Amparo Botejara (Badajoz, 1956), responsable del área de Sanidad de Podemos, tiene la vista puesta en el 1 de octubre, fecha prevista para unas jornadas en el Congreso sobre "desprivatización" del sistema sanitario. Para entonces, quiere tener avanzado un acuerdo con el PSOE para cambiar la ley sanitaria de 1997 de José María Aznar (PP), que a su juicio ha sido clave para el deterioro del sistema público a beneficio de los intereses privados.
Es uno de los asideros que encuentra para el optimismo dentro de un diagnóstico sombrío. Botejara, médica de familia, lanza críticas al funcionamiento del "escuálido" Ministerio de Sanidad y a su titular, Carolina Darias (PSOE), cuyo desconocimiento del sistema ve "abrumador". Cree que la sanidad pública sale "mal" de la pandemia y afirma que las "enormes" listas de espera y la saturación de la atención primaria hacen "facilísimo" que los intereses privados "parasiten el sistema". Su advertencia es clara: si PSOE y Unidas Podemos no actúan ahora, "nuestro sistema sanitario irá poco a poco transformándose en un oligopolio" liderado por Fresenius.
En una entrevista con infoLibre, Botejara anuncia que Unidas Podemos llevará a la negociación de los presupuestos de 2022 dos medidas: la supresión de las desgravaciones por seguros sanitarios privados y el ingreso en el sistema público, no en las mutuas, de los nuevos funcionarios.
PREGUNTA: ¿Cómo sale la sanidad pública de la pandemia?
RESPUESTA: Mal. Y no lo digo como política, sino como trabajadora de a pie de atención primaria. Lo vivo a diario. Salimos bastante mal, pero no sólo por la pandemia. Ya estaba mal antes. Tenemos un grave déficit de profesionales por la mala política de no fidelizar a la gente que estamos formando. Entonces se marchan, porque les damos contratos de dos meses.
P: ¿Habla de Extremadura, donde usted trabaja, o en general?
R: Está absolutamente generalizado. Llevamos una proposición no de ley [PNL] al Congreso para acabar con la precariedad laboral de los profesionales. Se aprobó, pero ahí se quedó. No se dio ningún paso más en el Consejo Interterritorial de Salud.
P: ¿Es culpa del Gobierno o de las comunidades autónomas?
R: La culpa hay que repartirla. Esta dicotomía de "no, es que es el Gobierno; no, es que es la comunidad" es muy cómoda. A nadie le toca. Es parte del perjuicio al sistema que provoca un ministerio tan débil. Está cada vez más escuálido. Pongo un ejemplo. La Alta inspección sanitaria, fundamental para el sistema, se ha ido adelgazando cada vez más. Pero si ves el artículo 76 de la Ley 16/2003 [de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud] se define entre sus funciones la de controlar el uso de fondos y subvenciones asignados a las comunidades. ¿No debería ese cuerpo haber supervisado los fondos llegados con la pandemia? Con esa supervisión, ¿no se hubieran hecho las cosas de otra manera, por ejemplo en la Comunidad de Madrid? Lo hemos dicho de todas las maneras posibles. Pero a nosotros se nos oye poco. Hay herramientas que no se utilizan. Pero, claro, en política he aprendido que no hay nada casual. Se debilitan las estructuras cuando se quiere que lo público no funcione.
P: ¿Es el caso del Gobierno? Habla de la Alta Inspección estatal.
R: El Ministerio de Sanidad viene debilitándose desde hace muchos años. Esto, ¿qué lógica tiene? Pues que así los negocios cuesta menos trabajo hacerlos. Hay mucho dinero en juego. Siempre digo que poner a un responsable que no conozca el sistema sanitario es una barbaridad. Mientras las personas al mando no tengan conocimiento del sistema sanitario, los negocios son más fáciles.
P: ¿Se refiere al exministro Salvador Illa?
R: A todos salvo a Carmen Montón y María Luisa Carcedo, las dos excepciones. Del PSOE y del PP. El nombramiento de Illa ya nos sorprendió, pero el desconocimiento del sistema de esta ministra [Carolina Darias] es abrumador. Lo habitual es que la persona que se pone para solucionar los problemas de salud de la población no tenga conocimiento del sistema.
P: ¿Sobran políticos y faltan sanitarios dirigiendo el sistema?
R: No se trata de "o político o sanitario". Hace falta conocer más el sistema. Es verdad que hay cargos que deben estar más despolitizados. Yo he vivido que las responsables de enfermería de las alas las cambien según el partido. Eso ha hecho mucho daño.
P: Tras el golpe de la pandemia, pareció formarse un consenso sobre dos grandes necesidades: una, reforzar la sanidad pública, especialmente la atención primaria; dos, un sistema de salud pública preventivo más fuerte. ¿Qué se ha hecho?
R: Nada. Pero vamos, ni siquiera los 1.088 millones que venían en los Presupuestos Generales del Estado, por los que mi compañera Rosa [Medel] ha preguntado creo que siete veces a la ministra [Carolina Darias] y nadie sabe dónde están. No nos contestan nunca. Se ha dicho hasta la saciedad que hay un problema en atención primaria y no se ha hecho nada.
P: ¿Qué balance hace de la gestión de la pandemia?
R: A posteriori, es fácil. Creo que dimos una buena respuesta porque tenemos unos muy buenos profesionales. Al principio, con el confinamiento, se actuó con gran valentía. En el aspecto negativo, hemos visto un sistema poco cohesionado, porque el ministerio está muy debilitado.
P: La reclamada auditoría para evaluar cómo se ha actuado y mejorar no se ha realizado.
R: Es pronto todavía. Hay que dejar que la experiencia sedimente para aprender. Lo que sí podemos decir ya es que los recursos de la sanidad pública deben estar mejor dotados, que hay que reforzar la atención primaria. Es clave desarrollar las funciones de la atención primaria.
P: ¿Por qué?
R: Para proteger la salud de la población yendo en contra de la medicalización de la sociedad, que es lo que da negocio. Ahí es donde se hace más caja. Con una atención primaria fuerte, los negocios con la salud son menores. Cuando te fijas en cómo funcionan las cosas, al final ves que están más diseñadas de lo que parece. Un ejemplo: en mi área de salud, los mayores recursos contra la obesidad no van a controlar, prevenir o solucionar la obesidad, sino a la cirugía bariátrica [cirugía contra la obesidad].
P: Ha tenido gran repercusión el caso de Olatz Vázquez, una joven de 27 que falleció por un cáncer gástrico tardíamente diagnosticado. ¿Se está subestimando el impacto de la pandemia en estas víctimas indirectas?
R: Sí, está infravalorado. Esto lo hemos vivido y aún lo vivimos. Hay mucha gente con miedo. Las listas de espera son enormes. El sistema no está normalizado. Le queda bastante para normalizarse.
P: ¿Puede enquistarse la anomalía y que la normalización no llegue?
R: Sí. Sobre todo la atención primaria, que antes estaba deteriorada y sale más deteriorada. O lo afrontamos bien, y ahora mismo no veo yo ánimo político, o esto se nos va. Porque la presión de la dinámica de la medicalización del sistema es mucho mayor que la defensa de la salud.
P: Dos fenómenos pueden favorecer la penetración de los intereses privados: las listas de espera y saturación de la atención primaria. ¿Se dan las condiciones para que la sanidad privada haga su agosto?
R: Lo ha hecho y lo sigue haciendo. El aseguramiento ha subido de forma importantísima. Si el sistema público no te resuelve el problema, recurres a otras opciones. Es una dinámica que conocemos todos. Y hay gestores y políticos que se creen lo que les dicen las aseguradoras o la Fundación IDIS, ese discurso de "echarle una manita a la sanidad pública" y ahorrarle 7.000 o hasta 9.000 millones. Lo sangrante es que hay políticos que se creen esas premisas, que son falsas. Todas esas personas en el aseguramiento privado, con alguna excepción, acaban en la pública, que es la que al final le resuelve el problema. La parasitación del sistema es facilísima. Entre que la sanidad está transferida y el ministerio no mira lo que pasa...
P: ¿Es partidaria de devolver competencias sanitarias?
R: No hace falta. Lo que sí es necesario es un trabajo bien hecho en un sistema cohesionado, en el que funcione la Alta inspección. Si no tienes mecanismos de control, que vigilen la calidad de los servicios, se deteriora. Eso no significa devolver competencias
P: ¿Podemos defiende la supresión de las desgravaciones por los seguros sanitarios privados?
R: Sí, lo llevamos a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Es una línea fundamental. Tenemos firmado el fortalecimiento del sistema sanitario público ["avanzaremos en el blindaje de nuestro sistema público de salud", dice el programa de gobierno de PSOE y Unidas Podemos]. Si queremos fortalecerlo, no podemos permitir más las desgravaciones por seguros de salud privados. Además, llevamos una propuesta sobre mutualidades de funcionarios.
P: ¿Quién se beneficia de esas desgravaciones que quieren suprimir?
R: Actualmente se benefician las empresas y los autónomos, con 500 euros de desgravación anual en el IRPF. Lo que pretendemos es el beneficio de la hacienda pública y el sistema sanitario público.
P: ¿Es la primera vez que llevan la supresión de estas desgravaciones a la negociación con el PSOE?
R: Sí, sí.
P: Cuando se negoció el acuerdo de gobierno, ¿no se abordó?
R: No lo pusimos encima de la mesa.
P: ¿Detona esta reivindicación haber conocido el incremento de los seguros de 2020?
R: Claro.
P: ¿En qué consiste la propuesta sobre mutualidades de funcionarios?mutualidades de funcionarios
R: La hemos registrado ya en el Congreso. La propuesta es muy fácil y no es ninguna revolución. Se trata de que las personas que entren a formar parte del cuerpo de funcionarios entren al sistema sanitario público. No nos parece correcto que haya 2 millones de personas que crean una clara inequidad, con opciones que el resto de la población no tiene como 20 consultas de psicólogo al año o una habitación individual con cama para acompañante. Las mutualidades provocan una inequidad que no comprendemos. Nuestra propuesta no tiene por qué enfadar a nadie. No se va a tocar ningún derecho adquirido. Simplemente, las personas que entren a formar parte del funcionariado van al sistema público. Es fácil. No entendemos el no.
P: ¿Qué "no" habéis recibido? ¿Esto sí lo llevó Unidas Podemos a la negociación del programa?
R: Esto sí lo llevamos. No salió.
P: El programa sí recoge que "se revisará la Ley 15/1997", que según ustedes facilita la privatización. ¿Cómo va el cumplimiento de este punto?Ley 15/1997
R: Muy bien. Bastante adelantado. El 1 de octubre vamos a celebrar una jornada en el Congreso sobre la desprivatización del sistema sanitario. Es momento de revisar la ley y cerrar la puerta que abrió Aznar para que la sanidad fuera un negocio. O damos ahora este paso o no se va a dar. No podemos perder ni un minuto. El tiempo se nos acaba. Es mi sensación. ¿Que después hay otra oportunidad? Pues estupendo. Pero la que tenemos ahora hay que aprovecharla o nuestro sistema sanitario irá poco a poco transformándose en un oligopolio.
P: ¿Cuáles serían los agentes principales de ese oligopolio?
R: Su agente principal sería Fresenius, con tres ramas en España: Helios, que son todos los quirones, Medicalcare y Kabi. Cada vez se expande más. Fresenius tiene hospitales (los quirones) centros de salud laboral y centros sanitarios que se van expandiendo mediante conciertos. Quien no lo vea es que no quiere verlo.
P: ¿Qué forma adquirirá la revisión? ¿Proyecto de ley del Gobierno? ¿de los grupos?
R: No puedo decir aún.
P: ¿No va a haber una derogación?
R: No, haremos lo que dice el programa. Revisar, no derogar.
P: ¿Cuál es el modelo para la desprivatización?
R: No hay que ir muy lejos para ver posibilidades. Una de las mesas de las jornadas que vamos a celebrar en el Congreso es sobre cómo se está desprivatizando en la Comunidad Valenciana.
P: ¿Ese es el ejemplo a seguir para la desprivatización?
R: Hay fórmulas diferentes. También se puede establecer un número de profesionales mínimo por cama para públicos y privados. Si pones unos requisitos de calidad obligados, a lo mejor los negocios no lo son tanto e interesan menos las concesiones. Imposible no pedimos nada. Somos racionales. Vamos a lo posible.
P: ¿Cuándo estará terminada esa revisión?
R: Muy pronto. Calculo que un mes después de las jornadas [1 de octubre] lo tendremos cerrado.
P: ¿Unidas Podemos y PSOE reman juntos en este tema?
R: Deberíamos, y el compromiso es remar juntos.
P: ¿Está la sanidad pública demasiado expuesta a los intereses y la influencia de las farmacéuticas?
R: Es que la formación de nuestros profesionales la tiene la industria farmacéutica, cuando la debería llevar la Administración Pública. Es algo claro, que sabe todo el mundo.
P: Otro punto del programa: "Incrementaremos los recursos destinados al Sistema Nacional de Salud, alcanzando [...] el 7% del PIB en 2023".
R: Con la pandemia... Hay que echar otras cuentas
P: Unidas Podemos ha presentado una ley de salud mental con ratios mínimos de profesionales. ¿Por qué es necesaria?
Podemos celebrará en octubre un gran foro de debate para rearmarse y relanzar su agenda política
R: Es la segunda vez que la presentamos. Ahora volvemos a presentarla mejorada, más trabajada. La salud mental es el área más deficitaria de la sanidad. Lo decíamos antes de la pandemia y se ha multiplicado ahora. Los problemas de salud mental hay que abordarlos de otra manera, no sólo con pastillas. Los equipos comunitarios tienen que estar formados y con recursos suficientes.
P: ¿Se les ha adelantado Más País con la causa de la salud mental?
R: Ese tipo de cosas nos dan exactamente lo mismo. Con este problema llevamos desde el principio. Si alguien ayuda, perfecto. No nos peleamos por quién llega antes. No estamos para eso. No nos interesan los sillones y cargos políticos, sino ayudar.
Amparo Botejara (Badajoz, 1956), responsable del área de Sanidad de Podemos, tiene la vista puesta en el 1 de octubre, fecha prevista para unas jornadas en el Congreso sobre "desprivatización" del sistema sanitario. Para entonces, quiere tener avanzado un acuerdo con el PSOE para cambiar la ley sanitaria de 1997 de José María Aznar (PP), que a su juicio ha sido clave para el deterioro del sistema público a beneficio de los intereses privados.