El juez investiga al médico que pudo falsificar un justificante para que Villar Mir no fuese a declarar

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Plaza de Castilla de Madrid, Carmen Valcarce, ha citado a declarar como investigado el próximo 19 de septiembre al médico que presuntamente falsificó un informe para que el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir evitase comparecer ante la Audiencia Nacional para declarar como imputado en el caso Lezo, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Esta causa sobre presunta falsificación fue inicialmente archivada y ahora se reabre para averiguar si realmente el facultativo elaboró dicho documento falso. Todo se remonta al pasado 7 de enero de 2018, cuando se presentó este certificado ante el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, ya que al día siguiente Villar Mir estaba citado en dependencias de la Guardia Civil para la práctica de una diligencia de toma de huellas decadactilar.

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Según informó el equipo de comunicación del grupo industrial e inmobiliario Villar Mir, "a causa de su estado de salud, se solicitó un aplazamiento, siendo la diligencia realizada cuatro días después, es decir, el 12 de enero de 2018, con resultado, por cierto, negativo. La huella del señor Villar Mir no figuraba en el documento a analizar".

No obstante, unas escuchas acordadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, por presuntas donaciones al Partido Popular madrileño a cambio de adjudicaciones de obra en la Comunidad de Madrid −avaladas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional−, revelaron una conversación del empresario con sus abogados en la que se hablaba de la necesidad de un informe médico falso para no acudir a dicha citación judicial.

La fiscal del caso, Ana Cuenca, consideró que se debía analizar si esta parte de las conversaciones era constitutiva de delito y el magistrado instructor la envió a los juzgados de instrucción de Madrid, donde inicialmente se archivó. Los portavoces del empresario ya lamentaron la publicación de esas conversaciones y adviertieron de una posible vulneración de su derecho a la intimidad y a la defensa, ya que no han autorizado su reproducción o difusión.