Anticorrupción abre diligencias sobre adjudicaciones a las residencias de la familia Cotino

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal a raíz de la denuncia presentada por Esquerra Unida (EU) contra el actual presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por las adjudicaciones de 2009 a las residencias de su familia.

El grupo parlamentario de EU entregó a principios de mes al fiscal los expedientes de las adjudicaciones de 2009 a las residencias de la família Cotino, así como las transcripciones de las escuchas —en el marco del llamado caso Brugal— entre Vicente Cotino (sobrino del presidente del parlamento autonómico) y el empresario alicantino Enrique Ortiz.

En un decreto dictado el 16 de julio por la Fiscalía Provincial de Valencia, este organismo da acuse de recibo a esa documentación y ordena la apertura de diligencias penales que pasarán al fiscal delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Jesús Carrasco.

Tras conocer la resolución de Fiscalía, la diputada autonómica de EUPV Esther López Barceló ha manifestado su "alegría" por la apertura de diligencias, al tiempo que ha recordado que estas adjudicaciones ascienden a más de 15 millones de euros.

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"En su mayor parte éstas fueron a parar a Savia o a Gerocentros, empresas vinculadas a la família de Cotino. Además, se produjeron mediante un procedimiento negociado sin publicidad, el cual también se ha repetido recientemente, en 2013 siendo ya la consellera Sánchez Zaplana, aumentando la cantidad a 22 millones de euros y de nuevo recayendo muchas de las adjudicaciones en las empresas vinculadas a la família Cotino", asevera la parlamentaria a través de un comunicado.

López Barceló expresa su confianza en que "esta investigación llegue hasta el final, y que se depuren todas las responsabilidades penales, y por supuesto las políticas, las cuales ya tendrían que haberse asumido por parte del señor Cotino, quien tendría que haber abandonado hace mucho tiempo su cargo como presidente de las Corts".

"Recordemos que Cotino—prosigue—, como conseller de Bienestar Social, tendría que haberse eximido de llevar a cabo cambios normativos previos (en 2007) que directa y objetivamente sabía que iban a beneficiar a las empresas de su familia. Todo este entramado da la imagen de una administración al servicio de una red clientelar y familiar; los valencianos y valencianas necesitamos con urgencia una limpieza de nuestras instituciones empezando por la dimisión del presidente de las Corts".