"Habrá un antes y un después de este curso escolar". Con estas palabras, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, adelantó hace una semana en Alicante que este mes llevará al Congreso de los Diputados una nueva ley de conciliación con un eje central: la gratuidad de las escuelas infantiles. "No es una opción, sino que ha de ser una obligación que se incluya en el catálogo del estado del bienestar en toda España", señaló el conservador desde uno de esos centros. Pretende que esta política sea "marca" de su partido y de hecho ya ha empezado a trabajar en ello en algunas comunidades autónomas. Galicia fue la pionera precisamente durante su mandato, pero otras como la Comunitat Valenciana o Aragón ya han empezado a seguir sus pasos. No obstante, los expertos advierten: este no es el camino. Al menos, no si el objetivo es otro diferente al de incrementar la segregación y la desigualdad.
Andalucía es un buen ejemplo para entenderlo. El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla ha devuelto 112 millones de los 120 que recibió del Ejecutivo central para la creación de 12.069 plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años. Según explicó la que hasta finales de julio era consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, era un plan que no se adaptaba a su "modelo", basado en una red público-privada que, defendió, "funciona". Por eso fueron claros: se crearán únicamente 1.040 nuevas plazas. Para Pedro Sánchez, la decisión se explicaba únicamente porque en el PP están "sometidos a las presiones y a los intereses de los centros privados", que son mayoría en la autonomía. Según las propias cifras de la Junta, el 63,6% de todas las escuelas infantiles —1.400 de 2.200, concretamente— corresponden a esa titularidad.
Pero esto no es una excepción ni una particularidad de la autonomía. Ni mucho menos. Según las cifras que maneja el Ministerio de Educación —las últimas, correspondientes al curso 2023-2024—, en Canarias, la Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia y La Rioja también son mayoría los centros privados de educación infantil. ¿Y qué pasa mientras tanto con el alumnado? Pues también según las estadísticas del departamento dirigido por Pilar Alegría, que en algunas autonomías está escolarizado, en su mayoría, en la privada. En Andalucía, por continuar con el mismo ejemplo, tan sólo había un 35,8% de niños y niñas en escuelas infantiles públicas el curso pasado. En la Comunitat Valenciana, un 46%.
Más allá de eso, conviene también no obstante ampliar un poco el foco. Según el informe Panorama de la Educación 2024. Indicadores de la OCDE, presentado la semana pasada, la escolarización de 0 a 3 años alcanza, tan sólo, el 41,8%, una cifra no obstante que sitúa a España entre los países de nuestro entorno con un mejor porcentaje, junto a otros como Suecia (47,3%) y Noruega (58,9%). Pero si se aleja todavía más la lupa, se ven más matices. Y es que la pregunta que surge es: ¿quiénes son los pequeños y pequeñas que sí están escolarizados?
El artículo ¿Quién gana y quién pierde? El acceso desigual a los recursos de educación y cuidado en la temprana infancia, elaborado en el marco del proyecto Investig in children, financiado por el Gobierno de España, reveló que el código postal, de nuevo, es el que responde a la pregunta. Hablando de números: van a la escuela infantil el 61,7% de los niños de familias de clase alta, frente a un 28% de las de clase baja. Así lo certificaron Lara Navarro y Marga León, investigadoras del Instituto d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona y de la Universitat Autònoma de Barcelona, respectivamente, en el estudio ¿Quién gana y quién pierde? El acceso desigual a los recursos de educación y cuidado en la temprana infancia. La conclusión que alcanzaron las expertas es tajante: la educación infantil es, como todo, cuestión de dinero. Y no sólo en la privada, puesto que las plazas públicas, en la mayoría de los casos, las financian las familias a través de copagos. Según estima Save the Children, el 40% de los costes totales de esta etapa educativa recaen en los padres y madres.
La paradoja del "efecto Mateo"
Si atendemos a estos datos, parecería por tanto que la propuesta de Feijóo es la acertada. Pero los expertos no lo creen así. La investigadora en educación de la Universitat de Barcelona Sheila González, de hecho, cree que la medida es incluso "regresiva".
Para entenderlo hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que la evidencia científica de que escolarizar a los niños y niñas en edades tan tempranas es beneficioso para su desarrollo es amplia y de sobra conocida. Por ejemplo, y como recoge un estudio de Save the Children, quedó comprobado que ampliar los años de educación infantil con la LOGSE —la ley educativa aprobada en 1990— redujo la probabilidad de repetición de curso en primaria. Además, los pequeños que completaron los dos ciclos muestran mejores habilidades que quienes no lo han hecho a los cinco o seis años, cuando comienzan la Primaria. Pero es que además, y más allá del terreno puramente educativo, las habilidades sociales, la autorregulación y las actitudes positivas hacia el aprendizaje también mejoran.
Volvamos a la cuestión anterior: si son los hijos e hijas de las familias con más renta quienes están accediendo en su mayoría a esta etapa educativa, son los niños y niñas más vulnerables que no pueden acceder a estas escuelas los que verán perpetuadas las desigualdades en las etapas ya obligatorias. Es decir: son quienes más necesitarían acceder a estos centros quienes menos lo hacen, una paradoja denominada "efecto Mateo", de acumulación de ventaja por un lado y de acumulación de desventaja por el otro.
Sin embargo, la medida por la que apuesta el PP no solucionaría nada porque "no es la económica la única barrera de entrada", explica González. Hay en juego otras cuestiones como, por ejemplo, las culturales. "Hay personas que no conciben que la crianza deba ser fuera del hogar", razona. Además, si la etapa infantil se concibe más como una herramienta conciliadora que educativa —lo que ocurre en clases de rentas más bajas—, es complicado que se opte por ella si la madre —que es quien suele hacerlo— no trabaja. Resulta difícil por tanto revertir ese "efecto Mateo", así que garantizar la gratuidad de las plazas sólo beneficiaría, de facto, a quienes ya las ocupaban, que son precisamente quienes podían pagarlas.
Las alternativas
La clase alta usa la escuela infantil el doble que la baja y agranda así la desigualdad desde la cuna
Entonces, ¿hay políticas más acertadas? González apuesta por más plazas públicas, que es la política que precisamente reclama el secretario de Política Educativa de la Federación Estatal de CCOO, Alonso Gutiérrez. "La educación pública es la única que garantiza el aprendizaje y el éxito educativo de todos los niños y las niñas", dice, criticando que financiar lo privado es, además, una manera de hacer una clara "dejación de funciones".
El Gobierno ya ha tratado de acelerar la creación de estas plazas y precisamente la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó una partida de 32 millones de euros destinados a 2.900 repartidas entre siete comunidades. Además, desde 2021 el Ejecutivo ha destinado más de 670 millones para abrir más de 65.000 a nivel nacional. Lo importante es que todas tengan en cuenta el "efecto Mateo". Es decir: que no se concedan como hasta ahora por sorteo, sino teniendo en cuenta factores como los de renta. Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, señala en este sentido que "lo más importante —más que la cuestión de la titularidad del centro, sostiene— es que las administraciones garanticen que las nuevas plazas en esta etapa ofrezcan un servicio de calidad y sean accesibles para las familias más vulnerables, por ejemplo modulando el precio en función de los ingresos de los hogares" y siendo "totalmente gratuitas" para los más vulnerables.
Hasta ahora, critica González, el criterio se basa en un "sorteo" debido, precisamente, a esa falta de plazas. "Apostar por la gratuidad no asegura nada. En todo caso supondría un doble agravio para quienes no están dentro de esa etapa", sentencia.
"Habrá un antes y un después de este curso escolar". Con estas palabras, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, adelantó hace una semana en Alicante que este mes llevará al Congreso de los Diputados una nueva ley de conciliación con un eje central: la gratuidad de las escuelas infantiles. "No es una opción, sino que ha de ser una obligación que se incluya en el catálogo del estado del bienestar en toda España", señaló el conservador desde uno de esos centros. Pretende que esta política sea "marca" de su partido y de hecho ya ha empezado a trabajar en ello en algunas comunidades autónomas. Galicia fue la pionera precisamente durante su mandato, pero otras como la Comunitat Valenciana o Aragón ya han empezado a seguir sus pasos. No obstante, los expertos advierten: este no es el camino. Al menos, no si el objetivo es otro diferente al de incrementar la segregación y la desigualdad.