Anticorrupción sospecha que un español se hizo pasar por San Chin Choon para salvar a Luceño y Medina
Siempre se ha dado suma importancia a lo que pudiera decir el director ejecutivo de Leno Sdn Bhd, San Chin Choon, en el marco del denominado caso mascarillas. Él es el empresario malayo a quien el Ayuntamiento de Madrid compró material sanitario de dudosa calidad durante la primera ola de la pandemia. Y él es quien puede dar todas las claves de la vinculación de su firma con los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina, quienes se hicieron con más de cinco millones de euros al calor de esos contratos. Por eso, todas las alarmas saltaron cuando a comienzos de verano llegó al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid un email firmado por un supuesto San Chin Choon en el que se daba respuesta a una serie de cuestiones. Aquel correo salía al rescate de los dos intermediarios. Pero Anticorrupción tiene serias sospechas de su autenticidad. Es más, cree que fue redactado por un hispanohablante.
Es una de las conclusiones que se extraen de la pieza separada abierta en secreto por el juez instructor para intervenir las comunicaciones de Luceño. La misma surge a raíz de una petición del Ministerio Fiscal solicitando el registro del domicilio y trastero del empresario español y la sede de la firma Takama Investments SL. El escrito, firmado por el fiscal Luis Rodríguez Sol, arranca expresando las serias sospechas sobre la "autenticidad" del correo electrónico emitido por el supuesto empresario malayo. El Ministerio Público pone el foco, primero, en la dirección de email: "No coincide con las otras direcciones de San Chin Choon que obran en la causa". De hecho, deja claro que en los documentos que constan en la causa vinculados a las operaciones bajo sospecha figuran otros correos distintos.
Pero el fiscal no solo se queda ahí. También entra a analizar a fondo el contenido del documento que acompañaba a ese email. Aquel archivo adjunto daba respuesta a las diferentes preguntas que el Ministerio Público había planteado en su momento al empresario malayo, lo que desde el primer momento resultó extraño dado que San Chin Choon siempre se había negado a cooperar con la investigación. El contenido de aquel archivo venía como anillo al dedo a los investigados. De principio a fin, respaldaba la versión dada por los comisionistas en sede judicial. Así, aseguraba que Luceño era "agente exclusivo" de Leno. Y confirmaba la autenticidad de los documentos puestos sobre la mesa por los comisionistas para demostrar su relación con la firma, papeles que Anticorrupción siempre ha sospechado que son falsos –de ahí el delito de falsedad documental–.
El Ministerio Público, sin embargo, ve puntos negros en dicho documento de respuestas que le hacen sospechar sobre la autenticidad del mismo. Primero, que esté redactado en inglés, un idioma que, según Luceño, San Chin Choon no conoce. Y segundo, que tenga varias "incorrecciones gramaticales" que "evidencian" que está redactado "por alguien que no solo no habla correctamente el inglés, sino que tiene el español como lengua materna". Ponen como ejemplo el uso del término "indenfension", que no existe en inglés y que se trataría de una "burda adaptación del término castellano indefensión". Pero también la utilización de la palabra "sojabean" –en lugar de "soybean"–, que según el Ministerio Público "apunta de nuevo a la autoría de alguien cuya lengua materna es el castellano".
"En la respuesta a la pregunta sobre si conoce a los señores Luceño y Medina, dice "To Mr. Alberto Luceño yes, to Mr. Medina no", que vuelve a ser una burda transcripción de la respuesta que se daría en castellano ("Al Sr. Alberto Luceño sí, al Sr. Medina no"), cuando en inglés el objeto directo de persona no lleva nunca preposición (es decir, sobre en ambos casos la palabra "to")", asevera Anticorrupción. Al mismo tiempo, sostiene que "carece de toda lógica" las explicaciones que se dan sobre el uso de "firmas totalmente distintas" por parte de una misma persona "dependiendo del tipo de documento que se haya de firmar". Y asevera que incluye "otras afirmaciones" contradictorias. Por ejemplo, la afirmación del supuesto San Chin Choon de que Luceño había participado desde 2018 en varias operaciones de comercio internacional con ellos contrasta con el hecho de que las cuentas de sus sociedades presenten un saldo de cero euros a lo largo de todo el año 2019.
Buscando las "relaciones reales" con Leno
El juez instructor, que durante el primer interrogatorio a los dos investigados ya dejaba entrever que no le convencía la versión que estaban ofreciendo sobre su relación con la empresa malaya, cree que el Ministerio Público tiene razones para sospechar de la autenticidad de los correos electrónicos. Máxime cuando se contradicen con informes de la Científica o con las cuentas de las sociedades administradas por el empresario. "Ni el investigado ha aportado a la causa su nombramiento exclusivo de Leno de 2018 ni la firma del MDNCA –uno de los documentos– en 2019, lo que aumenta todavía más los indicios de falsedad", apunta Adolfo Carretero en un auto fechado el pasado 13 de septiembre, un día después de recibir el escrito del Ministerio Público. De ahí, que el juez accediese a la petición de registro efectuada por Anticorrupción.
El objetivo de las entradas a la vivienda y a la sede de una de las sociedades de Luceño era conseguir, y así lo exponía el Ministerio Fiscal, toda la información posible que ayude a comprender cuáles fueron las "relaciones reales" de Luceño con Leno Sdn Bhd. Al fin y al cabo, hasta la fecha era el único que no había aportado "ni un solo mensaje que corrobore lo manifestado en sus declaraciones", cuando "parece evidente que tuvo que cruzar varios mensajes con San Chin Choon u otros responsables de la empresa Leno". La única explicación, en opinión del fiscal del caso, es que no las haya aportado porque "contradirían la versión que hasta ahora ha dado de los hechos".
Tarjetas del CNI o la Dirección de Seguridad Nacional
San Chin Choon sale al rescate de los comisionistas del 'caso mascarillas': "Luceño es agente exclusivo"
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Los registros se llevan a cabo el pasado jueves, 22 de septiembre. Comienzan a las 8:04 horas y se prolongan hasta la comida. Los llevan a cabo miembros del Grupo Técnico Operativo de la Unidad Central contra la Ciberdelincuencia de la Comisaría General de Policía Judicial. Durante las intervenciones, se localizaron diversos elementos que hacen pensar que el investigado pudo haberse hecho pasar por agente de la autoridad. Así, según las actas del registro a las que ha accedido este diario, se encuentra un "portaplaca negro" con una "placa de agente de la autoridad". En concreto, del Centro Nacional de Inteligencia. "Tarjeta blanca y azul "CNI" y foto del investigado", recogen también los encargados del registro. Esta descripción coincide con el aspecto de las identificaciones que se expiden para los empleados de La Casa.
Pero no solo eso. Los agentes también se encuentran con media docena de "hojas de impresiones de tarjeta" que hacen referencia al Cuerpo Nacional de Policía, al Ministerio de Defensa o al "DSN", siglas que se corresponden con el Departamento de Seguridad Nacional. El Código Penal castiga con una pena de prisión de uno a tres años a quien "ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial" y una multa de uno a tres meses para quien "sin estar autorizado" usare "pública e indebidamente" un "uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial". Además, el Código Penal también contempla penas de seis meses a tres años de prisión al particular que cometa falsedad en documento público, ya sea alterándolo o simulándolo "en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad".
Los agentes, además, se incautaron de varias libretas y gran cantidad de documentación, entre la que se encuentra un archivador en cuyo lomo figuraba "máscaras kn 95", "test antígenos" y "guantes nitrilo", lo que coincide con los tres contratos bajo la lupa de la justicia. También intervinieron ordenadores, móviles o soportes de almacenamiento. Y realizaron capturas de pantalla de conversaciones mantenidas a través de WeChat, así como volcados de la información contenida en diferentes direcciones de correo electrónico. Sin embargo, hay una de ellas de la que no lograron obtener una copia. Es de Proton Mail, un servicio que integra un cifrado de extremo a extremo. "No se pueden ver los mensajes de este correo ya que tiene una factura pendiente de pago", recogen las actas de los registros, a las que ha tenido acceso este diario.
