llevado a cabo por esta vía. Sin embargo, fue un varapalo tremendo para el Gobierno de Mariano Rajoy. Y dejó algunos pasajes para la posteridad: "[La amnistía] viene a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir".
Hoy, seis años después, juristas como Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, creen que aquella sentencia puede "dificultar" un intento de amnistía como el que se plantea desde el independentismo. "Se podría considerar que atenta contra el principio de igualdad, por lo que tiene que se tiene que justificar muy bien esa ruptura de la igualdad. Y para ello hay dos opciones. La primera, alegando que la ley que se aplicó no se debería haber aplicado, lo que supone una crítica al Tribunal Supremo. La segunda, defendiendo un interés general", explica el jurista al otro lado del teléfono.
Pero mientras tanto, la idea de un borrón y cuenta nueva que desjudicialice de un plumazo el procés y abra la puerta a una nueva investidura seguirá ocupando, con toda seguridad, páginas de periódicos, minutos de tertulias y horas de debate político. Una "cesión" intolerable para la derecha. La misma que hace poco más de una década impulsó aquella amnistía (fiscal) de la que se beneficiaron decenas de miles de personas que habían escondido sus bienes al fisco. Pero aquello ya está olvidado. Será la amnesia selectiva que impera en política.
Amnesia y amnistía comparten raíz griega. Y giran alrededor de lo mismo: el olvido. En el primer caso, por la pérdida de la memoria. En el segundo, por la decisión de hacer tabula rasa, de perdonar delitos y extinguir la responsabilidad de sus autores. Pocas veces este instrumento jurídico, cuyo origen se sitúa en la Antigua Grecia, había marcado tanto la agenda política. Es, de hecho, la gran exigencia independentista para facilitar la formación de Gobierno. Una concesión que la derecha ve intolerable. "Eso sería un exceso que los españoles no entenderían", apuntaba el coordinador general del PP, Elías Bendodo. "Nunca estará sobre nuestra mesa ni una amnistía ni un referéndum", resaltaba el secretario general de los conservadores en Cataluña, Santi Rodríguez.