2014, el año en que los ciudadanos despertaron ante la corrupción

El diccionario a veces parecía quedarse corto, y hubo meses en los que no había semanas ni días sin que aflorase alguna noticia sobre corrupción. Algún nuevo escándalo que golpease las conciencias de unos ciudadanos que empezaron a acusar como nunca el hastío contra una clase política (o parte de ella) dedicada al pillaje de las arcas públicas durante años. Y, en algunas ocasiones, hasta hace bien poco. 

Nóos, Púnica, Pujol, Bárcenas, Bankia, tarjetas black, ERE, BrugalNóosPúnicaPujolBárcenastarjetas blackEREBrugal... Por no hablar de delitos: blanqueo, prevaricación, malversación, defraudación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental... La lista podría seguir. Casos destapados por jueces y fiscales, a veces por la prensa, que llevan tiempo de andadura. Años incluso. Muchos están llegando al fin de la instrucción, después de impugnaciones, trabas y limitaciones de una Justicia nada sobrada de recursos y medios técnicos y humanos. Nombres propios que han hecho que la ciudadanía viva cada escándalo con alarma. Ahí está el barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): a un 63,8% de los españoles les inquieta la corrupción. La segunda preocupación tras el paro. Jamás antes, en la reciente historia democrática, se había alcanzado una cota tan alta. Ni siquiera en los peores años 90, en el epílogo de los Gobiernos de Felipe González.

La corrupción ha ido engordando en todas las esquinas del poder: desde la Casa del Rey, hasta en los Gobiernos de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, y también en entidades financieras que luego han tenido que ser rescatadas con millonarias sumas de dinero público. Escándalos a veces obscenos, como las tarjetas black, que ejemplificaron como ningún otro el tren de despilfarro y lujo en una caja que se hundía irremediablemente por la mala gestión. 

La imagen de la prisión

En 2014 ingresaron en la cárcel el expresidente balear Jaume Matas, el exsenador y exconsejero madrileño Francisco Granados, el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el exalcalde de Parla José María Fraile, la tonadillera Isabel Pantoja... Por poner unos nombres. Y siguen entre rejas el extesorero del PP Luis Bárcenas y el expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán. Tuvieron que dimitir la ministra Ana Mato y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y la infanta Cristina recibe presión desde distintos frentes para que renuncie a sus derechos dinásticos ahora que está procesada. Un joven, el pequeño Nicolás, está dejando al descubierto las flaquezas de seguridad de altas instituciones del Estado y abriendo una guerra dentro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Está por ver en qué se traduce el alto índice de hartazgo ciudadano. Hasta ahora, apenas se castigaba la corrupción en las urnas. Pero 2015 es año electoral: autonómicas y municipales en mayo y generales en el otoño. No hay previsiones claras, más allá del desgaste abrumador del PP, la tímida recuperación del PSOE y el empuje de Podemos, que ha logrado captar buena parte de esa indignación y malestar. 

01. 'nóos' ENVÍA A LA INFANTA AL BANQUILLO

La hermana del rey se sentará en el banquillo de los acusados. Fue el broche del caso Nóos, una investigación que se ha prolongado cuatro años y cinco meses, después de que el juez José Castro abriera una pieza separada en la macrocausa del Palma Arena. Y la infanta Cristina, después de múltiples recursos, de idas y venidas del juzgado a la Audiencia Provincial, y de la ayuda prestada por el aparato del Estado a través de la Fiscalía, no se pudo zafar. Ella deberá responder ante un tribunal de Palma acusada de dos delitos fiscales en 2007 y 2008 en cooperación con su marido, Iñaki Urdangarin, porque el instructor cree que hay indicios de que formó parte del entramado corrupto en torno al Instituto Nóos. El auto consideró así que la infanta fue figura indispensable para que su esposo pudiese defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de esos años. 

El juez tiene ahora el apoyo de la Audiencia Provincial, y no como ocurrió en mayo de 2013. Entonces, la sala se opuso a esa primera imputación por tráfico de influencias, pero le abrió una vía de investigación: que indagase si pudo incurrir en delitos fiscales y blanqueo desde Aizoon, la empresa de la que es propietaria al 50% con su esposo. Aquella alternativa fue la que exploró Castro y por la que la duquesa de Palma tuvo que declarar ante él en febrero de este año, durante más de cinco horas de interrogatorio. En la comparecencia judicial, la hija menor de Juan Carlos I se refugió en la ignorancia o en la desmemoria para intentar hacer ver que nada sabía de los amaños de su esposo: usó 533 evasivas al responder a 400 preguntas. Ese escudo no le valió de nada: Castro la acabó imputando por delito fiscal y blanqueo en un auto hecho público unos días después de la abdicación del rey en su hijo, Felipe VI. Hay "sobrados indicios de que colaboró activamente" con Urdangarin, sostuvo. El paso del juez no fue secundado por el fiscal del caso, Pedro Horrach. La inculpación de Cristina abrió una brecha entre ambos que siguió hasta el final de la instrucción. 

No a la doctrina Botín

Pese a la impugnación de la Fiscalía y la defensa, la Audiencia resolvió en noviembre a favor del juez, confirmando la imputación de la infanta por doble delito fiscal pero levantándole la acusación por blanqueo. El magistrado tenía la última palabra: procesarla o no. Seguir o no la doctrina Botín. Es decir, sobreseer la causa para Cristina de Borbón al ser acusada únicamente por el autodenominado sindicato Manos Limpias, que ejerce la acción popular, ya que la Fiscalía y la Abogacía de la duquesa, al igual que sus letrados, pedían el archivo. 

Castro dijo no. Argumentó que el caso es distinto al que libró al banquero Emilio Botín porque la acusación pública y la representación de la Agencia Tributaria sí acusan a Urdangarin de delitos fiscales. Y recordó que considerar que sólo Hacienda es perjudicada por delito fiscal "sería tanto como decir que ante un fraude del que fuera víctima una comunidad de propietarios el perjudicado sería su administrador y no aquellos". Es decir, que ocultar dinero al fisco atenta contra todos los ciudadanos, como la Agencia Tributaria –recordó– puso de manifiesto en sus lemas como "Hacienda somos todos". La defensa de la infanta, ejercida por el expolítico Miquel Roca, anunció recurso contra la resolución, aunque el instructor señalaba en la misma que era firme. 

Con el auto de apertura de juicio oral [mira aquí el PDF], Castro concluía una larga investigación, mandaba al banquillo a 17 inculpados y fijaba fianzas por responsabilidades pecuniarias por valor de 61,35 millones de euros, reclamación que debía ser satisfecha en 20 días y que en el caso de la infanta ascendía a 2,7 millones. Entre los procesados, Urdangarin, acusado por las seis acusaciones, que piden entre 19,5 a 26,5 años de cárcel para él. Para su esposa, Manos Limpias reclama hasta ocho años de prisión. 

No hay renuncia a los derechos

La imputación de los duques de Palma y la instrucción del caso Nóos –un "martirio" para la Zarzuela, según lo definió el anterior jefe de la Casa, Rafael Spottorno– persiguió a Juan Carlos en los últimos años, casi tanto o más como su debilidad física y los escándalos como la cacería de lujo en Botsuana. Hasta que abdicó por sorpresa, el pasado 2 de junio. Sin citar en ningún caso a su hija ni reconocer que aquello influyó en su decisión. Con la sucesión al trono, Cristina y su marido salían de la familia real, el cogollo principal que comparten ya sólo Felipe VI y Letizia, sus hijas, Leonor y Sofía, y los anteriores reyes, Juan Carlos y Sofía. Se levantaba así un potente cortafuegos con la esperanza de que la evolución de Nóos dañase menos a la institución. 

La infanta Cristina, a su llegada a los juzgados de Palma, seguida de su abogado, Miquel Roca, el pasado 8 de febrero de 2014 | EFE

Tras el relevo, el nuevo monarca mantuvo la misma actitud con cada nueva noticia que implicaba a su hermana: "Respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial". Respecto a la renuncia de los derechos dinásticos –Cristina es la sexta en la línea de sucesión al trono–, la Casa del Rey indicaba que era una decisión personal de la duquesa de Palma. Pero la presión sobre ella crece. Hasta el PP reconoció que debería "reflexionar" sobre la pertinencia de protagonizar ese gesto ahora que se abre juicio oral. Y el PSOE le pide al nuevo jefe del Estado que "impulse" esa renuncia.

Felipe VI no citó a su hermana en su primer mensaje de Navidad dirigido a los españoles. Ni una palabra. Sí defendió "cortar de raíz y sin contemplaciones" la corrupción, demostrar a los ciudadanos que no existen "tratos de favor" por desempeñar un cargo o responsabilidad pública. 

Nóos no ha acabado ni para la Justicia ni para la Casa Real. Tras la presentación de los escritos de defensa, Castro dará traslado de toda la pieza, la número 25 del caso Palma Arena, a la Audiencia de Palma, que la asignará a uno de los magistrados que entran en turno de reparto del órgano judicial provincial. Al que corresponda juzgar la causa elegirá a los dos jueces con los que conformará el tribunal y fijará la fecha de celebración del juicio, previsiblemente a finales de 2015 o comienzos de 2016. Dada la complejidad de la causa, podría prolongarse meses. 

02. LA 'PÚNICA': CORRUPCIÓN INCLUSO CON CRISIS

Parecía que la corrupción que ahora está en los juzgados era cosa del pasado. Falso. Si algo demostró la Púnica es que la corrupción seguía agarrada a las faldas del poder hasta, se podría decir, hace dos días. El pasado 27 de octubre, en una operación ordenada por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, y ejecutada por la Guardia Civil, 35 personas fueron detenidas por su supuesta pertenencia a una supuesta red político-empresarial que en los últimos dos años se adjudicó contratos de varios ayuntamientos y comunidades autónomcas por importe de 250 millones de euros. 

La trama operaba sobre todo en Madrid, pero también extendía sus tentáculos por León, Valencia y Murcia. Entre los arrestados, el que fuera número dos de la expresidenta Esperanza Aguirre en el PP de Madrid y consejero regional, Francisco Granados. Él, el principal implicado, fue el que dio nombre a la operación, porque el árbol del granado recibe en latín el nombre de Punica granatum. Granados era amigo, a su vez, del empresario David Marjaliza, uno de los presuntos conseguidores de la red. Ambos están en prisión incondicional. También fue detenido el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez –el sustituto de Isabel Carrasco, asesinada en mayo, en plena campaña de las europeas–, también del PP, que salió de la cárcel el pasado 11 de diciembre tras depositar una fianza de 30.000 euros. Como apresados fueron los regidores de Parla, José María Fraile (PSOE); Valdemoro, José Carlos Boza; Collado Villalba, Agustín Juárez (PP); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez, y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez (Unión Demócrata Madrileña-UDMA). 

A raíz de la cuenta suiza de Granados y Marjaliza

La investigación contra esta trama arrancó en diciembre de 2013, cuando las autoridades helvéticas informaron a España del descubrimiento de una cuenta en Suiza a nombre de Granados y del empresario David Marjaliza. La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación y las autoridades suizas ordenaron entonces el bloqueo de la cuenta. En julio, el fiscal presentó una querella contra ambos que recayó en el juez Velasco. Tirando del hilo, se logró destapar una trama organizada que usaba influencias políticas para infiltrarse en la administración pública en todos los niveles y obtener irregularmente adjudicaciones de contratos y servicios. La trama orbitaba en torno a los empresarios Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca, ambos vinculados a Granados. 

Granados llevaba años en el ojo del huracán, y se vio implicado incluso en el escándalo de espionaje a cargos madrileños. Aguirre, sin embargo, lo protegió hasta que finalmente lo echó del Gobierno y de la Secretaría General del PP madrileño, en 2011. Lo mandó al Senado, a calentar un escaño. Fue la inesperada revelación de su cuenta suiza la que lo sacó para siempre de la política y le hizo dejar sus actas en la Cámara alta y en la Asamblea de Madrid. 

Todos los regidores imputados por el juez, así como el presidente de la Diputación leonesa, dejaron sus cargos. El PP, que en ocasiones anteriores tardó en reaccionar, se apuró en la respuesta. El mismo 27 de octubre, el Comité de Derechos y Garantías acordó la suspensión de militancia de todos sus afiliados implicados. El PSOE, asimismo, expulsó fulminantemente a Fraile y forzó su salida del Ayuntamiento. Un golpe duro para quien había sido su amigo de la infancia, Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños y su predecesor en la Alcaldía de Parla. 

El caso sigue aún bajo secreto de sumario y se desconocen, por ejemplo, las pruebas que demostrarían las comisiones pagadas por parte de la empresa Cofely a los políticos municipales a cambio de adjudicaciones millonarias. 

03. EL CLAN PUJOL, CONTRA LAS CUERDAS

Fue el pasado 25 de julio. Jordi Pujol i Soley, el molt honorable expresident de la Generalitat, lanzaba un comunicado. Una confesión sorprendente: reconoció que él y su familia mantuvieron oculta al fisco una fortuna oculta en el extranjero, desde 1980. Más de 34 años de evasión de impuestos. Aquel dinero procedía, dijo, de una herencia que su padre, Florenci, antiguo agente de bolsa y uno de los fundadores de Banca Catalana, dejó a su esposa, Marta Ferrusola, y a sus siete hijos. El exjefe del Govern regularizó ese legado este verano, cuando ya arreciaban las informaciones periodísticas sobre un presunto fraude del clan Pujol. El expresident pidió perdón a "la gente de buena voluntad" que pudiera haberse sentido "defraudada" y se presentó como el "único responsable" de lo ocurrido, en una maniobra que sonaba más a protección de sus hijos, que por entonces estaban siendo investigados por la Justicia. Esperaba que la declaración fuese "reparadora en lo que sea posible del mal" y sirviese como "expiación" de sí mismo. 

Eso no ocurrió. La confesión desencadenó un torbellino en el escenario político catalán, ya muy enredado con el proceso soberanista. El patriarca, el molt honorable president que gobernó la Generalitat durante 23 años y había sido considerado como uno de los prohombres de la Transición, daba pie a la destrucción de su propia trayectoria. Renunció a todos sus cargos en CiU y Convergència Democràtica y a las prerrogativas de las que disfrutaba como expresident. 

Enseguida llegó la derivada judicial, como estaba cantado. El 28 de julio, Manos Limpias denunció a Pujol por cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad en documento público y blanqueo, y a su esposa, Marta Ferrusola, como cómplice. Denuncia que tres días más tarde fue admitida a trámite por una juez de Barcelona, Beatriz Balfagón, la responsable del Juzgado de Instrucción número 31. El Ministerio del Interior, a su vez, estimó que según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la fortuna del clan Pujol podría superar los 1.800 millones de euros. 

Diez miembros imputados en cuatro causas

Ahora mismo, hay diez miembros de la familia Pujol imputados, y en cuatro causas distintas. La que comprende a un mayor número de implicados es la que instruye Balfagón, que interrogará el 27 de enero al expresident y a su esposa, y a tres hijos de ambos: Marta, Mireia y Pere. A los cinco se les atribuyó un delito fiscal  y otro de blanqueo de capitales y se les citó tras recibir las declaraciones de renta y patrimonio complementarias que presentaron ante la Agencia Tributaria, en las que reconocieron incrementos patrimoniales no declarados anteriormente. La del 27 de enero será la segunda vez en la que el patriarca de los Pujol se enfrente a la Justicia, después de que el magistrado Ignacio de Lecea le tomara declaración durante dos horas y media en octubre de 1984 por el caso Banca Catalana. 

Un juez de Liechtenstein investiga además al expresident por un presunto delito de capitales. En su auto del pasado 16 de diciembre, Balfagón ordenó una comisión rogatoria al país para que le informe sobre las cuentas bancarias o instrumentos financieros de cualquier tipo que pudieran haber usado el matrimonio y sus hijos. 

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, mantiene imputado al exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol por el caso ITVcaso ITV. La jueza cree que este se sirvió de sus "múltiples influencias políticas" para beneficiar a empresarios como Sergi Alsina en procesos de deslocalización de empresas. Y a cambio, se producía la contratación ficticia de servicios de la sociedad de su esposa, Anna Vidal, tamibén imputada, informa Europa Press. 

Jordi Pujol responde airado durante su comparecencia en el Parlament de Catalunya, el pasado 26 de septiembre de 2014 | EFE

El primogénito de Pujol-Ferrusola, Jordi, está imputado junto a su esposa, Mercè Gironés, por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional. El magistrado investiga si el matrimonio y tres de sus empresas recibieron mordidas a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos públicos. Ruz les atribuye un delito de blanqueo de capitales y otro de fraude fiscal. También están imputados los suegros de Pujol Ferrusola, Ramón Gironés y Mercè Riera, y también su cuñado, Ramón Gironés Riera. Las indagaciones permitieron descubrir que el hijo mayor movió 2,4 millones desde una cuenta radicada en Andorra hasta otra en México seis días después de ser llamado a declarar a la Audiencia. Pujol Ferrusola, sin embargo, había negado ante Ruz disponer de depósitos en el extranjero. La investigación sobre el mayor de los Pujol arrancó tras la declaración de María Victoria Álvarez, examante suya, que relató a la Policía supuestos viajes a Andorra con bolsas repletas de billetes de 500 euros. 

Próxima declaración en el Parlament

La última causa contra los Pujol la instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y se dirige contra el menor de la familia, Oleguer, acusado de delito s fiscales y blanqueo por varias operaciones inmobiliarias, como la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. Pedraz ordenó varios registros para conocer el origen del dinero con el que se adquirió el establecimiento hotelero y 1.152 oficinas del Banco Santander. Entre las multimillonarias inversiones realizadas en España y en el extranjero por empresas participadas por Oleguer se encuentran también la compra de edificios de Bankia, de inmuebles en Palma de Mallorca o del edificio del Consejo General de la Abogacía o las operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa División Inmobiliaria. La causa nace tras una querella interpuesta por Podemos y Guanyem. 

El expresident declaró ante la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament el pasado 26 de septiembre, once días después de la comparecencia de su primogénito ante Ruz. Pujol negó todo comportamiento corrupto, como negó haber recibido comisiones ilegales durante su paso por la Generalitat. Explicó (sin papeles) que a la muerte de su padre, en 1980, había ocultos 140 millones de euros en dólares. Una fortuna guardada en el extranjero, dijo, porque Florenci tenía miedo por la suerte de la trayectoria política de su hijo. El patriarca no contestó ninguna pregunta de los grupos. Más aún: les abroncó. Pero el 23 de febrero deberá volver al Parlament, esta vez para comparecer ante la comisión de investigación sobre fraude fiscal. No irá solo. Por la Cámara desfilarán también su esposa y su hijo mayor. 

04. LA 'GÜRTEL' SE COBRA SU PRIMERA GRAN PIEZA: ANA MATO

Una decena de autos firmados por el magistrado Pablo Ruz han puesto contra las cuerdas al Partido Popular, que afronta la acusación de ser partícipe de la trama de Francisco Correa, aunque a título lucrativo. Ruz tiene al alcance de la mano enviar al banquillo a los tres extesoreros del PP Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís. Precisamente, el primero ha pasado todo el 2014 en prisión preventiva. El magistrado pretende cerrar la primera parte de Gürtel en enero, dejando la segunda para antes de marzo. Seguirá con la investigación de los papeles de Bárcenas, de la que se ha derivado las investigaciones de las sedes del PP en Madrid, Logroño y Bilbao, siempre que se mantenga en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia.

La primera parte de Gürtel cruzó un tramo clave el 26 de noviembre, con una resolución en la que situaba en la diana a la ministra de Sanidad, Ana Mato, al proponer que fuera juzgada por la trama de corrupción en calidad de "partícipe a título lucrativo". Ruz entendía que Mato y sus hijos disfrutaron de servicios turísticos, pago de eventos familiares y otros artículos de uso particular, que la red de Correa pagó a su exmarido y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda, a cambio de adjudicaciones públicas. 

La caída de una superviviente

Mato, que había resistido a otros autos y otras crisis (la del ébola, sin ir más lejos), siempre protegida por Rajoy, que había estado toda su vida en política desde que diera sus primeros pasos con José María Aznar en Valladolid, no pudo aguantar el último envite. Se vio obligada a dimitir de forma fulminante, ese mismo día, 26 de noviembre. La sustituyó Alfonso Alonso, hasta entonces portavoz del Grupo Popular en el Congreso.

Cuando parecía que todas las piezas del árbol del caso Gürtel habían caído ya, que se habían podido preservar todas las vacas sagradas, un último auto conseguía lo que no habían conseguido todos los anteriores. El presidente la dejó caer: sabía que su presencia en el banco azul al día siguiente en el pleno monográfico sobre medidas anticorrupción podría hundir su mensaje. Además, la acumulación de escándalos de corrupción en las últimas semanas (Púnica, tarjetas black...) y la rápida respuesta que el PP se vio forzado a dar para no chocar con una opinión pública hastiada no le dejaban otra salida que la dimisión. La presión ambiental, en su partido y en el resto, no le daban la ocasión de agazaparse para esperar a que la crisis escampara. Así, Mato se convirtió en la tercera ministra que dejaba el Gobierno de Rajoy, tras Miguel Arias Cañete –candidato en las europeas– y Alberto Ruiz-Gallardón, caído por la marcha atrás en la contrarreforma del aborto. 

05. EL AGUJERO ANDALUZ, A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DEL SUPREMO SOBRE CHAVES Y GRIÑÁN

La corrupción en Andalucía, tras más de 30 años de Gobiernos socialistas, se ejemplifica tal vez con el caso ERE. O sea, el uso de fondos públicos de la Junta para financiar expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Una macrocausa tutelada por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que acumula ya 229 imputados, la más extensa en cuanto al número de implicados de la historia judicial española. 

Mientras Alaya sigue investigando en Andalucía, parte del caso ya ha llegado al Tribunal Supremo, al que el pasado verano remitió su exposición razonada al considerar que hay indicios contra políticos aforados: los expresidentes Manuel Chaves (diputado en el Congreso) y José Antonio Griñán (senador) y los exconsejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno. Otros cuatro aforados serían juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA): los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio.

El Supremo comenzó a investigar y estimó que esta era escindible en tres partes. Y abrió la causa contra los aforados que le correspondían. Automáticamente, Chaves, Griñán, Zarrías, Viera y Moreno pidieron comparecer de forma voluntaria y lo harán, aunque en calidad de imputados, para preservar sus garantías procesales. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha insistido en que si a los dos expresidentes y al resto de implicados se les imputa delito, tendrán que dejar sus escaños. El PSOE no les pagará su defensa. 

Cursos de formación y el 'caso Madeja'

Alaya acaba el año con dos últimos autos controvertidos, con los que reclamaba toda la información relativa a los programas de control financiero de las empresas públicas y la documentación sobre las ayudas recibidas por Delphi. La Junta anunció este martes, a través de su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, que ha presentado sendos recursos de apelación al entender que podían dar lugar a una "causa general" y podrían suponer un "grave riesgo" que puede devenir en la prescripción de los delitos. 

La de los ERE no es la única causa que se instruye en Andalucía. Alaya investiga también el fraude de los cursos de formación. Pero no es la única. Otra decena de juzgados de la comunidad indagan el uso fraudulento para cursos de formación. La magistrada sevillana intenta quedarse con toda la causa, pero eso no está todavía claro. Alaya también es la responsable de la desarticulación de la trama Enredadera, dentro del caso Madeja, por el que se investiga una red de sobornos a políticos y funcionarios a cambio de contratos públicos. 

06. 'CASO BANKIA', EL RELATO DE UNA RUINA Y UN RESCATE MILLONARIO

Tras conocerse el informe de los peritos propuestos por el Banco de España a petición del juez Fernando Andreu la investigación por la fusión de Bankia y su salida a Bolsa afronta su recta final. En el horizonte inmediato el magistrado tendrá que decidir si imputa al actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. También tendrá que decidir qué hace con el resto de imputados, sobre todo con el expresidente Rodrigo Rato y su entonces número dos, José Luis Olivas. También tendrá que adoptar una resolución sobre el resto de consejeros, que siguen imputados en la pieza principal.

Ese informe de los peritos del Banco de España remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu resultó demoledor. Apunta que las cuentas anuales de 2011 que Bankia aprobó en marzo de 2012, bajo la presidencia de Rato –que presentaban unos beneficios de 309 millones de euros–, y las que reformuló en mayo de 2012, ya con Goirigolzarri al frente de la entidad –y que apuntaban unas pérdidas de 2.979 millones–, "no expresaban la imagen fiel" del banco. En los dos casos, señalaron los dos peritos que trabajaron en el informe desde octubre de 2012, en las cuentas individuales y consolidadas de Bankia y de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), desde la constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP) el 31 de diciembre de 2010 –la llamada fusión fría– hasta la aprobación de las cuentas de 2011, existían "ajustes de importancia material no contabilizados".

Sueldos indebidos

No cumplieron con la normativa del supervisor debido a "errores contables". Errores que fueron "el resultado de omisiones o inexactitudes resultantes de fallos al emplear la información, que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados y que el grupo BFA/Bankia podía y debía haber empleado en la elaboración de los estados". Para los dos expertos del Banco de España, "todos estos errores fueron conocidos, en gran parte, y puestos de manifiesto en la reformulación practicada" por los nuevos gestores, con Goirigolzarri al frente, que no llevaron a cabo "un cambio de estimaciones contables, como indican". Es decir, varapalo a Rato y tirón de orejas al nuevo presidente de la entidad.

Rodrigo Rato y su sucesor al frente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el día del relevo, el 9 de mayo de 2012 | EFE

El caso Bankia dio una vuelta más en el penúltimo día del año, este 30 de diciembre. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) remitió a la Fiscalía un expediente sobre materia retributiva y de previsión social de la alta dirección de Caja Madrid, con un perjuicio económico estimado para la entidad de 14,8 millones de euros, según informó el propio organismo en un comunicado. Estas posibles irregularidades se refieren fundamentalmente al periodo comprendido entre 2007 y 2010. Tras la revisión de estas operaciones, el FROB encargó un estudio forensic a terceros independientes para analizar eventuales responsabilidades de administradores y directivos de la entidad. El grueso de esta etapa investigada fue bajo la presidencia de Miguel Blesa, quien cedió el testigo a Rato, el elegido por Rajoy, en enero de 2010. Y Rato pasó a presidir Bankia un año después. 

07. LAS TARJETAS 'BLACK': licencia para derrochar

La cantidad gastada en las tarjetas b, más de 15,5 millones de euros, parecía poca cosa si se compara con los 22.400 millones que costó el rescate de Bankia. Pero esos 15,5 millones, cargados a la entidad por 83 consejeros y directivos entre 2003 y 2012, causaron un impacto aún mayor. Por lo obsceno del comportamiento que durante años siguieron los altos mandos de una caja que finalmente se fue a pique. 

83 consejeros y directivos –tres no las llegaron a emplear y otro más, Francisco Verdú, no llegó a firmar el contrato ni la tuvo en su poder– usaron sin tapujo tirando de sus visas black, al margen del circuito de los gastos de representación y aparte de los altísimos sueldos. Sacaron efectivo de cajeros, pagaron carísimos restaurantes, sirvieron para abonar ropa, joyas, viajes, flores, saunas, alcohol, armas o compras en grandes almacenes. Una vida de lujo con dinero público. De esas tarjetas no existía soporte contractual, ni decisión de ningún órgano de gobierno. De ahí su nombre, black. Opacas. 

La auditoría interna de Bankia detectó hace meses la existencia de esas visas, emitidas en un primer momento por Caja Madrid, y avisó a su principal accionista, el FROB. Así, el Estado pudo avisar a la Fiscalía Anticorrupción. Y esta fue la que entregó al juez el listado de los 86 altos mandos, al que habría que añadir a Verdú. 

IU se enreda

El escándalo acabó estallando el pasado 1 de octubre, y generó una rápida cadena de ceses y dimisiones de dirigentes de partidos, sindicatos y patronal. Entre ellos, Rodrigo Rato, quien fuera todopoderoso vicepresidente económico de José María Aznar. IU, que ya había dado de baja a los consejeros que tuvo en la caja y que tenían carné de militante (José Antonio Moral Santín y Rubén Cruz), intentó depurar responsabilidades políticas: que dimitiesen también los culpables por la gestión ruinosa en la caja, y apuntó a dos excoordinadores regionales, Gregorio Gordo y Ángel Pérez, actuales portavoces en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid. Pero ninguno de los dos se fue, pese a las presiones de la dirección federal.

La batalla sigue en los juzgados. Los tres imputados que hay por ahora, Miguel Blesa, Rodrigo Rato e Ildefonso Sánchez Barcoj, tendrán que convencer al juez Fernando Andreu de que los peritos del Banco de España están equivocados cuando consideran que estos dirigentes trataron de esconder las tarjetas denominadas black a efectos fiscales. Hasta el momento Blesa ha tenido que afrontar una fianza de responsabilidad civil de 16 millones de euros, mientras que la de Rato es de 3 millones de euros. 

08. PENSIÓN PAGADA POR LA EUROCÁMARA Y A TRAVÉS DE UNA SICAV

24 de junio de 2014. infoLibre contaba, en exclusiva, que un número indeterminado de eurodiputados mantenía un fondo de pensiones en Luxemburgo con una sicav, una sociedad con una tributación bajísima, de sólo el 0,01% de sus activos netos. En los siguientes días se fueron conociendo más detalles de ese instrumento: sólo entre 2000 y 2009, el Parlamento Europeo puso casi 100 millones de euros públicos: dos por cada uno que ingresaban los parlamentarios, y más de 100 españoles participaron en ese fondo lo habían hecho en algún momento. La mayoría de PSOE (49) y PP (43), pero también de IU y CDS. Entre los nombres destacados en el listado, los de Ana Mato, Cristóbal Montoro y Miguel Arias Cañete, ministros todos ellos de Rajoy en esta legislatura.

La publicación de la noticia provocó una dimisión inmediata: la de Willy Meyer, cabeza de lista de IU en las europeas de 2004, 2009 y 2014. Y lo hizo "por coherencia", para que no quedara "sombra de duda". "Es muy importante que los cargos públicos de IU demos un ejemplo a nuestro electorado y nuestros militantes, que se merecen un gesto de estas características. No sólo hay que parecer que se trabaja conforme al discurso, sino hacerlo efectivo". 

Sólo cinco abandonan el fondo

De todos los eurodiputados y exeurodiputados españoles que seguían inscritos en el fondo, sólo cinco de ellos pidieron abandonarlo tras las revelaciones de este periódico. Además de Meyer, lo hicieron cuatro políticos socialistas: Elena Valenciano (candidata en las europeas del 25-M y ex vicesecretaria general), Soraya Rodríguez (exportavoz en el Congreso), Joan Calabuig (cabeza de lista para las municipales en Valencia) e Inés Ayala (eurodiputada también en esta legislatura). El argumento común es que no conocían la articulación del fondo a través de una sicav con sede en Luxemburgo. Y si se adhirieron a él, dijeron, era porque en aquella época no existía un "régimen de cotización común" ni ningún sistema de pensiones.

Fue, de hecho, la razón esgrimida por la propia Eurocámara, que precisó que el instrumento estuvo abierto hasta 2009, cuando entró en vigor el nuevo estatuto del eurodiputado, que supuso que salarios y prestaciones sociales pasaron a depender directamente de las instituciones comunitarias. "Desde ese instante cesan las aportaciones al fondo, así como la incorporación de nuevos eurodiputados al mismo", señalaba la nota del Europarlamento.

09. LA SOMBRA DE UN URBANISMO TURBIO ACABA CON LA ALCALDESA CASTEDO

Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, estrenó una nueva forma de dimitir en política: por Facebook. Lo hizo el pasado 23 de diciembre, el día de su cumpleaños, sin asumir ninguna culpa: "Hubiera podido seguir aguantando y demostrando que jamás, jamás, he hecho nada deshonesto". El día 26 formalizó su renuncia y el 15 habrá un nuevo regidor en la ciudad, Miquel Valor. 

Castedo accedió a la Alcaldía en 2008, y antes había ocupado la Concejalía de Urbanismo en el equipo de gobierno de su mentor, el exregidor Luis Díaz Alperi. Y estaba y está doblemente imputada por presunta corrupción urbanística. Dos causas que, según la investigación policial, tienen un mismo hilo conductor: su relación con el empresario Enrique Ortiz, también imputado en ambas piezas. La primera es una ramificación del caso Brugal, el referente al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la segunda, la tramitación de un macroproyecto urbanístico en el barrio de Rabasa, en cuyos terrenos se preveía la edificación de 13.500 viviendas y de una gran superficie comercial de la multinacional sueca Ikea. Castedo acumula así varias acusaciones: prevaricación, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho. 

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el pleno del Ayuntamiento del pasado 22 de diciembre, el último que presidió antes de su dimisión | EFE

Se había quedado sola. Alberto Fabra, el presidente de la Generalitat Valenciana, ya había advertido de que no admitiría imputados en las listas electorales. Había sido desahuciada por su partido, que hizo lo posible para que no se colara en la foto con el rey Felipe VI en la inauguración del congreso de la empresa familiar. Pero ella consiguió su imagen. Y los titulares. 

Financiación ilegal

Pero Castedo no es la única preocupación del PP valenciano. El pasado 15 de diciembre, el juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, procesó a una veintena de personas por supuestos delitos electorales (o sea, financiación ilegal) en las campañas de 2007 y 2008 de los conservadores valencianos, además de por falsedad y delito fiscal. El magistrado considera responsable a buena parte de quienes estaban en los puestos de mando en aquellos años: el exvicepresidente de la Generalitat y jefe de campaña Vicente Rambla; el ex secretario general Ricardo Costa; la todavía gerente Cristina Ibáñez; el exvicesecretario de Organización David Serra, y la extesorera Yolanda García. 

Y además está la investigación de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia (por la que está imputado el ya expresident de Les Corts, Juan Cotino), y el caso Cooperación –por el que se condenó a ocho años de prisión por prevaricación y malversación al exconseller y exdiputado autonómico Rafael Blasco–, y otras tantas causas abiertas. 

10. EL ÁTICO QUE ENREDA A IGNACIO GONZÁLEZ

La Audiencia Provincial de Málaga acordó en mayo desimputar a Lourdes Cavero, la mujer del presidente madrileño, Ignacio González. No obstante, la acusación del Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentó un escrito en el que solicitó a la titular del Juzgado de Estepona que investigue la “acumulación de tanto líquido por parte del presidente de la Comunidad de Madrid".

Además, Panamá rechazó la comisión rogatoriarechazó lanzada por la jueza por un delito fiscal, mientras que la vendedora del inmueble reconoció que la mujer de González visitó el piso en dos ocasiones antes de la compra por parte de la sociedad Coast Investors, radicada en el estado de Delaware, considerado un paraíso fiscal.

11. EL 'PEQUEÑO NICOLÁS' QUE ABRIÓ LA GUERRA EN EL CNI

Francisco Nicolás Gómez Iglesias –Fran para sus amigos, pequeño Nicolás para el resto de España– era un perfecto desconocido hasta hace escasamente dos meses. El 14 de octubre fue detenido en Madrid, acusado de los presuntos delitos de falsedad, estafa y usurpación de identidad, tras una presunta denuncia presentada contra él por un empresario que le acusaba de estafar 25.000 euros falsificando informes del CNI. El arresto fue practicado por agentes de la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y el caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, cuyo titular es Arturo Zamarriego. El joven, de sólo 20 años, negó los delitos que se le imputaban, pero sí reconoció (y mostró) su asistencia a numerosos actos, incluida la proclamación de Felipe VI, el pasado 19 de junio.

El pequeño Nicolás fue convirtiéndose en una estrella mediática, tras sus apariciones en El Mundo y en Un tiempo nuevo, en Telecinco, donde aseguraba haber trabajado para los servicios de inteligencia españoles. Declaraciones que le valieron la apertura de otra causa, en el juzgado número 43 de Madrid, tras la querella por injurias que presentó el 3 diciembre la Abogacía del Estado, a instancias del CNI. 

Por la primera causa, la que instruye Zamarriego, el joven fue a declarar el pasado 19 de diciembre, aunque se negó a hablar porque no había tenido acceso a toda la información disponible en la causa, pese a que se había levantado parcialmente el secreto de sumario. El magistrado le volvió a citar para el próximo 9 de enero.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, tras comparecer ante el juez Arturo Zamarriego, y negarse a declarar, el pasado 19 de diciembre | EFE

Pero todo lo que rodea este caso tiene varios flancos extraños o poco claros. El supuesto empresario denunciante negó haber presentado la primera denuncia. Y de camino se ha desatado una guerra interna en el CNI, entre los defensores y detractores de la número dos, Beatriz Méndez de Vigo, persona de la máxima confianza de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y candidata a la sucesión del actual director, Félix Sanz. 

Búsqueda del quinto hombre

La filtración de una grabación entre el comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía –Marcelino Martín-Blas–, el jefe del grupo IX de Asuntos Internos y dos agentes del CNI enconó el enfrentamiento. Grabación que fue desvelada por infoLibre el pasado 20 de diciembre [escúchala aquí]. En ella se habla de la posibilidad de "lavar lo que se pueda" de la información que tenían sobre el pequeño Nicolás. O sea, la posibilidad de manipular el sumario judicial del caso. Los interlocutores hablaban de la "cobertura" que necesitaban para "pedir el correo" del joven, "lavar" esa información y convencer a "Pilar" de que el asunto corría "mucha prisa". "Pilar" es el nombre clave que usó en su día una agente que ahora ocupa un puesto de relevancia en el CNI.

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Una quinta persona, que estaba presente en la charla pero no intervino, pudo grabar esa conversación, y pudo ser un agente del CNI que es además guardia civil, como informó este diario. Este escándalo saltó cuando, en los servicios de inteligencia, dan por descontado que el relevo de su director se producirá a lo largo de 2015. Ahora ya se ha puesto en marcha la caza de brujas para encontrar al filtrador. 

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* Con información de información Tono Calleja