La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto que pone fin a la investigación del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid sobre el presunto origen ilícito del patrimonio del ex ministro de Economía Rodrigo Rato al entender que incurre en "omisiones" graves, como las cifras reflejadas en un informe de expertos fiscales del Ministerio Público según las cuales el investigado habría ocultado a la Hacienda Pública más dinero del que señala el instructor, según informa Europa Press.
Anticorrupción ha apelado ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto emitido el pasado 23 de febrero por el juez Antonio Serrano-Arnal, donde propone procesar a Rato por delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y fiscales por, presuntamente, haber repatriado a España casi ocho millones de euros desde paraísos fiscales mediante un entramado societario.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Fiscal explica que dicho dictamen "realiza afirmaciones erróneas que no se ajustan a la realidad documental obrante en autos, incurre en omisiones de hechos que forman parte de la instrucción e injustificadamente no se recogen, y está desajustado al entremezclar confusamente hechos de distintos delitos".
Así, señala las "anomalías" observadas precisando los aspectos que, en su opinión, "deben añadirse o corregirse a fin de que todos los hechos de esta investigación queden debidamente incorporados" al auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.
En concreto, reprocha a Serrano-Arnal que omite un informe de 7 de julio de 2020 elaborado por el perito inspector de Hacienda adscrito a Anticorrupción que, en base a la información obtenida en domicilios y sedes sociales de Rato y el abogado Domingo Plazas, también investigado, establece "las cuotas tributarias defraudadas dimanantes del afloramiento de incrementos de patrimonio no justificados y rendimientos de capital mobiliario derivados de fondos no declarados deslocalizados en el exterior".
Según dicho informe, las bases imponibles, "exclusivamente por los fondos offshore, a los que han de sumarse las cuotas defraudadas correspondientes al resto de hechos imponibles" ascienden a 16.181.818,97 euros, repartidos entre los años 2005 a 2015.
Sin embargo, el juez solo recoge en su auto las cantidades plasmadas en un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) del 13 marzo de 2020, que "resultan de cuotas reducidas progresivamente de acuerdo con la documentación de la defensa de Rato". De acuerdo con la ONIF, el dinero que el ex vicepresidente del Gobierno tenía fuera de España sin declarar eran 5.256.869 euros repartidos entre los años 2006 a 2009.
"En definitiva, la diferencia de bases imposibles relativas a la llamada partida tráfico de divisasdifiere en casi once millones de euros (10.924.949,97 euros) entre el resultado de la ONIF, único al que atiende el auto del 23 de febrero de 2021, y el informe de la Unidad de Fiscalía de 7 de julio de 2020, totalmente omitido", ha advertido Anticorrupción.
Patrimonio oculto
El Ministerio Público indica que en su informe "se recogen documentos y mails intervenidos durante la entrada mails y registro que afloran bolsas patrimoniales deslocalizadas en el exterior cuya titularidad se atribuye a Rato".
Entre ellas destaca Wheelerdale Corporation, constituida en 2012 en Luxemburgo y domiciliada en Curaçao, puesto que, "atendiendo al balance contable localizado en bases de datos abiertas de gran fiabilidad, los fondos que presuntamente pudieran parapetarse tras esta sociedad luxemburguesa ascienden a 77,429.892,8 euros en 2016".
Menciona igualmente a GI International Holding, una entidad dependiente de Wheelerdale radicada en Suiza, subrayando que "los fondos que presuntamente pudieran parapetarse tras esta sociedad suiza ascienden a 54.358.747,7 euros en 2013".
Además, se refiere a otras empresas offshore que esconderían montantes inferiores, tales como el binomio británico Vivaway-Kradonara, el canal por el que habría circulado gran parte del dinero ocultado por Rato, y que habría enmascarado 5.160.673,46 euros en los periodos 2006 a 2010, 2013 y 2015; o Red Rose Finantial, creada por el despacho de los Papeles de Panamá Papeles de Panamá (Mossack-Fonseca) y que habría tapado 2.474.085,42 euros entre 2005 y 2008.
Para Anticorrupción, estas y otras cantidades, "a pesar de no ser incluidas inicialmente en el cuadro de bases y cuotas defraudadas, gozan de la suficiente entidad para ser incluido dicho bloque documental dentro de los hechos objeto de imputación".
El juez sienta en el banquillo a Rato por delitos contra Hacienda y blanqueo en la gestión de su patrimonio
Más de 70 años de prisión
La Fiscalía ha solicitado para Rato 70 años de cárcel por supuestamente defraudar más de 8,5 millones de euros, acusándole de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios, insolvencia punible y falsedad documental.
De acuerdo con las tesis fiscales, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto que pone fin a la investigación del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid sobre el presunto origen ilícito del patrimonio del ex ministro de Economía Rodrigo Rato al entender que incurre en "omisiones" graves, como las cifras reflejadas en un informe de expertos fiscales del Ministerio Público según las cuales el investigado habría ocultado a la Hacienda Pública más dinero del que señala el instructor, según informa Europa Press.