Las asociaciones por la memoria histórica aseguraron este viernes que pedirán a los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre la ilegalización "de las organizaciones que promueven actos franquistas", como la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que es legal a pesar de tener como objetivo en sus estatutos, a los que tuvo acceso infoLibre, la "proyección" del ideario del dictador "sobre el futuro de la vida española". "Esto no puede soportarse en un Estado de derecho", apuntó Soledad Luque, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, durante la rueda de prensa en la que se anunció el primer Encuentro Estatal de Colectivos de la Memoria Histórica y el Franquismo, que se celebrará este sábado.
Durante el acto, que aglutinará a más de 60 asociaciones por la memoria histórica en el centro cultural El Madroño –distrito de Vicálvaro–, se debatirá y aprobará el documento definitivo que será puesto sobre la mesa de las diferentes formaciones políticas con el objetivo de que incluyan en sus programas electorales la promesa de impulsar una ley de víctimas que englobe, además de la propuesta de ilegalización de este tipo de organizaciones, otros puntos como, por ejemplo, la derogación de la ley de amnistía de 1977 o la exhumación y traslado de todos los restos republicanos enterrados en el Valle de los Caídos.
"En 1977 se nos decía que todavía estaba muy reciente para hablar de la guerra y la dictadura. En 2011 nos apuntaron que ya estábamos demasiado lejos. Ahora en 2015 se nos presenta un buen momento para dar un impulso a esto", aseguró este viernes el portavoz de la Plataforma por un Centro para la Paz y la Memoria en la Cárcel de Carabanchel, Víctor Díaz Cardiel, durante la rueda de prensa celebrada en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados. El histórico militante comunista dejó claro que "no puede haber democracia sin memoria" y que es necesario "que todas estas propuestas entren en el programa y agendas de las organizaciones políticas" porque, en su opinión, la Transición "es lo que más daño ha hecho a la memoria histórica".
Por el momento, las diferentes asociaciones sólo han elaborado un documento de mínimos compuesto por dieciocho puntos que está pendiente de debatirse en la jornada de este sábado, que comenzará a las 9 de la mañana y se alargará hasta las 19.30 horas de la tarde. Los organizadores pretenden que todos los aspectos que se incluyan en el texto final acordado durante el encuentro, en el que también podrá someterse a debate y votación la inclusión de nuevos puntos, se articulen en una futura propuesta de ley de víctimas que aparezca reflejada en los programas electorales de los diferentes partidos políticos con la vista puesta en los comicios del mes de diciembre.
Cuatro pilares fundamentales
Según explicó Luque a este diario, "el texto quedará sustentado sobre cuatro pilares: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición". En el primero de ellos, quedan englobados aspectos como la "apertura de todos los archivos públicos y privados relacionados con la dictadura franquista y la desclasificación y catalogación por expertos de todos estos archivos y documentos". "El acceso a la información garantiza el derecho a la justicia y a la reparación de las víctimas", agregó Luque.
Sobre el segundo pilar, las asociaciones de memoria histórica incluyen la derogación de la ley de amnistía de 1977, la creación de una fiscalía especializada "que investigue y persiga –detalló la presidenta de la asociación– delitos que son de lesa humanidad y que por tanto no prescriben" y la "localización y judicialización" de todas las fosas comunes "con la responsabilidad del Estado", que, según las organizaciones, debería hacerse cargo "de la investigación y de juzgar a todos los culpables". En este sentido, Luque recordó durante la rueda de prensa que también debe encargarse de "localizar, exhumar, identificar y repatriar" a otros españoles "víctimas del fascismo" que se encuentren enterrados en fosas en otros países.
En relación con la reparación, el acuerdo de mínimos recoge, según explicó, la "anulación de los consejos de guerra ilegales y de todas aquellas sentencias relacionadas con delitos que en aquel momento se consideraban de rebeldía o contra la patria", así como la exhumación y traslado de todos los restos de republicanos represaliados que se encuentran enterrados en el Valle de los Caídos. Las asociaciones también someterán este sábado a debate la posibilidad de que "todas las familias y personas que se quedaron sin sus bienes por motivos políticos, religiosos o represalias de cualquier tipo, deberían ser reparadas y sus bienes devueltos a las víctimas, familiares o herederos".
Finalmente, haciendo alusión al cuarto pilar, Luque detalló tres aspectos fundamentales: "la condena de los actos de exaltación franquista y la ilegalización de las organizaciones que los promueven", "el reconocimiento de sitios de memoria, con la colocación de una placa, en los que se expliquen los hechos sucedidos en aquel lugar y se detallen los criminales" y "la elaboración de unos planes de estudio que establezcan una verdad histórica de esta etapa terrible, integrados en una escuela pública y laica, donde la asignatura de religión no vuelva a ser un vehículo de transmisión de los valores del nacionalcatolicismo".
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Jornada de protesta
Además, los convocantes del encuentro también adelantaron este viernes que las asociaciones de memoria histórica saldrán a las calles a finales de noviembre. "para hacer visible la lucha del movimiento memorialista" y para que sus "reivindicaciones y exigencias" sean "objeto de debate público de cara a los próximos comicios electorales". "Hay que conseguir que la gente visualice que es un programa importante para la sociedad española", afirmó Díaz Cardiel.
Por lo tanto, este sábado también se debatirá y concretará la fecha de la futura Marcha por la Memoria, una jornada de movilizaciones y actos que se prevé que finalicen con una manifestación en la capital. Según explica a infoLibre Soledad Luque, pretenden que "durante la mañana los diferentes colectivos celebren en sus localidades acciones simbólicas, ya sean en un cementerio o clínica donde robaban niños, por ejemplo".
Las asociaciones por la memoria histórica aseguraron este viernes que pedirán a los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre la ilegalización "de las organizaciones que promueven actos franquistas", como la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que es legal a pesar de tener como objetivo en sus estatutos, a los que tuvo acceso infoLibre, la "proyección" del ideario del dictador "sobre el futuro de la vida española". "Esto no puede soportarse en un Estado de derecho", apuntó Soledad Luque, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, durante la rueda de prensa en la que se anunció el primer Encuentro Estatal de Colectivos de la Memoria Histórica y el Franquismo, que se celebrará este sábado.