Asociaciones católicas llevan a los juzgados al Gobierno navarro por impulsar un programa de coeducación

Serán diez personas, cinco redactores y cinco formadores, quienes testifiquen. Lo harán este viernes a partir de las 10:00, la hora fijada para su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). El motivo: haber creado e impulsado el programa Skolae, un proyecto para implantar la educación en igualdad de forma obligatoria en los centros públicos y concertados de Navarra. Su declaración, en calidad de testigos, parte de una denuncia contra la Administración navarra, concretamente contra el Departamento de Educación. Esta denuncia fue interpuesta por un grupo de padres y madres del colegio concertado San Cernin, pero se suma a otras dos: una registrada por la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa) y una tercera por la Plataforma 18M, fundada por el diputado del PP Juan José Cortés.

El programa Skolae nace en el año 2017 en el seno del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. El plan de coeducación forma parte, tal y como expresa el propio programa en su introducción, "de los compromisos sectoriales" que el departamento asume a través de su Unidad de Igualdad y en el marco del plan anual aprobado por el Gobierno de Navarra. Echa andar con la apertura del curso 2017/18 y lo hace en forma de experiencia piloto en 16 centros escolares. Para el curso siguiente, el programa comienza a expandirse hasta alcanzar actualmente a más de un centenar de escuelas.

En julio de 2018, el director general de Educación aprueba una resolución para regular, durante el curso 2018/19, la organización y el funcionamiento de los centros públicos en Navarra, por la que ya se mencionaba la aplicación progresiva de Skolae. A través de otra resolución, esta vez fechada en agosto, el director general ratifica el programa para su generalización progresiva en todos los centros de la comunidad foral. "En la demanda por la que están llamadas como testigos las personas" que este viernes "tienen que acudir a la Sala del Contencioso-Administrativo del TSJN se recurren estas dos resoluciones del director general", confirman fuentes oficiales del Gobierno de Navarra. Las tres demandas "solicitan la retirada del programa, para lo que requieren la retirada de las resoluciones, aunque la justificación varía en términos, acusaciones, afirmaciones, etc".

Roberto Pérez Elorza, director general de Educación del Ejecutivo de Navarra, detalla a preguntas de infoLibre que los inicios de Skolae se tejieron con la creación de un equipo de igualdad dentro del departamento. A partir de entonces, surgen los debates en torno a cómo educar en igualdad, en todas las etapas y no de forma puntual, sino tangencial. "Queríamos un cambio sistémico que implicara a todo el profesorado", dice al otro lado del teléfono. El siguiente paso, después de definir el desarrollo curricular específico, fueron las dos resoluciones citadas, "la de inicio de curso y otra en la que se marca cuáles son las competencias básicas". Para Pérez Elorza, no haber desarrollado hasta el momento un plan de igualdad obligatorio en el ámbito educativo supone "la omisión de un deber que durante muchos años se ha mantenido como habitual".

El proyecto se presenta en la Comisión de Educación y en Consejo Escolar. "En ambas presentaciones recibimos aplausos de todos los partidos políticos y de los representantes de la comunidad educativa, a excepción de Concapa", sostiene el director general y de hecho afirma que todos "exigen que lo implantemos con los medios suficientes y cuanto antes". En noviembre de 2018, el Parlamento de Navarra consensuó una declaración institucional para apoyar que el programa fuera obligatorio en todos los centros financiados con dinero público.

"Aquello de igualdad no tiene nada"

Pero el contenido de Skolae choca de frente con los valores de determinados sectores. Así lo expresa Mercedes Zapata, presidenta de Concapa Navarra, en conversación con infoLibre. La primera queja de Zapata tiene que ver con lo que considera una escasa publicidad del programa en el momento de su aprobación. "No se había enterado nadie", lamenta. El segundo gran obstáculo lo pone el contenido, "104 páginas de principios e ideas generales". Para Zapata, "uno lo va leyendo y al principio no entiende nada" porque el texto habla de "heteropatriarcado o capitalismo, palabras que le suenan a uno a chino". Luego llega, agrega, la "visibilización LGTBI, que ahí ya dices 'esto en clase'...". Al final, concluye, "ya se ve que aquello de igualdad no tiene nada", sino que a su juicio responde a "ideas políticas y morales" relacionadas con "determinada ideología y pensamiento desde luego muy contrario a Concapa". La presidenta de la confederación asegura que "la gente en los colegios estaba muy escandalizada".

Zapata censura que la guía funcione como "fomento de la masturbación" o que dé a entender que "todos los hombres son machistas". Además, dice, de proponer "todo tipo de actividades totalmente inapropiadas" o de formular al alumnado "qué niños quieren cambiar de sexo". Hacer de tales preceptos una guía educativa, insiste, "va totalmente en contra del sentido común".

Jurídicamente, la presidenta de la confederación explica que "se estudió y se vio que de fondo es totalmente inconstitucional". Se refiere a la obligatoriedad del plan. A su entender, ese carácter obligatorio impide el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Además, añade, "formalmente está hecho mediante una simple resolución", en lugar de haber adoptado la forma de reglamento.

La denuncia de Concapa no es la que lleva a los diez profesores a los juzgados este viernes. Es la interpuesta por el grupo de ocho padres y madres del colegio San Cernin. infoLibre ha contactado con el centro y un portavoz autorizado ha explicado que desconocen la autoría de la demanda. En cualquier caso, añaden las mismas fuentes, el grupo no guarda relación con la asociación oficial de padres y madres, sino que "se interpuso la denuncia a nivel individual".

Cumplir las leyes

Marian Moreno es una de las profesoras que este viernes acude a declarar. A sus espaldas, 29 años dedicados a la labor de la coeducación. Es, además, una de las responsables de la redacción del programa. "El Departamento de Educación de Navarra hace un diagnóstico sobre el cumplimiento de las leyes que obligan a educar en igualdad" y su conclusión confirma que la coeducación depende de la voluntad del profesorado. No existe, por tanto, una sistematización del trabajo. Sobre las bases de ese diagnóstico, el Gobierno de Navarra "decide hacer un programa obligatorio, que forme a todo el profesorado de todos los claustros y que los ponga en contacto con personas expertas".

Cumplir las leyes es precisamente el objetivo, defiende Belén de la Rosa, perseguido por Skolae. De la Rosa es secretaria de Mujer, Políticas de Igualdad y LGTBIQ de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO. En conversación con este diario, recuerda que una de las reivindicaciones de su sindicato tiene que ver con llevar al contenido curricular "estrategias vinculadas a la sexualidad, la identidad y la expresión de género", además de perfilar mecanismos para erradicar, dice, el sexismo y la violencia. La propia Ley de Igualdad de 2007 así lo reclama, igual que la Ley contra la Violencia de Género de 2004. Lo mismo ocurre con la Ley de Educación del 2006.

Y aunque existen proyectos –en Galicia, Cantabria o Andalucía, citan las fuentes consultadas– prometedores, Skolae es el único que "obedece al espíritu" de tales mandatos. "Este programa no sale de lo que marca la ley", sostiene De la Rosa. Moreno reitera que se trata de cumplir ni más ni menos que tres leyes orgánicas para introducir la igualdad dentro del aula. Lo que "esta gente llama imposición es cumplimiento de las leyes", defiende.

Sobre las expectativas en cuanto al proceso judicial, De la Rosa recuerda un caso reciente en València. A finales del mes de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazó la denuncia de varias asociaciones católicas contra la decisión de desarrollar un protocolo de identidad de género en los centros escolares sostenidos con fondos públicos, en base a la Ley trans aprobada por las Corts Valencianes durante la pasada legislatura. La experiencia en suelo valenciano podría suponer un precedente esperanzador para los navarros.

Daños colaterales

Pero incluso aunque las denuncias no prosperen, tanto Moreno como De la Rosa temen efectos colaterales tras la judicialización. "Servirá para aleccionar al resto", lamenta la docente, porque al final lo que se está haciendo es llevar ante los juzgados a "personas profesionales".

Con ella coincide la sindicalista, quien recuerda que precisamente el desarrollo de un modelo educacional basado en la igualdad depende a grandes rasgos de la voluntad del profesorado, que ahora prevé será más reacio a su aplicación. "No nos parece justificado que docentes que quieran desarrollar estrategias en sus proyectos no puedan hacerlo con la libertad que requiere la propia gestión y encima ahora tengan una tensión extraordinaria", apostilla. Finalmente, entiende, la denuncia es una suerte de "persecución a los trabajadores", quienes no querrán ahora "abordar determinadas materias ni trabajar de manera eficaz" sobre el principio de coeducación.

A su juicio, los gobiernos autonómicos deben contar con "instrucciones para que sea obligatorio desde etapas tempranas y formar a los docentes para abordar el trabajo con garantías". Algo que, reitera, deber ser un "ejercicio de toda la comunidad educativa", de manera que quienes lo están haciendo "deben tener la garantía de que no van a ser represaliados. Lo contrario es recorrer el camino hacia atrás".

Sexualidad, liderazgo, autonomía y capacidad crítica

El relato de Moreno en nada se asemeja al de Zapata. "No hubo polémica, no habíamos tenido ninguna reacción contraria, sólo hubo felicitaciones", explica la profesora. Pero llega un año de campaña electoral y "ahí surge la bomba". Finalmente, sostiene Moreno, se lleva a cabo una "utilización absolutamente torticera de Skolae con fines electorales" que, confiesa, sorprendió a los responsables del proyecto. "Llevamos todo el año con agresiones por parte de la derecha, de la Iglesia navarra, de Concapa y de personas individuales", lamenta.

Moreno replica que la interpretación que se ha tallado sobre el programa tiene dos caras: "Una que no es malintencionada, sino que parte de la ignorancia, y otra desde la mala intención". Pone el ejemplo de la supuesta guía para la masturbación mencionada por Zapata. "El que vea algo sucio en que se hable de juegos eróticos en Infantil, lo sucio lo tiene dentro", apunta y recuerda que la "sexología es un concepto científico" que, aplicado a los niños, tiene que ver con "descubrir su propio cuerpo y el cuerpo de los demás".

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Lo que propone el programa en materia de sexualidad tiene que ver con que los niños y niñas adviertan las "diferencias físicas individuales", los "cuidados del cuerpo" o el "cuerpo como fuente de sensaciones, comunicación y placer". Asimismo, cree importante trabajar por el estudio de la "sexualidad infantil desde el nacimiento, despenalizando el reconocimiento y la vivencia de dicha sexualidad en el ámbito de la escuela y la familia (curiosidad sexual, juegos eróticos infantiles…)". En ese contexto, los educadores trabajan por "fomentar el diálogo y la confianza en la comunicación sobre temas sexuales, tanto en la escuela como en la familia, como factor de prevención de abusos a menores".

A partir de los seis años de edad, el alumnado se forma sobre la "expresión de afectos", dejando espacio también para abordar problemas de calado como "el acoso y el ciberacoso". Los estudiantes adolescentes tratan además la "ética en las relaciones personales y en las relaciones sexuales: consentimiento, placer compartido, salud sexual, lealtad, igualdad y cuidados mutuos".

La rama de la sexología es sólo una parte del proyecto. El liderazgo, la autonomía y la capacidad crítica son los otros elementos que atraviesan la propuesta. La visibilidad de las mujeres y su obra, la normalización de nuevas identidades, la ética del cuidado, el trabajo asalariado e igualitario o el desigual ejercicio de poder en el entorno son algunas de las bases sobre las que se cimenta la propuesta navarra que es ahora cuestionada.