Andalucía
Juana Rivas se enfrenta a acciones legales de su expareja por "secuestrar" a sus hijos
El abogado Adolfo Alonso, que representa a la expareja de Juana Rivas, mantiene que en este caso se han producido ya "dos secuestros" de los menores después de que el miércoles esta madre de Maracena (Granada) incumpliera la orden judicial de entregar a los niños a su progenitor para que regresaran con él a Italia y ha anunciado acciones legales "porque esto debe terminar", ante el "enorme daño" que se está provocando a los pequeños. Juana Rivas fue maltratada por su expareja, según consta en una sentencia judicial.
Alonso ha señalado a Europa Press que se va a limitar a trabajar "en los juzgados", desde "el respeto a los tribunales y sin entrar en cuestiones manipuladas de género ni de violencia contra la mujer", todo ello mientras Juana Rivas sigue sin desvelar su paradero y el de sus hijos, que no han sido localizados por la Guardia Civil en los domicilios particulares que guardaban alguna relación con ella.
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada "mantiene vigente" el auxilio realizado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que busquen a los menores tanto en Maracena como en aquellos lugares donde puedan encontrarse, después de que se le comunicara que Juana Rivas no había comparecido con ellos en el Punto de Encuentro Familiar de Granada donde debían ser recogidos por su progenitor, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales.
Así, la jueza no prevé adoptar nuevas acciones en este sentido tras el incumplimiento del mandato judicial y la Fiscalía tampoco lo ha hecho hasta este mediodía, según han precisado desde el Ministerio Público. Todo ello en el marco de un proceso que hasta el momento está tramitado por la vía civil y que no conlleva una orden de búsqueda y captura que sí podría producirse en caso de que el asunto se llevara al ámbito de lo penal.
Aunque el letrado Adolfo Alonso ha descartando precisar a los medios de comunicación qué acciones concretas va a tomar, afirma que la "realidad" es que se ha producido "un segundo secuestro", después de que Juana Rivas primero se llevara a los niños de Italia —donde tienen fijada su residencia habitual— y de que el miércoles no los entregara a las 16.30 horas en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, tal y como había ordenado el Juzgado.
Ha aludido a la posibilidad de que la postura adoptada por la madre forme parte de una "estrategia para ganar tiempo" mientras se presiona a los tribunales, intentando reconducir lo que considera un caso de "secuestro" interparental a otro de violencia de género pese a que, según ha incidido en los últimos días, la sentencia de 2009 del Juzgado de lo Penal 2 de Granada que condenó a su cliente por un delito de lesiones en el ámbito familiar se produjo después de que "él se conformara con la pena porque no se le estaba dejando ver a un hijo".
En posteriores declaraciones al programa Espejo Público, recogidas por Europa Press, el letrado ha defendido que "el que está siendo objeto de violencia psicológica" es su cliente porque se "le ha separado de sus hijos" y "lleva un año sin verlos ni poder hablar con ellos" sin que haya "absolutamente nada, ningún dato, que diga que el padre es perjudicial" para esos niños sino que "es la palabra de ella frente a la de él".
Ha incidido en este sentido en que son "dos sentencias y cuatro jueces españoles los que han valorado la demanda" que se puso a través de la Abogacía del Estado a raíz de que Juana se llevara a sus hijos de Italia y ha vuelto a recordar que en este caso no se está dirimiendo "la custodia", lo cual deberá hacerse en los tribunales italianos, que es "donde corresponde".
La Junta ofrece asistencia jurídica
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este jueves que desde el Gobierno andaluz se ha ofrecido asistencia jurídica a Juana Rivas para pedir la suspensión del régimen de visitas de los menores.
Así lo ha señalado Susana Díaz en su cuenta personal de Twitter, consultada por Europa Press, después de que el pasado martes ya expresara su apoyo a Rivas "en su lucha para proteger a sus hijos", afirmando que "los niños también son víctimas de la violencia machista".
Por su parte, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, también se ha referido a este ofrecimiento por parte de la Junta, porque, asegura, "Juana Rivas está pasando por un situación muy difícil" y "es importante que pueda tener todos los instrumentos a su favor".
Además, y en declaraciones a Europa Press, ha indicado que en estos momentos "están pensando sobre todo en los niños", quienes "están sufriendo una tensión psicológica que les afecta en su normal desarrollo", y en este sentido, insiste, "es la disposición por parte de la Junta de apoyar a Juana Rivas en este caso".
El caso de esta madre de Maracena (Granada) ha generado en las últimas horas numerosas muestras de apoyo en redes sociales como Twitter, donde la etiqueta #JuanaEstáEnMiCasa ha sido la cuarta más compartida a lo largo de la mañana.
Su situación ha provocado mensajes de afecto de colectivos sociales, feministas, partidos políticos y particulares que reclaman "justicia" para ella y sus hijos. También por este medio se ha anunciado la reciente creación de la Plataforma de Apoyo a Juana Rivas desde el Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena.
Delito de sustracción de menores
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Miguel Pascuau, ha afirmado este jueves que Juana Rivas, que sigue en paradero desconocido, podría estar incurriendo en un delito de sustracción de menores. Según ha dicho, corresponde a un juez decidir sobre la entrega al progenitor.
En una entrevista en Cadena SER recogida por Europa Press, el magistrado ha recordado que la madre puede "eximir la responsabilidad si en el plazo de 24 horas comunica donde están los hijos y se compromete a restituirlos de manera inmediata". "La situación es delicada", ha recalcado Pascuau, explicando que este delito está contemplado en el Código Penal.
El magistrado ha apuntado que un juez es quien debe tomar la decisión de aceptar o no si una madre puede "retener a sus hijos contra la voluntad del padre en un país y en un lugar diferente al que era su residencia habitual".
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Así, ha reclamado que un proceso donde, tras escuchar a las dos partes, un juez tome una decisión: "El juez se puede equivocar, pero también los demás podemos equivocarnos a la hora de sentenciar", ha declarado,
Del mismo modo, ha afirmado que se puede impedir la restitución al domicilio en Italia cuando ponga al menor en una situación "intolerable": "Seguro que la madre hizo lo imposible por convencer al juez de que esa era la situación", ha advertido, insistiendo en que, en este caso, el padre y la madre "no están de acuerdo" sobre donde tienen que estar los hijos.
Fuentes judiciales han informado a Europa Press que el artículo 225 bis del Código Penal recoge que la sustracción de un hijo menor —entendida como el traslado de su lugar de residencia sin el consentimiento del progenitor con el que convive habitualmente— está castigada en España con penas de prisión de dos a cuatro años de cárcel e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por un periodo de cuatro a diez años.
