La asociación que se querelló contra el fiscal Manuel Moix consiguió recaudar durante las horas en que estuvo activa su solicitud de ayuda económica un total de 12.433 euros. "La participación en la recaudación ha superado todas nuestras expectativas", señala en un comunicado la asamblea TCJ-15M, a la que el Tribunal Supremo impuso una fianza de 3.000 euros para poder continuar en el proceso como acusación popular.
El TCJ-15M consiguió en pocas horas reunir, gracias a la colaboración de más de 250 donantes, cuatro veces más dinero del que necesitaban para seguir adelante con la querella. Por ello, han habilitado una cuenta de correo, tribunalciudadanodejusticia@gmail.com, para que los aportantes que lo deseen puedan reclamar la devolución de sus donaciones.
Además, han detallado los gastos realizados hasta la fecha: 3.000 euros de la fianza, 400 euros de la provisión de fondos del procurador, 31,10 euros para asesoría contable, 260 euros de notaría y 140 euros de gastos de gestión. Un total de 3.831,10 euros. "Aunque prevemos más gastos para esta acción", señalan en el comunicado, en el que agradecen todo el apoyo recibido. "Os tendremos informados del recorrido de la acción y los detalles de gastos", completan.
La querella
La querella la presentó ante el Supremo la asamblea TCJ-15M a través de la asociación Contratrama. El Alto Tribunal les impuso una fianza de 3.000 euros para continuar como acusación popular, un dinero que debían reunir en tres días. Consiguieron la cantidad requerida en apenas 36 horas.
Ahora, el tribunal tendrá que decidir sobre el fondo del asunto. La querella de Contratrama acusa a Moix –que tuvo que dimitir el pasado 1 de junio como fiscal jefe de Anticorrupción después de que infoLibre desvelase que es dueño de una empresa en Panamá– de la comisión de tres delitos por archivar sin investigar dos denuncias presentadas en 2007 y 2009 contra Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid ahora encarcelado. En aquel momento Moix era el fiscal jefe de Madrid y él mismo firmó los dos decretos de archivo de las denuncias.
Los querellantes, que aportaron abundante documentación al Supremo para probar sus acusaciones, consideran que esa actuación de Moix podría ser constitutiva de prevaricación, encubrimiento y omisión de perseguir delitos. En su escrito de querella sostienen que si el entonces fiscal jefe de Madrid hubiese practicado unas mínimas diligencias de investigación se habría desmontado hace diez años la trama liderada por González.
La actuación de Moix
Tras su dimisión a causa del escándalo de la empresa panameña, Moix es ahora fiscal de Sala del Tribunal Supremo, que es precisamente el órgano judicial que deberá decidir si admite o no a trámite la querella contra él.
"Manuel Moix decretó el archivo de las denuncias sin realizar diligencias de investigación esenciales, a pesar de que su práctica había sido solicitada expresamente por los denunciantes. La realización de esas diligencias elementales habría servido ya en 2007 para descubrir una de las operaciones de corrupción descritas con detalle en el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que decretó el ingreso en prisión de Ignacio González", se indica en la querella presentada por Contratrama el pasado 26 de junio y que firma la abogada Liliana Pineda.
Estos hechos fueron desvelados por infoLibre el pasado mes de mayo, en una información titulada “Nuevos documentos desvelan que el fiscal Moix evitó en tres ocasiones que se investigase el caso González”.
La asociación que se querelló contra el fiscal Manuel Moix consiguió recaudar durante las horas en que estuvo activa su solicitud de ayuda económica un total de 12.433 euros. "La participación en la recaudación ha superado todas nuestras expectativas", señala en un comunicado la asamblea TCJ-15M, a la que el Tribunal Supremo impuso una fianza de 3.000 euros para poder continuar en el proceso como acusación popular.