La anomalía política de 2018: convertirse en el tercer año sin elecciones en cuatro décadas

Después de un ciclo de tres años (2015, 2016 y 2017) en los que se han celebrado nada menos que nueve procesos electorales en España, 2018 aparece en el horizonte como un año en el que los ciudadanos no serán llamados a las urnas ya que no hay ninguna elección prevista. Si finalmente este pronóstico se cumple, será el tercer año desde la aprobación de la Constitución en el que no se celebrarán elecciones de ningún tipo.

En todo caso, no es seguro que los colegios electorales vayan a permanecer cerrados durante todo 2018: si el nuevo Parlament es incapaz de elegir un Gobierno que suceda al del expresident Carles Puigdemont, los catalanes volverían a las urnas a mediados de año, y además la precaria mayoría que sostiene el Gobierno de Mariano Rajoy deja en el aire unas posibles elecciones generales, que no obstante el presidente ha negado por activa y por pasiva.

Desde que se aprobó la Constitución por referéndum en el año 1978, todos los años se han celebrado algunas elecciones (generales, autonómicas, locales o europeas) en España, a excepción de 2002 y 2013. Por tanto, 2018 podría convertirse en la tercera de estas excepciones si el calendario sigue según lo previsto y no se produce ningún adelanto electoral. El hecho de que los independentistas (Junts per Catalunya, ERC y la CUP) hayan obtenido la mayoría absoluta en escaños en el Parlament en los comicios del 21D facilita, al menos en teoría, la elección de un nuevo presidente de la Generalitat y, por su parte, Rajoy descartó por última vez hace unos días tener intención de aprobar un adelanto electoral. "El Gobierno sigue adelante, las legislaturas son para cuatro años. Con lo que está pasando en España, lo que nos faltaba es convocar elecciones generales", afirmó el mandatario.

No obstante, no se puede descartar tajantemente que los ciudadanos catalanes o los de toda España terminen siendo llamados a votar en 2018. En el caso de Cataluña, para evitarlo los independentistas tendrán que ponerse de acuerdo para escoger un nuevo president. En principio, Puigdemont es el más votado de entre los secesionistas, pero su fuga a Bruselas y la imposibilidad de volver a España sin ser detenido dificultan su reelección, y escoger un candidato alternativo podría desatar una guerra entre los partidos independentistas: mientras Junts per Catalunya tiene en la recámara al líder de la ANC, Jordi Sànchez, ERC aspira a investir president a su número uno, Oriol Junqueras, si Puigdemont no puede someterse a la votación.

Además, Junts per Catalunya y ERC tendrán que decidir qué hacer con sus ocho diputados electos que probablemente no podrán tomar posesión con normalidad, bien por estar en Bruselas, bien por estar en prisión: sin estos ocho parlamentarios, el separatismo perdería la mayoría absoluta en el Parlament y no podría elegir nuevo president. Todos ellos pueden delegar la recogida de sus credenciales de diputado, así como la promesa o juramento de acatamiento a la Constitución y el Estatut, pero eso no les garantiza que el juez les permita acudir al Parlament a trabajar y a votar. Puigdemont y los cuatro consellers cesados que le acompañan en Bruselas no descartan renunciar a sus escaños para evitar volver a España y eludir la prisión provisional, además de para no dejar en minoría al independentismo.

Por su parte, Rajoy ha reiterado en múltiples ocasiones que su intención es agotar la legislatura y gobernar hasta 2020. Pero no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, ni siquiera con los votos de Ciudadanos, su socio preferente, y la respuesta del Gobierno a la crisis en Cataluña ha puesto contra las cuerdas a un PP que tendrá muy complicado sumar a sus votos y los de Ciudadanos al PNV, un partido imprescindible para alcanzar una mayoría con la que aprobar los Presupuestos Generales del Estado –la principal herramienta del Ejecutivo– para 2018.

Las relaciones de los nacionalistas vascos con los dos principales partidos de la derecha pasan por su peor momento de la legislatura. El PNV ha asegurado que no tiene intención de negociar nada mientras "el 155 de la Constitución y sus consecuencias sigan en vigor", y ha llegado a comparar al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con el fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. "José Antonio Primo de Rivera y Albert Rivera no solo coinciden en el apellido" y la formación naranja es "de derecha-derecha y, si por él fuera, disolvería todas las comunidades autónomas", criticó hace unos días Joseba Egibar, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco.

Financiación autonómica y reforma territorial

Pero los Presupuestos Generales del Estado no son el único asunto económico que protagonizará 2018. El foco político también estará puesto en la negociación de la financiación autonómica, que en principio iba a haber tenido lugar durante este año –según se comprometió Rajoy– pero que, finalmente, se producirá el que viene. Así lo confirmó este miércoles el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que señaló que en las "próximas semanas" tiene intención de "acometer" esta reforma, que hasta el momento ha estado paralizada a la espera de que se celebrasen las elecciones catalanas.

El propio Montoro señaló hace unas semanas que "en temas de financiación autonómica es muy importante esperar a Cataluña", y así se ha hecho. No obstante, una vez celebrados esos comicios, las diferentes comunidades ya están tomando posiciones para la negociación que comenzará en 2018. Las autoridades de la Región de Murcia señalaron la semana pasada que esta comunidad "es la peor financiada de España junto con Valencia", el Gobierno canario ha pedido que "se fijen las diferencias" que existen entre las distintas comunidades para que "la financiación autonómica sea acorde con las necesidades que cada una tiene" y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, recordó este miércoles la "infrafinanciación manifiesta" de su autonomía.

A nivel territorial, 2018 también tendrá como protagonista la eventual reforma de la Constitución, que todos los partidos salvo el PP piden pero que no termina de concretarse. Por el momento, el único paso que se ha dado es la apertura de una comisión sobre la reforma territorial en el Congreso en la que han rechazado estar presentes PDeCAT, ERC, PNV y Unidos Podemos, y que está previsto que eche a andar en enero. Pero los principales partidos tienen una idea muy diferente de cómo debe ser esta reforma. El PP sigue advirtiendo de los peligros de abrir este debate sin consenso y para "contentar" a los secesionistas, algo en lo que coincide Ciudadanos; mientras tanto, Pedro Sánchez se muestra convencido de que los conservadores aflojarán su rechazo en 2018, y Unidos Podemos ve totalmente insuficiente la comisión a la hora de reformar a fondo el modelo territorial.

Al menos otros dos asuntos serán protagonistas en el tablero político en 2018: la reforma electoral, encallada desde hace tiempo pero en cuya necesidad coinciden todos los partidos salvo el PP, y la flexibilización de la regla de gasto para evitar intervenciones de ayuntamientos con superávit por parte de Hacienda, como ha ocurrido este año con el de Madrid. De ambas reformas, la que tiene más opciones de salir adelante es la segunda, y de hecho Unidos Podemos y el PSOE se han aliado en el Congreso para iniciar la tramitación de la ley que eliminará la obligación de que los consistorios con superávit lo dediquen a amortizar deuda.

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En cualquier caso, si en 2018 finalmente no hay elecciones, se romperá un ciclo de cuatro años seguidos en los que se ha celebrado algún proceso electoral. De esos últimos cuatro años, sin duda 2015 fue el más prolífico en lo que a comicios se refiere: hubo elecciones generales, locales y autonómicas. De estas últimas se celebraron elecciones tanto en Cataluña y Andalucía –comunidades en las que, al igual en que Galicia y Euskadi, los comicios autonómicos no coinciden con los del resto de los territorios– como en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana.

De hecho, desde la aprobación de la Constitución en 1978, 2015 es el año en el que tuvieron lugar más procesos electorales: un total de cinco, si se cuentan como uno solo las autonómicas que hacen coincidir todas las comunidades salvo Cataluña, Andalucía, País Vasco y Galicia. Nunca se ha superado esta cifra, y sólo hay dos precedentes que se acercan a ella: los de 2012 y 1999, años en los que se llamó a los ciudadanos a las urnas cuatro veces en un mismo año. En el primero tuvieron lugar las autonómicas en Euskadi, Galicia, Andalucía y Cataluña, mientras en el segundo se celebraron municipales, europeas y autonómicas, estas últimas tanto en Cataluña como en las comunidades que las hacen coincidir.

Pero mientras 2018 se presenta, salvo adelantos, sin elecciones a la vista, 2019 es otro cantar. Ese año tendrán lugar las elecciones al Parlamento Europeo, cuyas legislaturas duran cinco años en lugar de cuatro, y también están previstas las municipales –que cumplen estrictamente el intervalo de cuatro años entre comicios– y las autonómicas en todas aquellas comunidades que las celebraron en 2015, salvo Cataluña.