28 de junio de 2020. La primera ola del coronavirus ya empezaba a pisar el freno, pero la pesadilla que comenzó para los residentes en centros de mayores y sus familias continuaba. Ese día, la Generalitat de Cataluña retiró a la empresa Eulen la gestión de dos residencias de Barcelona: Bertrán i Oriola y Mossèn Vidal i Aunòs. El motivo, las "diversas irregularidades detectadas en la gestión de estos centros y la atención a las personas usuarias durante la emergencia sanitaria del covid-19", según informó el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. No se especificaron dichas "irregularidades". Se utilizó ese término sin más concreción. Pero fueron "muy graves". Al menos, en el caso de la primera residencia: Bertrán i Oriola, cuya gestión en estos momentos corre a cargo de Hermanas Hospitalarias Hospital Mare de Déu de la Mercè.
infoLibre ha tenido acceso a un documento de la Fiscalía Provincial de Barcelona donde se detallan todas esas irregularidades graves cometidas en el geriátrico Bertrán i Oriola: el centro no registraba "las constantes básicas de los residentes" ni "los cambios posturales, deposiciones, alimentación ni administración de la medicación"; tenía habitaciones con el nombre del residente equivocado; los mayores que fueron derivados al hospital "presentaban síntomas de deshidratación", y "no era posible el contacto telefónico con la centralita de la residencia". Un catálogo de actuaciones que muestra el "caos", tal y como lo califica María, una familiar que prefiere no dar su nombre real, de lo vivido en el centro durante la primera ola de la crisis sanitaria.
El inicio: del todo está bien al caos
"Ya teníamos quejas de la residencia, pero como estábamos los familiares, pues podíamos ir supliendo las carencias que pudiera haber", relata María. El problema llega cuando el centro echa la persiana, el día 12 de marzo, cuando el covid empezaba a convertirse en una verdadera crisis sanitaria. Isidro —otro familiar que también prefiere utilizar un nombre ficticio— lo recuerda igual. "Era un desastre. Se hicieron recortes de personal y con la calidad del servicio. El covid fue la puntilla", lamenta.
Con las puertas y las ventanas cerradas, los familiares dejaron de ver lo que ocurría dentro del centro. Y comenzó la angustia. "Nos decían que todo estaba perfecto, pero los familiares nos empezamos a preocupar y a llamar. El día 18 empiezan a llegar rumores de que hay dos gerocultores contagiados. Ya entramos en pánico", recuerda María. Pero la respuesta de la residencia seguía siendo la misma: estaba todo controlado.
Algo más de tres meses después, se vio que no. El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat publicó una nota de prensa con la que anunció que retiraba a Eulen de la gestión del centro de manera cautelar, "hasta la resolución definitiva de los expedientes sancionadores abiertos por diversas irregularidades detectadas en la atención a los usuarios". La resolución se dictó el 3 de junio por "una presunta infracción grave y por cinco presuntas infracciones muy graves que pueden ser sancionadas con multa de 4.000 euros por la infracción grave y con multa de 7.900 euros por cada una de las muy graves, además de la suspensión total de la prestación de servicios por un periodo de cuatro años por cada una de las infracciones", informó el departamento que dirige el conseller Chakir el Homrani.
Pero la cosa venía de antes. Tal y como informó el Departamento, el 26 de abril ya intervino la residencia y sustituyó "temporalmente" a Eulen por otra entidad gestora, "con el objetivo de reconducir la situación en la que se encontraba el centro".
Las sospechas de los familiares fueron confirmándose. "Yo soy muy tozuda y seguí machacando porque sabía que aquello no iba bien", relata María. "Me enteré de que en la planta del centro de día bajaban camillas con los mayores contagiados y de que nadie llevaba mascarillas ni guantes porque podían asustar a los ancianos. No tenían personal, no los levantaban de la cama ni les daban la medicación ni de comer", cuenta, unas palabras que suscribe Isidro. Según sus propios cálculos, en la residencia han fallecido unos 42 ancianos, aunque los datos oficiales hablan de otros números.
Como informó infoLibre en el marco de la investigación llevada a cabo sobre la gestión de las residencias, Eulen Servicios Sociosanitarios explotaba en Cataluña siete centros que son propiedad de la Generalitat y cuya gestión le fue adjudicada mediante concurso. En total, entre marzo y abril, se registraron en esos geriátricos 44 fallecidos, lo que equivale al 8,3% en relación a sus 532 plazas. La mayoría de las muertes se acumularon, precisamente, en Bertrán i Oriola (19 decesos por covid sólo en los meses de marzo y abril) y Mossèn Vidal i Aunòs (17). Este centro, según el Departamento de Trabajo de la Generalitat, fue sancionado por "una presunta infracción muy grave, que puede ser sancionada con una multa de 7.000 euros, además de la suspensión total de la prestación de servicios por un periodo de cuatro años".
La administradora única de Eulen es María José Álvarez Mezquíriz, una de las mujeres más ricas de España y que lleva una década en guerra con sus hermanos por el control de esta compañía y de la bodega Vega Sicilia.
Sin registros, habitaciones equivocadas y deshidratación
La Generalitat nunca especificó las faltas "graves" ni las faltas "muy graves" que se cometieron. La residencia tampoco. Pero una denuncia de un familiar lo ha desvelado. infoLibre ha tenido acceso a un documento de la Fiscalía Provincial de Barcelona en el que se archiva una denuncia interpuesta por un familiar de un anciano residente en el centro porque "los hechos denunciados no son constitutivos de delito" al ya haber sido "declarado por la propia Generalitat de Catalunya el funcionamiento anormal del centro residencial". Pero da detalles. Según el escrito, el centro fue sancionado por cinco infracciones "muy graves":
"1. No se registraron las constantes básicas de los residentes.
2. No se registraron los cambios posturales, deposiciones, alimentación ni administración de la medicación.
3. Figuraban habitaciones con el nombre del residente equivocado.
4. Los residentes que fueron derivados al hospital presentaban síntomas de deshidratación y, en una analítica de una usuaria, insuficiencia renal.
5. No era posible el contacto telefónico con la centralita de la residencia"
Tanto María como Isidro aseguran que eso fue real. "No los levantaban de la cama, les daban de comer y les cambiaban una vez al día...", lamenta ella. "Mi padre no murió de covid, sino de dejadez, de desnutrición y de deshidratación", añade Isidro, que denuncia que en la residencia "estaban bajo mínimos".
Según el documento de la Fiscalía, "las graves irregularidades en el funcionamiento y organización del servicio pusieron en riesgo el derecho de las personas atendidas a recibir una atención personalizada de acuerdo con sus necesidades específicas", lo que llevó a la Generalitat a nombrar a "un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial así como cambiar de entidad gestora", una medida que llegó con la imposición del expediente sancionador, recurrido por Eulen. Según la Fiscalía, ese recurso "está pendiente de resolver".
infoLibre preguntó a la empresa qué se alegó en ese recurso, así como si se interpusieron otros relativos a las actuaciones de la Generalitat con respecto a este centro y al Mossèn Vidal i Aunòs y en qué situación se encuentran. Pero Eulen ha declinado hacer declaraciones.
Un "cambio estructural de modelo"
El Moviment de Residències de Catalunya, una plataforma recién creada a partir de la unión de varios colectivos de familiares de residentes, declara a infoLibre que el problema es el modelo. "Esta pandemia ha dejado al descubierto las deficiencias que asociaciones y plataformas hace muchos años denunciamos. Si para algo ha servido esta crisis tan lamentable, ha sido para evidenciar que el sistema de cuidados no funciona y necesita un cambio radical", exponen. Y este debe empezar, dicen, por retirar a las grandes empresas de la gestión de los centros dedicados a los mayores. "No podemos seguir permitiendo que estos servicios sean un negocio para las empresas privadas, pagadas con dinero público. Estas empresas responsables de la gestión de los centros residenciales, a menudo están expedientadas por causas muy graves y siguen generando beneficios de la precariedad y baja calidad de vida de los usuarios", denuncian.
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"Los responsables del Departament d'Afers Socials i Familia de la Generalitat de Catalunya deberían dar explicaciones urgentemente y tomar medidas ejemplares para impedir que este tipo de empresas puedan seguir lucrándose. Además, deberían responder ante la justicia por haber ocultado y permitido hechos tan graves", dicen desde la plataforma, que apuestan por la construcción de residencias públicas de gestión 100% pública, por modificar el criterio de adjudicación a empresas gestoras, por reducir el número de personas que viven en unidades de convivencia o por aumentar el personal técnico.
Puedes leer a continuación el conjunto de reivindicaciones de la plataforma: