Aunque los españoles no la sitúan como uno de los principales problemas del país, casi la mitad de la población considera que la justicia no marcha bien. En el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el que se preguntó por esta cuestión, nada menos que un 48% de los encuestados calificaban como malo o muy malo el funcionamiento de los tribunales españoles. Una parte importante se quejaba de la laxitud de las condenas. Pero un 15,3% ponía el foco en la "lentitud". Aquel sondeo, el último que ha ahondado en el sistema judicial, data del verano de 2019. Sin embargo, poco ha mejorado desde entonces. Tres años después, el colapso en los juzgados sigue siendo evidente. Los tiempos de espera han seguido incrementándose, mientras el atasco de procedimientos no logra retroceder a niveles prepandemia. Un problema que se ve agravado por la falta de recursos humanos y materiales.
Juan Antonio Lozano conoce el asunto de primera mano. Es magistrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería, la de lo Civil. Cuenta que cuando empezó cada compañero se encargaba de cuatro ponencias semanales, que luego pasaron a ser cinco y ahora seis. "Y todo con la misma plantilla", apunta al otro lado del teléfono. El magistrado no esconde su preocupación ante el estado de salud del sistema judicial. Tampoco lo hace Conrado Gallardo, quien ejerce en la sección de lo Mercantil –la Quinta– de la Audiencia Provincial de Sevilla. "Yo soy muy pesimista, la situación es caótica", dice el magistrado, quien alerta sobre el "riesgo de colapso" a corto o medio plazo si no se da una "respuesta inmediata". "No veo que nadie ponga sobre la mesa un plan para arreglar una situación que va empeorando por momentos", se queja Gallardo.
A lo largo de 2021, últimos datos disponibles, ingresaron en el conjunto de los órganos judiciales españoles 6.273.090 asuntos, una cifra mayor a la que se registró durante 2020 –al fin y al cabo, la crisis sanitaria paró todo en seco– pero prácticamente similar a la que se venía anotando justo antes de que llegara el coronavirus. Y se resolvieron 6.323.819 casos. Es decir, salieron más de los que entraron. Es la primera vez desde 2016 que eso ocurre. Y es bueno. Pero eso no quita, no obstante, que el atasco siga siendo enorme. Si hace un lustro había 2,23 millones de asuntos en trámite, en 2021 esa cifra se situaba ya en los 3,14 millones, ligeramente por debajo del negro 2020 pero casi once puntos por encima de la del último año prepandemia. Datos que no se habían visto durante toda la última década.
La llamada tasa de congestión es el resultado de dividir la suma de asuntos pendientes de resolver e ingresados en un año entre los resueltos durante ese mismo periodo. Es, por tanto, el indicador que mejor refleja la capacidad resolutiva del sistema y el que permite valorar el nivel de saturación de los juzgados –cuanto menor sea, mejor–. Una cifra que, según la última memoria elaborada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no ha dejado de incrementarse ligeramente durante los últimos diez años. En 2011 era de 1,34. En 2016, del 1,37. Y en 2021 se situó en el 1,49. Este último dato supone una mejora respecto al año anterior, sí. Pero, a pesar del retroceso, la cifra es todavía peor que antes de la pandemia, cuando se movía en el 1,46.
Una justicia lenta
Obviamente, el nivel de congestión no es similar en todo el territorio. Son los juzgados de Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Cataluña, Madrid y Andalucía los que se encuentran en una situación más delicada. "Muchos jueces se están jubilando antes de los 65 años porque no pueden más", explica Gallardo. Además, el magistrado pone el foco en el continuo éxodo de magistrados a puestos algo más tranquilos y en las bajas por "estrés laboral" derivadas de la sobrecarga de trabajo. Hace cuatro años, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo una encuesta en la que se trataba el bienestar mental en la judicatura. Y ya entonces el 84% de los miembros de la carrera judicial se situaban en la zona de riesgo "muy elevado" en relación a la sobrecarga de trabajo.
El atasco ha terminado por eternizar la resolución de los procedimientos. Es la "lentitud" a la que alude una parte de la sociedad cuando justifica el mal funcionamiento de la Administración de Justicia. En la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla están resolviendo a dos años vista. "En 2022 hemos empezado a resolver pleitos que se iniciaron en primera instancia en 2017 y que la primera sentencia llegó en 2020", cuenta Gallardo. A nivel nacional, según los datos que aporta el Consejo General del Poder Judicial, la duración de los procesos en los juzgados de Instrucción se sitúa en los tres meses, mientras que en los de lo Penal es de casi once y en lo mercantil se acerca a los quince meses. Se trata del tiempo medio, porque luego cada asunto es un mundo. Un concurso puede tardar en resolverse en lo mercantil casi cuatro años. Un accidente de trabajo, año y medio.
El magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla apunta que la "acumulación de pleitos" es "enorme". Y eso es un problema. "Si damos respuesta a años vista, todo el mundo va a buscar soluciones alternativas y eso provoca que el Estado de Derecho se tambalee", asevera Gallardo. Algunos sindicatos han mostrado su preocupación por la tardanza en la resolución de asuntos en la jurisdicción social, la que se encarga de causas laborales. "En la actualidad, una buena parte de los juzgados de lo social están señalando en 2023-2024 y una parte significativa en 2025, existiendo casos límite, que están señalando en 2026", aseveraba UGT en un informe reciente, en el que aseguraba que un cuarto de estos órganos están tramitando los llamados procedimientos urgentes, como los despidos, "en plazos que rondan el año".
Una tardanza superior a la registrada en otros países europeos. El último Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE analiza, entre otras cuestiones, el tiempo estimado que tardan los juzgados de primera instancia en resolver los procedimientos civiles y comerciales. Y lo hace con los datos facilitados por 23 de los 27 Estados miembro. España, uno de ellos, se encuentra en el puesto decimoctavo de la tabla. Joaquim Bosch, juez de primera instancia e instrucción, cuenta que cada mañana puede llegar a tener una quincena de juicios, parámetros que no resultan "razonables". "Hay casos de accidentes de tráfico en los que las aseguradoras no pagan hasta que no haya sentencia. O accidentes laborales. Es decir, que este atasco perjudica de forma directa no solo a los jueces, que estamos trabajando al 200%, sino también a los particulares. Y una justicia lenta no puede ser justa", apunta.
Uno de los países con menos jueces
¿Se invierte poco? Según el último informe de evaluación de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, compuesta por expertos de los Estados miembro del Consejo de Europa, España se encuentra en el segundo grupo de países analizados que más fondos destinan a este asunto. En concreto, 87,9 euros por habitante y un 0,37% del PIB, por encima de la media. Invierte en justicia más que Francia, Italia, Bélgica, Noruega o Suecia, pero menos que Alemania, Austria o Países Bajos, donde el gasto se sitúa por encima de los 100 euros per cápita. Una inversión que, además, se ha incrementado en los últimos años. Si en los presupuestos generales de 2018 se invirtieron 1.926,6 millones de euros, en los últimos que acaba de presentar el Ejecutivo esta cifra se sitúa en los 2.291 millones de euros, casi un 20% más que entonces.
España se mantiene por debajo de la media europea en número de jueces y fiscales, pero cobran más
"¿Se gasta poco? Más bien se gasta mal. Tenemos el coche hecho un desastre y gastamos dinero en la tapicería en lugar de en el motor", sostiene Gallardo. Bosch, quien cree que la inversión podría ser algo más potente, centra el foco en la "organización" más que en el "dinero". Tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 que, a su juicio, permite "dilatar" los procedimientos. "Pero nadie se atreve a cambiarlo", se lamenta. Y una planta judicial completamente desfasada: "Es necesario llevar a cabo una reorganización para mejorar la gestión". Esto es algo con lo que coincide el magistrado de la Audiencia de Sevilla: "El sistema está obsoleto. Hay que reorganizar y agrupar, aunque buscando medios para que las zonas rurales no queden desconectadas".
Un problema al que se suma, coinciden todos, la falta de jueces. En la actualidad hay más de 5.300 jueces en activo. Sin embargo, España está por debajo de la media europea en número de miembros de la carrera per cápita. En concreto, tenemos 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes –una cifra ligeramente por debajo de la de 2018–, frente a los 17,6 jueces de la media europea. "Estamos a la cola", avisa Bosch, quien considera que un incremento significativo de los mismos podría resolver acabar con el tapón en la resolución de asuntos. "Tenemos pocos jueces pero nos sobran funcionarios de justicia. No digo que haya que despedirlos, ni mucho menos. Pero sí que se podrían nombrar nuevos jueces sin incrementar la cifra de funcionarios para equilibrarlo", sostiene Gallardo.
En sus memorias, el Consejo General del Poder Judicial hace cálculos sobre las necesidades que tiene el sistema. Y, en la última, con datos de 2021, consideraba que tanto las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia como la Secciones de Audiencias Provinciales tenían un agujero por cubrir de 117 magistrados. Una carencia que el Gobierno trata de solucionar poniendo sobre la mesa más plazas: en los nuevos presupuestos generales del Estado se prevé una oferta pública de empleo de hasta 300 nuevas vacantes en las carreras judicial y fiscal. Más allá de la falta de jueces, el órgano de gobierno de los jueces también Además, estimaban que hacían falta 373 órganos unipersonales, sobre todo juzgados de primera instancia e instrucción y de lo social.
Aunque los españoles no la sitúan como uno de los principales problemas del país, casi la mitad de la población considera que la justicia no marcha bien. En el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el que se preguntó por esta cuestión, nada menos que un 48% de los encuestados calificaban como malo o muy malo el funcionamiento de los tribunales españoles. Una parte importante se quejaba de la laxitud de las condenas. Pero un 15,3% ponía el foco en la "lentitud". Aquel sondeo, el último que ha ahondado en el sistema judicial, data del verano de 2019. Sin embargo, poco ha mejorado desde entonces. Tres años después, el colapso en los juzgados sigue siendo evidente. Los tiempos de espera han seguido incrementándose, mientras el atasco de procedimientos no logra retroceder a niveles prepandemia. Un problema que se ve agravado por la falta de recursos humanos y materiales.