Cuando Pedro Sánchez superó la investidura, en enero de 2019, nadie sospechaba la pandemia que vendría después. Tampoco la decisión de Rusia de invadir Ucrania, hace ahora un año, que ha acabado por poner patas arriba una economía que apenas había empezado a recuperarse de las consecuencias de la enfermedad. El virus SARS-CoV-2 dejó daños persistentes en una maquinaria económica incompatible con una parálisis obligada y un cuello de botella que, a continuación, condicionó la llegada de suministros vitales en una economía globalizada y dependiente.
El desafío militar, económico, logístico y geopolítico ha obligado además al Gobierno a movilizar ingentes recursos económicos para paliar las consecuencias de la guerra: 45.000 millones de euros hasta hace apenas un mes, según el último recuento facilitado por la Moncloa. Un cifra que, de no ser por las decisión de Vladímir Putin de ocupar por la fuerza Ucrania, el Ejecutivo bien podría haber dedicado a cubrir otras necesidades.
A lo largo de los últimos doce meses, el Gobierno se ha concentrado en paliar las consecuencias de un conflicto bélico inesperado que ha provocado una larga lista de efectos, la mayoría indeseados, otros imprevistos, que van a marcar el final de la legislatura y, en opinión de la mayoría de los analistas, el desenlace de las próximas elecciones generales.
1. La cesta de la compra
En estos momentos es el principal caballo de batalla del Gobierno. Embridada la cifra principal (el Índice de Precios de Consumo bajó dos décimas en enero en relación al mes anterior, aunque elevó dos décimas su tasa interanual, hasta el 5,9%), la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) sigue disparada. Cerró enero en el 7,5%, cinco décimas por encima del mes anterior y la más elevada desde diciembre de 1986.
El efecto de las medidas aprobadas por el Ejecutivo a finales de diciembre para reducir el coste la cesta de la compra de los productos básicos (una bajada del 4% al 0% del IVA de los alimentos de primera necesidad) no se está trasladando a los estantes de los supermercados.
Unidas Podemos ya duda abiertamente de su eficacia, así como de la ayuda de 200 euros para las familias con rentas de hasta 27.000 euros, y pide más. Propone una bonificación del 14,4% sobre el precio de los alimentos, similar a la que el Gobierno aplicó a los carburantes durante 2022, así como un control de los precios fijados por los supermercados de carácter semanal y la imposición de multas para aquellas cadenas de distribución que aprovecharan esta subvención para mejorar sus ganancias.
Pero la parte socialista del Ejecutivo, que controla el área económica, no lo considera posible. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, advirtió “a sus socios que de que “cualquier propuesta que se quiera poner sobre la mesa tiene que ser viable”. “No puede ser una medida simplemente para el debate político. Si uno está en el Gobierno, cualquier propuesta que ponga sobre la mesa tiene que trabajarla para su viabilidad y en este momento la propuesta más viable que barajó el Gobierno es la bajada del IVA y complementada con la ayuda de 200 euros para familias con rentas inferiores a 27.000 euros”.
Los precios de los alimentos se han desbocado como consecuencia del incremento de los costes de producción (luz, agua, cereales y gasóleo), la escasez de algunas materias primas por culpa del clima, especialmente de la sequía, y los desajustes internacionales de los mercados por la guerra de Ucrania.
2. El depósito de combustible
La guerra, combinada con la recuperación económica, disparó el precio del barril de petróleo a niveles que no se veían desde 2014. El aumento de la demanda, unida a la negativa de la OPEP a incrementar la producción y, especialmente, el boicot al petróleo producido por Rusia, hizo el resto. El Gobierno reaccionó subvencionando durante casi todo el año con 20 céntimos cada litro de diésel o gasolina, una medida que retiró el 1 de enero coincidiendo con una moderación de los precios, aunque sigue vigente para los conductores profesionales.
Ahora mismo el precio medio del litro de gasolina en España se sitúa en los 1,633 euros, lo que supone una caída del 1,33% respecto a la semana anterior, mientras que el descenso del precio del diésel ha alcanzado el 2,92%, hasta los 1,628 euros el litro, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.
Desde que comenzó el año, ya sin el descuento de 20 céntimos del año pasado aplicado por el Gobierno, la gasolina acumula un alza del 3,16%, frente al 1,93% que ha bajado el diésel, lo que está reduciendo la diferencia de precio entre ambos combustibles. El mayor descenso en el precio del diésel respecto a la gasolina ha tenido lugar tras registrarse un mayor acopio de reservas de este combustible ante el temor a un mayor desabastecimiento en Europa por el veto al diésel ruso.
Si sumamos a eso la política de descuentos de las principales petroleras que operan en España, el resultado es que ambos carburantes se mantienen lejos de los máximos que tocaron el pasado verano, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.
El precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,724 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,777 euros. En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,724 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,750 euros.
3. La factura de la luz
La factura eléctrica para un hogar en España se situó en enero en los 40,80 euros para un consumidor medio del mercado regulado (PVPC), una cifra similar a lo que costaba la luz hace dos años, cuando la economía permanecía parada por la pandemia. La ingente generación de energía renovable fue la responsable de que la electricidad haya esquivado los estragos de la guerra de Ucrania, aunque parece que solo se trata de un pequeño respiro, según los expertos en energía consulados por infoLibre.
El principal responsable de hundir el precio de la luz en enero fue la energía eólica, que generó en enero 7.529 gigavatios hora de electricidad, el segundo mejor dato del histórico desde marzo de 2018 debido a la mayor instalación de molinos y al temporal de frío y viento. También funcionaron mucho mejor que en otoño las centrales hidroeléctricas, que produjeron 4.049 GWh gracias a las lluvias de diciembre y enero. A mediados de noviembre los embalses españoles estaban al 32,5% de capacidad y hoy superan el 51%. Participó en la rebaja de enero, por supuesto, el tope al gas, que permitió que el PVPC fuese un 20% más barato que sin la presencia de este mecanismo.
Para lo que resta de año, el mercado de futuros de la energía pronostica que los precios estarán relativamente contenidos debido a la instalación de nuevas renovables, aunque todo dependerá de la evolución de la guerra de Ucrania y del coste del gas natural.
El precio del Mibgas, el gas que cotiza en la península ibérica, se sitúa alrededor de los 50 euros para el próximo verano e incluso para 2024, un precio similar al que tiene en este momento. Lo mismo ocurre con los futuros de la luz.
La llamada excepción ibérica puesta en marcha por el Gobierno para atajar el precio del gas ha dado resultado. La prueba definitiva es que ni el PP, que el verano pasado hablaba del “timo del gas”, incluye ya este cliché en su argumentario.
4. Los salarios se diluyen
La inflación, empieza a estar bajo control, pero por el camino ha devorado un porción importante del salario de los trabajadores en España. El Ministerio de Trabajo asegura que los sueldos pactados bajo convenio colectivo hasta diciembre del año pasado, que engloban a nueve millones de empleados, crecieron un 2,78%, muy por debajo del dato medio de inflación durante el pasado curso, un 8,4%.
De acuerdo con estas cifras, las retribuciones se han dejado casi seis puntos por el camino, el mayor desfase registrado en los últimos años. Ya en 2021, con la inflación al alza por la crisis de suministros, la evolución de los precios (3,1%) superó a la de los salarios (1,53%). Algunos medios estiman que el impacto inflacionista en las rentas se acerca a los 121.500 millones, incluyendo en ese cálculo el poder de compra de los salarios y los depósitos.
El Gobierno y los sindicatos presionan a la CEOE para que acepte mayores subidas. El incremento del salario mínimo, aprobado esta misma semana y único variable en la que Trabajo puede tomar decisiones sin el visto bueno de empresarios y trabajadores, cumple un compromiso de la coalición y empuja los sueldos de abajo arriba sin el respaldo de la patronal, cuya postura el Ejecutivo interpreta como una toma de posición a favor del PP a pocas semanas del inicio del nuevo ciclo electoral.
El ‘no’ al salario mínimo del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha estado acompañado de un hecho que ha escandalizado a los partidos de izquierdas: el empresario se ha subido el sueldo, más de un ocho por ciento, cuando sólo pedía un cuatro por ciento para los trabajadores. No quiere 1.080 euros para los trabajadores con menos ingresos, pero él se embolsará 380.000 euros. Y, encima, denuncia una cacería del Gobierno contra el empresariado.
5. Las hipotecas se encarecen
El euríbor a un año, el tipo de interés más utilizado en España para calcular las hipotecas, mantiene su fuerte tendencia alcista y ha cerrado enero con una tasa media mensual del 3,337%, en máximos desde diciembre de 2008. Esta escalada se traducirá en una nueva subida las cuotas de las hipotecas variables, que puede alcanzar los 3.400 euros anuales en el caso del préstamo promedio.
Para hacer frente al problema, el Gobierno aprobó un noviembre una reducción del tipo aplicable dando cinco años de carencia para familias con rentas inferiores a 25.200 euros al año y congelando la cuota durante un año allí donde el esfuerzo relativo sea mucho más elevado (aquellas familias que hayan sufrido un incremento del esfuerzo hipotecario del 50% con viviendas de hasta 300.000 euros).
Al mismo tiempo, el ejecutivo introdujo la posibilidad de que las familias soliciten una segunda reestructuración de la deuda, una ampliación a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda habitual y un aumento del plazo de 6 a 12 meses para solicitar el alquiler social en la propia vivienda a la entidad financiera por un importe máximo del 3% de su valor.
Sin embargo, la presión de los bancos se mantiene. Mientras el departamento que dirige la ministra Nadia Calviño busca nuevas fórmulas para contener las cuotas, Unidas Podemos propone medidas drásticas: limitar al 0,1% el diferencial de las hipotecas variables inferiores a 300.000 euros.
El diferencial de una hipoteca es el porcentaje fijo que se suma al índice de referencia, normalmente el Euríbor en España, y que representa la parte de los intereses que obtiene como remuneración la entidad bancaria en un préstamo hipotecario. El último dato conocido del Euríbor diario se situó por encima del 3,5%, lo que supone niveles máximos desde diciembre de 2008.
6. La recuperación se frena
La Comisión Europea calcula que la economía española crecerá un 1,4% en 2023, cuatro décimas por encima del 1% que auguraba en otoño, un repunte de hasta el 2% para 2024. Asimismo, reduce la previsión de la inflación española hasta el 4,4% para el presente ejercicio, cuatro décimas por debajo del descenso que Bruselas auguraban en noviembre para 2023, mientras que la cifra mantiene una previsión de reducción del 2,3% para 2024. Es un dato por debajo del pronóstico comunitario de inflación, que se prevé que descienda hasta el 6,4% en toda la Unión Europea para 2023 y hasta el 2,8% en 2024.
Estos datos anticipan que España esquivará la recesión en 2023 y liderará el ritmo de crecimiento entre las economías desarrolladas, igual que en 2022. En una previsión en la que, con algunas variaciones, coinciden todos los organismos, desde la Comisión al Banco de España.
Con todo, pasar de un 4,4% de crecimiento de la economía en 2002 a un 1,4% en 2023 supone una evidente desaceleración del ritmo de creación de riqueza en España que, según los analistas, está directamente relacionada con la inflación, los precios de la energía y la incertidumbre económica.
La gran incógnita sigue siendo si España conseguirá recuperar el nivel de PIB prepandemia este año, como espera la ministra Nadia Calviño, o tendrá que esperar a 2024, como augura con evidente pesimismo el PP de Alberto Nuñez Feijóo.
7. El empleo se debilita
El mercado laboral ha comenzado el año, como es habitual, acusando el fin de la campaña de navidad: ha perdido 215.047 cotizantes a la Seguridad Social mientras el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) crecía en 70.744 personas. Pero ambas cifras superan las de enero de 2022, cuando los afiliados bajaron en 197.750 y los desempleados aumentaron en 17.173 trabajadores.
Otro dato más que apunta hacia la desaceleración de la economía y el empleo que viene larvándose desde el final del año anterior. Aun así, España mantiene los 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social –20,08 millones, exactamente–, que alcanzó el pasado mes de abril, y sigue por debajo de los tres millones de parados registrados –los ha superado en la Encuesta de Población Activa–, una cota que abandonó en mayo de 2022.
El buen dato que continúa vigente en 2023 es el auge de los contratos indefinidos. En enero el 44,16% de los firmados eran de este tipo, un 122,2% más que en el mismo mes de 2022. Son cinco puntos porcentuales más de los registrados en diciembre.
8. 160.000 refugiados
España ha superado recientemente las 160.000 protecciones temporales a refugiados por la guerra de Ucrania. Desde su activación el pasado 10 de marzo, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior y la Policía Nacional han tramitado y concedido un total de 160.756 protecciones a los refugiados ucranianos en nuestro país, según los últimos datos facilitados por el Gobierno.
Esta cifra sitúa a España entre los países europeos que más protecciones ha concedido a ciudadanos y residentes en Ucrania gracias al mecanismo puesto en marcha de urgencia por el Gobierno español para dar cumplimiento del acuerdo de la Unión Europea, con el que, por primera vez en la historia, se autorizaba la aplicación de la Directiva de Protección Temporal.
El 63,47 % de las personas que han obtenido esta protección temporal son mujeres (102.034) y el 36,53% son hombres (58.722). Por franja de edad, el 33,69% tiene menos de 18 años, el 25,33% tienen entre 19 y 35 años, el 34,17% tienen entre 36 y 64, y el 6,8% tienen más de 65 años.
Además, la mayoría de las personas que han conseguido la protección temporal, el 98,31%, son ciudadanos de nacionalidad ucraniana, mientras que el 1,69 % restante se corresponde con ciudadanos de otras nacionalidades que residían legalmente en territorio ucraniano cuando estalló la guerra.
Comunitat Valenciana (42.739), Cataluña (36.641), Madrid (22.963), y Andalucía (22.939) son las comunidades autónomas en las que se han tramitado y concedido más protecciones temporales.
9. Unidad europea
Una de las consecuencias más evidentes de la invasión ha sido el renacimiento del proyecto europeo y la implementación y refuerzo de las políticas comunes, en línea con lo ocurrido durante la pandemia y justo cuando la Unión afrontaba la crisis del Brexit. Con la guerra, Europa ha exhibido unidad a la hora de imponer sanciones contra Rusia e incluso ha hecho historia al cambiar sus normas y financiar armas a un país en guerra. La única excepción es Hungría, cuyo gobierno ultraderechista se ha convertido en el único aliado de la Rusia de Putin.
Paradójicamente, el conflicto está sirviendo además para que Europa acelere sus planes con el objetivo de poner fin a la dependencia energética y relance la industria europea de defensa.
Desde que comenzó la guerra, varios países como España o Alemania, anunciaron nuevos planes para aumentar su gasto militar, mientras que los Estados del norte de Europa, como Suecia, Finlandia y Dinamarca, han hecho movimientos para mejorar rápidamente su integración de defensa con la OTAN o la Unión Europea. En los tres meses posteriores a la invasión, las naciones europeas anunciaron aumentos de cerca de 200.000 millones de euros en sus presupuestos de defensa.
La Unión Europea ha movilizado en total más de 2.500 millones de euros para financiar el envío de armas a Ucrania a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, un instrumento que los países de la UE aprobaron para reforzar su capacidad de “prevenir conflictos, consolidar la paz y reforzar la seguridad internacional”.
10. La OTAN se refuerza
La guerra ha impulsado el nuevo concepto estratégico de la OTAN, aprobado en la cumbre de Madrid de junio de 2022, con el fin de dar respuestas al “desajuste” estratégico que vive la organización desde el final de la Guerra Fría y la desaparición de la URSS. Ha sido precisamente la invasión rusa de Ucrania la que ha reforzado una cohesión transatlántica que llevaba tiempo buscando puntos de reencuentro.
En ese marco, España ha abrazado definitivamente su integración en la Alianza Atlántica. Nuestro país contribuye con el despliegue de efectivos en Letonia dentro de la misión Enhanced Foward Presence. En esta misión, el contingente español ha aumentado en un 40%, y ya supera los 600 efectivos, con 129 carros de combate y una batería de misiles de defensa tierra-aire NASAMS). Además, España aporta destacamentos aéreos en Bulgaria (cuatro Eurofighters), y en Lituania (ocho F-18).
España contribuye a la OTAN con una batería de misiles Patriot en Turquía, con 149 militares españoles a la misión de asesoramiento en Irak, y con la participación en los Standing NATO Maritime Groups, donde se integran tres buques de la Armada.
De la cumbre de Madrid salió un compromiso apra elevar a un 2% del PIB el gasto militar y hasta un total de 300.000 soldados, lo que supone multiplicar por ocho la cifra actual. Esa es la hoja de ruta marcada por la OTAN en el Concepto Estratégico alumbrado en la cumbre de Madrid para hacer frente a la amenaza de Rusia y también a la de China. Un auténtico cambio de era que consiste en llevar a cabo un rearme inédito desde hace al menos cinco décadas.
11. El gasto militar crece
España aumentará este año un 25,8% el gasto en Defensa en el marco de los presupuestos generales en cumplimiento de su compromiso con la OTAN y en nombre de la creación de nuevos empleos. Los gastos en Defensa pasan de los 9.791 millones de euros de 2022 a los 12.317, todavía lejos de la promesa de gastar el 2% del PIB.
El propio Ministerio de Defensa aumentó su presupuesto en un 6,5%, cifra que se incrementa hasta el 8,4% si se incluyen los fondos europeos. Pero la política en defensa sube más al incluir los programas especiales de modernización que no computan en el límite de gasto no financiero, sino que van en distintas anualidades. Para 2023 ascienden estas partidas a 4.900 millones. La mayor parte de esta cifra corresponden a contratos para la industria nacional que, según el Ejecutivo, permitirán crear 22.667 empleos de forma directa o indirecta.
El incremento del presupuesto de Defensa permitirá, por una parte, mantener las capacidades operativas disponibles en la actualidad, así como adquirir otras nuevas y sustituir aquellas que vayan quedando obsoletas, lo que, unido a un incremento del adiestramiento de las unidades, facilitará mantener el nivel de operatividad necesario de las Fuerzas Armadas en su conjunto en el contexto de seguridad actual, según el departamento que dirige Margarita Robles.
El dinero afectará a proyectos “relevantes para la economía y el empleo”, sostiene Defensa, como el programa EF-2000 en Getafe (el caza Eurofighter); el programa A-400M que ha permitido contar con una línea de ensamblaje final en Sevilla (el avión militar de carga de Airbus); el programa S-80, en Cartagena (submarinos); el programa BAM-IS en la bahía de Cádiz (el nuevo buque de salvamento); los programas asociados F-110, en Ferrol (fragatas) o los programas asociados VCR 8x8, repartido entre Asturias, Sevilla, Gipuzkoa y Madrid (blindados terrestres). Y también a nuevos programas como los que afectarán el avión patrulla marítima MPA, a los buques hidrográficos o al avión vigilancia marítima VIGMA, entre otros.
12. PSOE y UP acumulan diferencias
Varias derivadas de las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania afectan de lleno a la relación entre los socios que forman parte de la coalición de gobierno, PSOE y Unidas Podemos. El acuerdo suscrito para la investidura deja en manos de los socialistas la política exterior y de defensa, por lo que las discrepancias no han afectado a la toma de decisiones, pero no ha impedido que los morados critiquen las decisiones impulsadas por Pedro Sánchez.
En primer lugar, la OTAN y el gasto militar. Unidas Podemos se opuso no sólo a la celebración de la cumbre en Madrid, protagonizada por el gobierno del que forman parte, sino sobre todo al incremento del gasto militar y al papel que esta organización está jugando en la guerra de Ucrania. Los morados son contrarios al envío de armas al Ejército ucraniano, que Pedro Sánchez non sólo apoya sino que impulsa con material procedente de nuestro país. La tesis de la formación que lidera la vicepresidenta Ione Belarra es que esta estrategia no resuelve nada y sólo contribuye a sostener el conflicto durante más tiempo.
En segundo lugar, Unidas Podemos ha defendido la intervención del mercado de los alimentos, de las hipotecas y de los alquileres de la vivienda para contrarrestar los efectos negativos de la guerra. En el PSOE se resisten, especialmente a la primera medida, que en su día consideraron incompatible con las normas del libre mercado que rigen en la Unión Europea.
13. La política se instala en la incertidumbre
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La combinación de las consecuencias de la guerra, y las dudas que existen sobre la evolución del conflicto una vez que el final del invierno permita reanudar con toda su crudeza las hostilidades, hacen imposible prever el escenario al que se enfrentarán las economías española y europea a finales de año.
Lo que sí es seguro, en opinión de la mayoría de los analistas, es que la situación económica de la segunda mitad del año, especialmente en términos de inflación, hipotecas, precios de la energía y de los combustibles y empleo, serán uno de los elementos que condicionará el resultado de ls elecciones generales de diciembre.
Estas mismas opiniones dan por seguro un recrudecimiento a corto plazo de los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania. Ambas partes se han perpetrado durante el invierno para intentar mejorar sus posiciones ante una hipotética negociación que algunos especula se puede producir end la segunda mitad del año. Más guerra significa más tensión en términos del mercado energético y de los precios agrícolas, especialmente de los cereales. Las previsiones de crecimiento e inhalación las de España y las del conjunto de Europa, pueden volver a saltar por los aires.
Cuando Pedro Sánchez superó la investidura, en enero de 2019, nadie sospechaba la pandemia que vendría después. Tampoco la decisión de Rusia de invadir Ucrania, hace ahora un año, que ha acabado por poner patas arriba una economía que apenas había empezado a recuperarse de las consecuencias de la enfermedad. El virus SARS-CoV-2 dejó daños persistentes en una maquinaria económica incompatible con una parálisis obligada y un cuello de botella que, a continuación, condicionó la llegada de suministros vitales en una economía globalizada y dependiente.