"O pagan o demandan". Ese fue el mensaje que, según el colombiano Diego García Arias, exgerente de Inassa y principal arrepentido del caso Lezo, transmitió el grupo Essentium a los directivos del Canal de Isabel II en Latinoamérica cuando supo que había sido excluido de la que inicialmente iba a ser una operación conjunta, la compra de la firma brasileña Emissao. Siempre según García Arias, Essentium conocía las graves irregularidades que rodeaban esa operación, realizada a finales de 2013. Así que para asegurarse el silencio del holding, Ignacio González y su círculo de confianza articularon una costosa fórmula pagada con dinero público: adjudicarle un contrato multimillonario a Essentium, el grupo que capitanea Susana Monje, exvicepresidenta del Barça, y ahora en liquidación. En julio de 2014, una de sus filiales, Assignia Infraestructuras SA, obtuvo del Canal una adjudicación de 14,44 millones, IVA incluido, para un proyecto de suministro de agua de riego en el municipio de Rivas Vaciamadrid.
Todo eso lo declaró este miércoles García Arias ante el magistrado que investiga el caso, Manuel García Castellón. Como ya desveló infoLibre, García Arias efectuó el año pasado en Colombia una primera confesión demoledora en la que no solo detalló, casi al céntimo, cuánto pagó en comisiones el antiguo dueño de Emissao a Ignacio González y cuatro de los suyos –el propio arrepentido también– y de qué forma y dónde se ocultó el dinero sino que señaló al político madrileño como el que ordenó el sistema de reparto: de un total de 5,4 millones de dólares, González se reservó para sí 1,8 millones y dejó que sus cuatro –presuntos– cómplices se quedaran 900.000 dólares cada uno. La parte del entonces jefe del Ejecutivo madrileño quedó camuflada en cuentas de Panamá abiertas a nombre de dos compañías instrumentales de Edmundo Rodríguez, que en Latinoamérica era su hombre fuerte. Los 900.000 dólares de García Arias ya están en poder de la justicia española.
Uno de los partícipes del botín de Emissao fue Luis Vicente Moro, ex alto cargo del Gobierno de Aznar y considerado uno de los testaferros de González. Y resulta que Luis Vicente Moro fue miembro del consejo de administración de Essentium hasta dos meses antes de la compra de Emissao.
Contactadas por infoLibre, fuentes cercanas a Ignacio González evitaron entrar en el fondo del asunto pero remarcaron que el exgerente de Inassa reconoció ante el juez García Castellón que no había hablado sobre la eventual demanda de Essentium con el político sino con su hombre fuerte en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez. El relato del exdirectivo colombiano sobre ese episodio, subrayan las citadas fuentes, es por tanto de mera "referencia" en lo que concierne al expresidente de Madrid.
Essentium, declaró este miércoles García Arias ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, lanzó la amenaza porque conocía los agujeros de la compra de Emissao, cifrada en 29,5 millones de dólares más 1,5 de aportación de capital. Entre esas irregularidades –o ilegalidades– destaca una: materializada a través de una compañía que solo operaba con cuentas de Panamá, la transacción no contaba con la autorización previa del Consejo de Gobierno de Madrid.
Los investigadores ya le seguían la pista al contrato a Assignia sobre el que ayer se extendió García Arias. Se la seguían desde el primer momento, como lo acredita el hecho de que el juez que instruyó el caso en su fase inicial, Eloy Velasco, ya lo mencionó en el auto por el que envió a prisión a Ignacio González y a otros presuntos miembros de la trama el 18 de abril de 2017. "También existen indicios -escribió entonces el magistrado- de que Adrián Martín, como Director Gerente del Canal de Isabel II, habría intervenido activamente en la manipulación de los procesos de licitación de un contrato público de obras en Rivas Vaciamadrid, dirigiendo y asegurando su adjudicación a una sociedad del grupo empresarial Essentium".
Una ruidosa cocina y sospecha de micrófonos
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García Arias, que seguirá declarando el viernes, le contó al juez García Castellón algo a lo que ya se había referido en su primera confesión, cuando todavía estaba preso en una cárcel colombiana donde –como explicaron a este periódico fuentes conocedoras del caso– pagaba por dormir tumbado. Lo que relató entonces y ha vuelto a explicar este miércoles es que se vio con González cuatro veces en España.
Y que la última de ellas lo hizo en 2016, un año después de que la investigación sobre su ático de lujo en Estepona hubiese forzado al PP a descabalgar al político en favor de Cristina Cifuentes. Celebrada en el despacho privado abierto por González, a esa cuarta reunión acudió García Arias en compañía de Edmundo Rodríguez, que ya había sido destituido como presidente de Inassa.
Lo extraño –dijo García Arias en Colombia y volvió a repetir este miércoles en Madrid– fue que el anfitrión no los condujo a su oficina sino a una especie de cocina ruidosa. El hombre que había sido gerente de Inassa –y así se lo dijo al juez y a la Fiscalía en su declaración en Colombia– llegó a la conclusión de que entre aquellas paredes había micrófonos. Uno de los puntos más controvertidos del caso Lezo lo conforman los múltiples indicios de que Ignacio González sabía que se le estaba investigando.
"O pagan o demandan". Ese fue el mensaje que, según el colombiano Diego García Arias, exgerente de Inassa y principal arrepentido del caso Lezo, transmitió el grupo Essentium a los directivos del Canal de Isabel II en Latinoamérica cuando supo que había sido excluido de la que inicialmente iba a ser una operación conjunta, la compra de la firma brasileña Emissao. Siempre según García Arias, Essentium conocía las graves irregularidades que rodeaban esa operación, realizada a finales de 2013. Así que para asegurarse el silencio del holding, Ignacio González y su círculo de confianza articularon una costosa fórmula pagada con dinero público: adjudicarle un contrato multimillonario a Essentium, el grupo que capitanea Susana Monje, exvicepresidenta del Barça, y ahora en liquidación. En julio de 2014, una de sus filiales, Assignia Infraestructuras SA, obtuvo del Canal una adjudicación de 14,44 millones, IVA incluido, para un proyecto de suministro de agua de riego en el municipio de Rivas Vaciamadrid.