El caso de Alicia, la niña de 17 meses, que murió en la noche de este martes en Vitoria después de que un hombre que había mantenido una relación con su madre la arrojara por la ventana, pone sobre la mesa la realidad de los menores que son testigos e incluso víctimas de agresiones por parte de sus padres o de las parejas de sus progenitoras. Más allá de las circunstancias precisas de este suceso –el caso está bajo secreto de sumario– los expertos consultados por infoLibre recuerdan que los menores son, casi siempre, los grandes olvidados cuando se aborda el problema de la violencia machista.
La realidad es que, antes que Alicia, otros 53 menores han sido asesinados en la última década por hombres con los que sus madres mantenían o habían mantenido una relación, según datos de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sólo recopila los datos desde 2013. Detrás de esta cifra se esconde el terrible objetivo de dañar aún más a la mujer, de proporcionar un daño absoluto. Los agresores saben que matar a los hijos es una forma de asegurarse que la mujer no se recuperará jamás.
Los expertos consultados reconocen que las reformas legales como las llevadas a cabo la Ley de la Infancia y la Adolescencia o la creación del Estatuto de la Víctima suponen un "cierto avance" en la protección de los menores que viven en entornos en los que suceden o han sucedido episodios de violencia machista. La citada ley, por ejemplo, reconoce como víctimas directas a los hijos de las mujeres que sufren violencia de género, lo que garantiza para ellos –al menos, sobre el papel– el acceso a los recursos que la legislación venía ofreciendo hasta entonces a sus madres.
"El hecho de que se empiece a visibilizar a los menores como víctimas con entidad propia es un gran avance porque supone que los jueces siempre tendrán que tener en cuenta sus testimonios a la hora de investigar este tipo de situaciones", señala Violeta Assiego, abogada e investigadora experta en vulnerabilidad y derechos humanos. También Marisa Soleto, jurista y directora de la Fundación Mujeres, pone en valor estas reformas y espera que puedan producir "algún pequeño cambio", si bien recuerda que España no ha hecho nada más que ponerse al día con temas de tenía pendientes.
Además, ambas se muestran preocupadas por el hecho de que el Estatuto de la Víctima no vaya acompañado de una dotación presupuestaria, lo que, a su juicio, dificulta "mucho" que estas medidas se puedan implantar en los juzgados y en las fiscalías. "El gran reto que hay con respecto a la violencia de género es el conocimiento por parte de los agentes jurídicos del perfil de víctima que es muy concreto y que hay conocer... el grado de especialización tiene que requerir una inversión económica importante en formación y aprendizaje que no parece estar sobre la mesa", lamenta Assiego.
Ligado a esa falta de especialización en el ámbito judicial, Soleto muestra su preocupación por la existencia de lo que define como "una mala práctica judicial muy extendida" consistente en la no identificación automática de las agresiones contra menores como delitos de violencia machista. Y alude al caso de los niños Ruth y José Bretón. Su padre, José Bretón, fue condenado a cuarenta años de prisión acusado de dos delitos de asesinato. A pesar de que la madre denunció estar viviendo una situación de violencia machista cuando desaparecieron sus hijos sólo fue condenado por asesinato. Ningún dictamen judicial la identifica a ella como víctima directa de la violencia de género.
"Hay mujeres que, cuando toman conciencia de la situación de violencia que están viviendo, deciden resolverlo poniendo fin a la relación a través de un divorcio en lugar de denunciando. Después, si en ese proceso, ante el reconocimiento de la violencia, deciden poner la denuncia... es cuando estamos viendo que, de forma significativa, hay jueces que las desestiman sin entrar al fondo del asunto porque les atribuyen intereses espurios", explica Soleto.
Régimen de visitas y custodia
Cuando se habla de menores y de violencia machista otro frente relevante es su utilización como "arma arrojadiza" contra la mujer. "Son vistos como la fórmula con la que se puede agredir a la mujer de la manera más dolorosa", señala Assiego. Y esta es una realidad que, a su juicio, hay que tener en cuenta "en mayor medida de como se está haciendo" a la hora de establecer el régimen de visitas o la retirada de la patria potestad.
De hecho, los datos del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evidencian que la suspensión del régimen de visitas apenas afecta al 3% de los padres maltratadores. Estos datos contrastan con otros de la última macroencuesta de violencia de género elaborada por el Ministerio de Sanidad que señalan que más del 60% de las mujeres que dicen sufrir violencia de género señalan que sus hijos también han presenciado situaciones de violencia. Según Assiego que, ante esta realidad, exista un porcentaje tan bajo de suspensiones del régimen de visitas "descuadra la cultura que existe respecto a la gravedad del fenómeno ante el que nos encontramos".
Otra realidad a tener en cuenta es la de los menores que se quedan en situación de orfandad, que fueron 51 el año pasado. Cuando las organizaciones feministas hablan de la necesidad de abordar la violencia machista a través de un pacto de Estado entre las cuestiones que solicitan están, por ejemplo, que haya medidas muy similares a las que tienen los hijos de víctimas del terrorismo en relación a las situaciones de orfandad.
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Por lo que ha trascendido hasta la fecha del asesinato de la pequeña Alicia, el agresor –que reconoció los hechos en sus primeras declaraciones ante los investigadores, aunque después ha ido modificando su testimonio y ha acabado negando todo– fue sorprendido por la madre abusando de la niña. Fue entonces cuando se inició una fuerte discusión entre ambos y él acabó arrojándola por la ventana.
Miguel Lorente, médico forense y delegado del Gobierno para la Violencia de Género entre 2008 y 2011, señala que el caso de Alicia también saca a la luz otra "realidad negada", la de los abusos sexuales a menores dentro de la violencia machista. Lorente recuerda que estudios oficiales han concluido que alrededor del 9% de las mujeres menores de edad sufren o han sufrido abusos sexuales, que son ejecutados por hombres en el 90% de los casos. Entre ellos, son predominantes los que se producen en el círculo más próximo de la menor. Lorente insiste en la necesidad de que haya "investigaciones profundas" cuando se detecten indicios de que se han podido cometer este tipo de delitos.
Aunque admite que analizar la situación global de la violencia de género atendiendo sólo a algunas de sus manifestaciones, como pueden ser los homicidios, puede llevarnos a un análisis "erróneo", Lorente no duda en señalar que el origen de este tipo de actitudes está en la falta de atención a la causa de esta violencia, que es el machismo, no el individuo aislado que decide matar. "Hay hombres que, de forma nueva, se introducen en la violencia y llegan hasta el homicidio. Si existe una media de alrededor de 60 que acaban matando todos los años es que existe algo común a todos ellos que hace que eso se produzca sistemáticamente", asevera. Por eso, a su juicio, la clave está en entender que quien mata es el machismo y quien ejecuta son los machistas.
El caso de Alicia, la niña de 17 meses, que murió en la noche de este martes en Vitoria después de que un hombre que había mantenido una relación con su madre la arrojara por la ventana, pone sobre la mesa la realidad de los menores que son testigos e incluso víctimas de agresiones por parte de sus padres o de las parejas de sus progenitoras. Más allá de las circunstancias precisas de este suceso –el caso está bajo secreto de sumario– los expertos consultados por infoLibre recuerdan que los menores son, casi siempre, los grandes olvidados cuando se aborda el problema de la violencia machista.