La Junta de Andalucía se ha visto obligada a paralizar todas las expropiaciones que tenía en curso tras la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central contra la Ley Antidesahucios aprobada en mayo por el Parlamento de Andalucía. Dicha impugnación fue presentada por el Gobierno central el día 9 de julio y admitida a trámite dos días después.
De esta manera, la suspensión cautelar del decreto afecta a los 12 procesos de expropiación temporal que ya se habían iniciado, a los que se suman los seis nuevos expedientes que publica hoy el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y que atañía a seis domicilios de las provincias de Sevilla y Almería. Todas estas expropiaciones quedan sin validez administrativa, según han confirmado fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta.
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La decisión de la Junta viene provocada por el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Antidesahucios aprobada en mayo por el Parlamento de Andalucía. La admisión a trámite de este recurso, anunciada el día 11 de julio por el Alto Tribunal, suspende de forma cautelar la legislación, que regulaba la posibilidad de expropiar de forma temporal (durante tres años) el derecho de uso de una vivienda que previamente hubiera sido embargada por una entidad financiera, lo que otorgaba a las familias en riesgo de desahucio un tiempo extra antes de abandonar el domicilio.
La Junta de Andalucía se ha visto obligada a paralizar todas las expropiaciones que tenía en curso tras la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central contra la Ley Antidesahucios aprobada en mayo por el Parlamento de Andalucía. Dicha impugnación fue presentada por el Gobierno central el día 9 de julio y admitida a trámite dos días después.