Era 28 de junio de 2022, más de dos años después del inicio de la pandemia y de que se comprobara, con hechos, datos y testimonios, que las residencias, tal y como estaban planteadas, no funcionaban. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autonómas aprobaron ese día, tras meses de negociaciones fallidas y borradores tirados a la papelera, el documento sobre el cual se levantarían los cimientos del nuevo modelo de centros para mayores. Se bautizó Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y estableció un plazo máximo de nueve meses para que las autonomías trasladasen las directrices que marcaba a sus normativas regionales. Pero solo una lo hizo a tiempo: la Comunitat Valenciana. Otras, como Galicia, Madrid y Murcia, fueron claras: ni lo han hecho ni lo harán.
El texto ya nació con la división de las autonomías. Diez votaron a favor —Extremadura, Canarias, Navarra, Comunitat Valenciana, Asturias, La Rioja, Illes Balears, Cantabria, Aragón y la ciudad autónoma de Melilla— y nueve en contra —Galicia, Madrid, Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, País Vasco y la ciudad autónoma de Ceuta. Fueron estas últimas las que dijeron en un principio que este rechazo les avalaba para no tener que trasponer los mínimos del texto de Derechos Sociales a sus normativas, sometiéndose a la posibilidad de que el Gobierno acudiera a los tribunales o les cortara el grifo de la financiación. Pero, por ahora, sin medidas contra ellas, mantienen su posición.
Fuentes de las consejerías competentes de Madrid, Murcia y Galicia confirman a infoLibre que no tienen en el horizonte seguir la estela marcada por el departamento de Ione Belarra. "Nosotros votamos en contra al no estar de acuerdo, por lo tanto, no estamos obligados a realizarlo", aseguran desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la región de Murcia. Galicia y Madrid, sin embargo, sí que muestran, o lo hicieron hace meses, su predisposición a elaborar nuevos reglamentos, aunque de ninguna manera asociados al del de Derechos Sociales.
La comunidad presidida por Alfonso Rueda (PP) ya expresó esa voluntad en diciembre de 2020, con la creación del denominado Comité Asesor Sociosanitario, según recuerda la Federación galega de organizacións de familiares e usuarias de residencias e da dependencia (Rede), que denunció que se trataba de un "órgano fantasma" por su "menguada visibilidad". El Ejecutivo autonómico defendía entonces que crearía un documento "único en Europa, ambicioso y consensuado". Pero con quien contaba entonces para sacarlo adelante, criticó Rede, era con la patronal.
Lo que introduciría la normativa, expuso la organización de familiares, era un límite en el número de plazas para los centros de mayores, que no podrían superar los 150 usuarios, y otro para las unidades de convivencia, que deberían ser para un máximo de 25 personas. En febrero de 2022, la Xunta entregó al Parlamento gallego un documento en el que incluía estas mismas cifras. "La residencia no es otra cosa que la casa de los residentes [...]. Por lo tanto, una de las líneas fundamentales de trabajo debe ser que las personas mayores se sientan cómodas en ellas", defendía el Gobierno en el texto.
Sin embargo, esta defensa no ha pasado de las palabras al papel. Las residencias gallegas siguen regidas por la normativa aprobada en 1996, que ni siquiera hace referencia a un máximo de plazas o a unidades de convivencia. "Es vergonzoso", lamenta Paulino Campos, presidente de Rede.
En cualquier caso, estos números están muy alejados de lo estipulado por el Ministerio de Derechos Sociales. Según el documento acordado, ninguna residencia puede superar las 120 plazas, un máximo que baja a 90 en aquellas zonas "de densidad intermedia" y a 75 en zonas rurales. En cuanto a las unidades de convivencia, éstas no deben superar las 15 personas.
El caso de Madrid es parecido al gallego. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), informan fuentes de su Consejería de Políticas Sociales, "ya está trabajando en su propio modelo de acreditación". El objetivo, añaden, es "dar respuesta a dos principios que reflejan la voluntad expresada por los mayores: seguir viviendo en su hogar el mayor tiempo posible con todos los apoyos y servicios que requieran, y que cuando decidan trasladarse a una residencia puedan elegir el centro que deseen". Por ahora sólo se conoce un documento sobre el que, indican las mismas fuentes, se están recibiendo propuestas. Pero su contenido se aleja también del Acuerdo de acreditación del Ministerio.
Las plazas también las sitíuan en un máximo de 150 personas y las unidades de convivencia en 25, pero también modifica las ratios establecidas por el departamento de Belarra. Si el Gobierno lo establece en 39 trabajadores de atención directa —entendiendo como tal gerocultoras, personal sanitario y técnicos de los cuidados— por cada 100 residentes en 2024 y 50 en 2030, Madrid lo establece en 45 para residencias con más de 50 plazas y 37 en las de menos. En este caso, no hay previsión de aumentar estos números.
Tampoco cambiará su normativa actual el País Vasco, según informan fuentes de su Departamento competente. "Votamos en contra del Acuerdo por su invasión competencial", explican sus fuentes, que añaden que actualmente se rigen por su Ley de Servicios Sociales, del año 2008, y por el decreto de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, del año 2015, un texto en el que no aparecen referencias a las ratios o a las plazas máximas. No obstante, la Diputación de Gipuzkoa informó el pasado mes de marzo de que impulsaría un "nuevo modelo" en 30 residencias de mayores. En ellas se impulsarán, informan desde la institución, "proyectos de reconversión, creación y adaptación de plazas", una operación en la que se invertirán 34 millones de euros en dos años.
Según recuerda Campos, en el País Vasco ya se hablaba hace una década de unidades de convivencia de 25 plazas, siguiendo la estela europea. En Suecia, ya en la década de los 80, ya había personas con demencia en "viviendas de grupo". Hoy en día, todos los alojamientos para personas mayores con necesidad de atención las 24 horas del día y los siete días de la semana están distribuidos en el equipamiento en grupos de unos 8 a 12 apartamentos de 30 metros cuadrados cada uno, agrupados en unidades de convivencia.
El ejemplo valenciano, seguido de Navarra
El caso de la Comunitat Valenciana es completamente diferente. Como indican desde Rede y como ha podido comprobar infoLibre, se trata de la única autonomía que presentó a tiempo su nueva normativa. No sólo eso, sino que mejoró los números establecidos por el Ministerio. "Se trata de un buen decreto", evalúa Campos. Lo aprobaron el pasado 10 de marzo y en él el Govern recogió el límite de 120 plazas y el establecimiento de unidades de convivencia de, como mucho, 15 personas.
También abordó el establecimiento de nuevas ratios, para las que establece además un calendario de mejora. Así, el número de trabajadores de atención directa llegará a ser en diciembre de 2027 de 51 por cada 100 residentes en los centros denominados autorizados —privados— y de 58 en las residencias acreditadas —públicas o con algún tipo de concertación. Son números positivos, dicen los familiares, pero que sin embargo no supondrán un "salto cualitativo" porque, además, tienen un periodo de adaptación. En 2025, la ratio de las primeras será de 43, una cifra que se ampliará hasta los 46 en 2026.
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, defendió en cualquier caso su nueva normativa, que calificó de "necesaria". "Garantizamos que los usuarios estén atendidos en mejores condiciones", aseguró, defendiendo que terminarían por conseguir que las residencias "se parezcan más a un hogar" tras su aplicación.
Además de la Comunitat Valenciana, Navarra es la otra comunidad que, aunque más tarde, ya ha adaptado el decreto de Belarra a su normativa. Lo hizo este mismo mes de mayo, como informan fuentes de su Departamento de Derechos Sociales a infoLibre. Establece, exactamente, lo firmado: unas ratios que pasarán de 39 trabajadores de atención directa por cada 100 en 2024 a 50 en 2030, un límite de 120 plazas en los centros y unidades de convivencia de 15 personas como mucho.
Unas trabajan para ajustarse; otras dicen que ya lo cumplen
Más allá de estas dos comunidades, no hay más normativas, aunque algunas prometen que las aprobarán a pesar de haber votado en contra. Es el caso de Andalucía y Castilla y León, cuyas consejerías así lo confirman. La de la primera justifica el retraso porque su voto en contra no le obligaba a hacerlo en el plazo estipulado. "Estamos trabajando en la adaptación de nuestra normativa, pero nuestro plazo es mayor porque las comunidades que tenían obligación de tenerla en nueve meses tras la aprobación del Acuerdo en el Consejo Territorial de junio de 2022 son sólo las que votaron a favor", aseguran. Castilla y León, por su parte, asegura que el decreto, que espera tener aprobado antes de final de año, se amoldará a lo establecido por el Ministerio.
Extremadura y Aragón, que votaron a favor, también aseguran que adaptarán sus normativas. La primera, explica su Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, pedirá una ampliación del plazo otorgado por el Ministerio "dado que en el periodo electoral no se ha podido avanzar". Los nueve meses, no obstante, terminaron el pasado mes de marzo, dos meses antes de las elecciones de este 28M. En cualquier caso, las mismas fuentes aseguran que ya hay un borrador que fue enviado a los agentes sociales, "con quien también se está trabajando de forma paralela". Afirman, además, que respetarán "el suelo común mínimo".
La autonomía presidida por Javier Lambán, por su parte, sostiene que está más cerca de tener la norma. Según explican, "se han incluido los nuevos criterios en el proyecto de Ley de Ordenación de las Entidades Privadas de Servicios Sociales, que ya fue remitido a las Cortes de Aragón". Aun así, el Acuerdo marco de plazas concertadas, dicen, ya está aplicando esas nuevas directrices.
Baleares, por su parte, y aunque votó a favor, no ha aprobado ninguna nueva norma porque, sostiene su Consejería de Asuntos Sociales, ya cumplen esos criterios, aunque no especifican en qué terminos. Es lo mismo que asegura Cantabria, que defiende que ya trabajaba "en esa línea [la del acuerdo del Gobierno y las comunidades]". Recuerdan en este sentido que el pasado mes de marzo, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, anunció que el Ejecutivo autonómico destinaría nueve millones a "mejorar la atención y dotar de más personal a los centros de atención a personas dependientes". Una de las maneras era mejorando las ratios, aunque no se aportaron datos.
Parecido es el caso de Castilla-La Mancha, que afirma que se adhirió al Acuerdo en el primer trimestre de este año, aunque no con la aprobación de una nueva norma. La autonomía ya dio luz verde, dicen fuentes de su Consejería a un nuevo decreto en el que recogía "el incremento de la ratio del personal de atención directa, la creación de unidades de convivencia y la puesta en marcha de Servicios de proximidad para llegar también a las personas más autónomas que deciden vivir en sus casas, tanto en el ámbito urbano como en el rural".
Cataluña, por último, aseguró que "la Conselleria está analizando las diferencias entre los criterios" del Acuerdo del Ministerio y las normas vigentes en su autonomía. "La información recabada permitirá determinar el alcance de las medidas a adoptar. En cualquier caso, ya se está avanzado de manera decidida en el refuerzo de los procesos de desintitucionalización y, también, en la prevención de la institucionalización de las persones dependientes y con discapacidad", aseguran.
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infoLibre también se puso en contacto con Asturias, La Rioja y Canarias para recopilar su información, aunque por el momento no ha obtenido respuesta.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por su parte, informa de que "en unos meses" tendrán listo un informe completo de cómo esta el mapa nacional. El pasado 12 de mayo aprobaron el reparto de más de 7783 millones para la financiación de los sistemas autonómicos de dependencia.
Para Campos, aunque el Acuerdo firmado fue "decepcionante desde un punto de vista global", sí que sentó "las bases para que alguno de esos elementos del 'nuevo modelo' cuajen en los Servicios Sociales del Estado", algo que necesariamente pasa por la voluntad autonómica. Duda, no obstante, de que la excesiva presencia de las empresas privadas, que recuerda que gestionan el 87% de las plazas residenciales en España, permitan el avance.
Era 28 de junio de 2022, más de dos años después del inicio de la pandemia y de que se comprobara, con hechos, datos y testimonios, que las residencias, tal y como estaban planteadas, no funcionaban. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autonómas aprobaron ese día, tras meses de negociaciones fallidas y borradores tirados a la papelera, el documento sobre el cual se levantarían los cimientos del nuevo modelo de centros para mayores. Se bautizó Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y estableció un plazo máximo de nueve meses para que las autonomías trasladasen las directrices que marcaba a sus normativas regionales. Pero solo una lo hizo a tiempo: la Comunitat Valenciana. Otras, como Galicia, Madrid y Murcia, fueron claras: ni lo han hecho ni lo harán.