La Junta de Andalucía acusa a Rajoy de recurrir el decreto antidesahucios para apoyar a la banca

Una vez que el PP no votó en contra del decreto antidesahucios andaluz en el Parlamento regional, la Junta, y especialmente IU, sintieron un cierto alivio, porque esa actitud parecía alejar la posibilidad de un recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. Pero al final no ha sido así. El Consejo de Ministros decidió hoy viernes presentar la impugnación, como adelantó en la rueda de prensa posterior la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. El recurso enfureció al Ejecutivo andaluz. 

Así, la consejera de Presidencia e Igualdad, la socialista Susana Díaz, exigió al Gobierno que explique "a las claras" por qué ha decidido impugnar el decreto antidesahucios que ya está aplicando la Junta y que prevé la expropiación del uso social de la vivienda. También inquirió qué "encierra el rescate bancario, que le obliga a tomar una medida tan injusta y dolorosa para muchas familias que pueden perder sus casas y verse en la calle". La mención a la banca tiene más que sentido, ya que ese ha sido el aspecto más polémico del texto, el sistema de sanciones de hasta 9.000 euros para las personas jurídicas, bancas o inmobiliarias que no arrienden sus inmuebles vacíos. 

En un comunicado, Díaz, mujer de la máxima confianza del presidente, José Antonio Griñán, calificó la decisión del Consejo de Ministros de "lesiva para las personas que peor lo están pasando y más lo necesitan" y acusó al Gobierno de ponerse "del lado de los mercados y de la banca", dando así "la espalda a los ciudadanos". 

"Llama poderosamente la atención la falta de sensibilidad" del Ejecutivo de Mariano Rajoy "ante el drama de los desahucios", sostuvo, para preguntarse "cómo va a poder mirar a la cara a la gente que está pagando las consecuencias más dañinas de esta crisis recurriendo esta medida, mientras al mismo tiempo inyecta 41.000 millones de euros" a las entidades financieras, procedentes del rescate bancario suscrito con la Unión Europea, cuyo contrato se plasmó en el memorándum de entendimiento (MoU). Memorándum que jamás pasó por el Congreso para su aprobación. 

Cortés: "Grotesca operación" y "excusas falsas"

Díaz defendió la constitucionalidad del decreto andaluz, su "sólido anclaje jurídico" y su plena legalidad. Además, puso en evidencia el "mal lugar" en el que el Gobierno de Rajoy deja al PP andaluz. "No sólo no votó en contra de la convalidación del decreto en el Parlamento, sino que sus dirigentes defendieron públicamente que no se recurriera" por parte del Ejecutivo. Las divergencias entre los dos PP sirvió a la consejera para pedir a los conservadores andaluces que se "sumen" a la Junta, "a los partidos y a las organizaciones sociales para defender una norma que propugan la Justicia social". Al líder del PP regional, Juan Ignacio Zoido, le reclamó "dar la cara por los andaluces y no refugiarse en el silencio cómplice". 

En cascada se fueron produciendo más reacciones. Entre ellas, la de la titular de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), departamento en el que se redactó la norma. La consejera acusó al Ejecutivo central de fabricar "excusas falsas" y de montar "una grotesca operación para cargarse de supuesta razones en base a las apreciaciones de la Comisión Europea". En línea con lo expresado por Díaz, aseguró que "supone un ataque frontal a la autonomía y a la soberanía andaluzas con el único objetivo de defender los intereses de las entidades financieras". "Se pone al servicio del totalitarismo financiero, intentando dejar fuera de la legalidad las políticas alternativas al neoliberalismo, algo que no va a conseguir". 

Cortés subrayó, como ha venido haciendo desde abril, cuando el Consejo de Gobierno aprobó el texto, el encaje legal de la medida, que "da respuesta a la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda". El decreto ley, defendió, es efectivo y "funciona". Y seguirá "plenamente vigente" hasta que el TC no admita a trámite la impugnación del Gobierno. Pero una vez sea así, la suspensión será automática. "De ninguna manera va a torcer la voluntad de la Consejería de Fomento y del Gobierno andaluz de defender el derecho humano a la vivienda, así como su función social, y de hacer políticas al servicio de la mayoría trabajadora, castigada por las salvajes políticas de recortes impuestas por la troika y por el Ejecutivo de Rajoy", remachó, en declaraciones a Europa Press. 

"Los hombres de negro de la troika mandan en el Gobierno"

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), cargó las tintas contra el presidente y contra Zoido, a los que responsabilizó de todos los desahucios que haya en Andalucía a partir de ahora. Dijo sentir "vergüenza" por un Gobierno que se "escuda" en Europa para tomar la decisión de ir al TC. "Se demuestra que los hombres de negro de la troika mandan en el Gobierno de Rajoy", señaló. Después llamó al líder del PP andaluz "zombi político" y constató que los 50 diputados conservadores en el Parlamento regional "no sirven para nada" al no poder imponerse a la Moncloa. 

Valderas, como hizo también el nuevo coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, hizo un llamamiento a la movilización del pueblo andaluz. "Nos jugamos mucho, la dignidad de la población ante el acceso y la conservación de un derecho que no puede ser sustraído por otras consideraciones", dijo Maíllo, quien destacó la importancia de tejer "una alianza social por la vivienda". 

PP andaluz: el Ejecutivo de Rajoy ha "cambiado de postura"

El PP andaluz intentó capear el temporal como pudo. La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos, Alicia Martínez, atribuyó la impugnación a un "cambio de postura" del Gobierno central, que se debe a la "sinrazón" en la que está "instalada el bipartito" al reivindicar una norma que "no tiene alcance ninguno para solucionar los problemas de vivienda que atraviesan las familias en situación de vulnerabilidad" y además sobrepasa las competencias de la comunidad. Martínez consideró "lógico" el anuncio de Santamaría había cuenta de que los conservadores presentaron 82 enmiendas al decreto y PSOE e IU no aprobaron "ninguna". La tramitación de la norma –que se convalidó y que luego se convirtió en proyecto de ley– aún no ha concluido. 

Sin embargo, desde que se aprobó en Andalucía el decreto ley, el Gobierno de Rajoy nunca ocultó que había puesto a trabajar a los servicios jurídicos del Estado a fin de buscar lagunas en el texto andaluz para presentar un recurso ante el TC, informa Yolanda González.

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El Consejo de Ministros ya tiene todo listo para el recurso. Antes, solicitará dictamen del Consejo de Estado "en el plazo extraordinario de tres días". El Gobierno, en su referencia, arremete contra la expropiación del uso social de la vivienda y alega que el texto andaluz es inconstitucional por "regular el contenido esencial del derecho a la propiedad", cuando esta es una materia vedada para los decretos leyes y el Estado es el que tiene la competencia. 

Además, discrepa de las sanciones que se imponen a los propietarios de viviendas vacías que no hayan alquilado (entre ellos, los bancos), "sin que resulte acreditado que el propietario dispuso de condiciones y oferta mínimamente razonables para alquilar, cuando en nuestro ordenamiento no puede establecer una responsabilidad penal o administrativa sancionadora al margen del principio de culpabilidad". Por último, el Gobierno carga contra la disposición adicional segunda, por establecer una discriminación arbitraria entre los propietarios de viviendas incursas en procedimientos de desahucio, pues sólo expropia el derecho de uso de la vivienda por tres años a entidades financieras [...] y no al resto de propietarios que incurran en el mismo supuesto de hecho".

Santamaría, en fin, explicó que Andalucía establece una "regulación contraria al principio de igualdad". La vicepresidenta reconoció que el Gabinete ha tenido en cuenta "los razonamientos que ha manifestado la Unión Europea y su preocupación por la norma", pero a la hora de presentar el recurso se ha guiado sólo or la normativa constitucional.