Asociaciones de jueces y fiscales amenazan con una huelga general en mayo si el Gobierno no atiende sus peticiones

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres asociaciones de fiscales han anunciado este lunes un calendario de movilizaciones para reclamar mejoras en la Administración de Justicia que, de no conseguirse, culminaría el próximo 22 de mayo con una jornada de huelga general en el sector, informa Europa Press.

El calendario de movilizaciones arrancará el próximo día 5 de abril frente a las sedes judiciales de toda España con la lectura de las reivindicaciones de jueces y fiscales para la Administración de Justicia, recogidas en el documento 14 propuestas para la mejora de la Justicia, al que se han adherido más de 3.500 profesionales de la judicatura y la fiscalía.

Entre ellas, las asociaciones de jueces firmantes reclaman el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial.

Por su parte, las asociaciones de fiscales piden, entre otras medidas, la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

En caso de que estas reivindicaciones no sean atendidas, desde las asociaciones de jueces y fiscales convocarían una concentración en Madrid para el 14 de abril, seguida de paros parciales de una hora de duración (de 12.00 a 13.00 horas) durante todos los jueves durante un mes y para culminar, una huelga de las carreras judicial y fiscal para el día 22 de mayo, aunque esta fecha podría variar en función de cómo avancen las negociaciones.

Las reivindicaciones son apoyadas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), así como la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales .

En un comunicado conjunto, todas ellas consideran "decepcionante" la marcha de las negociaciones desde que el pasado 16 de junio dieron a conocer sus propuestas para la mejora de la Justicia, que son competencia de las Cortes Generales, en unos casos, del Ejecutivo, en otros, y del Consejo General del Poder Juricial, en otros.

Respecto a las Cortes, señalan que "no parece haber una mayoría clara" en el Parlamento favorable a atender su petición de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "ni tampoco un proyecto de independencia del Ministerio Fiscal, ni un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un pacto de estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto". Recuerdan, igualmente, que también está pendiente de aprobación la ley orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la Carrera Judicial extensiva los fiscales.

Las asociaciones de jueces y fiscales comunican al CGPJ la convocatoria de huelga el próximo 22 de mayo

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El cuanto al Gobierno, le acusan de haber renunciado a incrementar el número de miembros de la carrera judicial y fiscal a fin de ir equiparándolo a la media europea y recuerdan que "no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando así la precarización de las últimas promociones".

Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años, según denuncian las asociaciones.

Finalmente, en cuanto al Consejo General del Poder Judicial, han lamentado que haya hecho "caso omiso" a su propuesta sobre nombramientos judiciales, conforme a criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia, así como que siga sin cumplir con su obligación legal de fijar las cargas de trabajo, como le recuerda la reciente sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.