Attac se adhiere a la querella de los extrabajadores de Telemadrid contra Ignacio González y se prepara para aportar más datos

La organización madrileña de Attac, el prestigioso movimiento internacional que propugna el control democrático de los mercados financieros y que ha hecho de la lucha contra la corrupción unas de sus señas de identidad, se ha adherido formalmente a la querella contra Ignacio González, presidente del Ejecutivo regional, presentada en el Tribunal Supremo por extrabajadores de Telemadrid.

El alto tribunal todavía no ha admitido a trámite esa querella ni la que, una semana después, formularon los socialistas madrileños (PSM) por los mismos hechos y bajo la misma acusación: que el ático de lujo que desde 2008 disfrutan en Estepona González y su familia –256 metros construidos, solarium de 238 metros, tres plazas de garaje y otros tantos trasteros– fue en realidad un pago en especie. Es decir, según los querellantes, fue un soborno. 

El presidente de la organización madrileña de Attac, Carlos Sánchez-Mato, confirmó ayer viernes a infoLibre que la adhesión se produce desde la certeza de que los hechos relatados en la querella poseen “extrema gravedad”. Y de que ofrecen indicios “sólidos” para sostener que el ático de lujo que González y su familia disfrutan en Estepona desde 2008 pudo ser la dádiva que obtuvo por haber favorecido al empresario Enrique Cerezo con contratos de Telemadrid.

Interpuesta el 25 de marzo, la querella fue impulsada por una parte de los 861 trabajadores despedidos de la cadena pública en enero de 2013. Sus autores atribuyen al jefe del Ejecutivo madrileño siete delitos: cohecho (soborno), administración fraudulenta, tráfico de influencias, receptación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública y asociación ilícita.

Attac, y así lo confirmó Sánchez-Mato, no solo se ha personado en la querella de los extrabajadores de Telemadrid para ejercer también la acusación sino que se propone ampliarla. La organización aportará nuevos documentos al Supremo cuyo contenido no quiso desvelar Attac pero que, según su presidente local en Madrid, añadirán elementos para sostener la acusación contra Ignacio González y "abrir una investigación que incluya el envío de rogatorias a EEUU por orden del Supremo".

Sánchez-Mato no alberga dudas sobre lo ocurrido: “Ha habido un expolio masivo de las cuentas públicas y, de manera paralela, se ha visto beneficiado Ignacio González, que a su vez contribuyó de manera inequívoca a beneficiar a Enrique Cerezo y sus empresas a través de Telemadrid”.

El comunicado oficial difundido por Attac destaca que el presidente de Madrid pudo haber cometido graves delitos cuando, “prevaliéndose de los cargos que ha ostentado [antes de ascender a la Presidencia, fue vicepresidente con Esperanza Aguirre hasta septiembre de 2012], formalizó contratos económicos que pudieran haber causado graves daños patrimoniales al ente público Radio Televisión Madrid”.

La nota agrega lo siguiente: “Estamos ante gravísimos delitos que afectan al patrimonio de la ciudadanía tanto madrileña como del resto del Estado. En el caso de que pueda establecerse y probarse su comisión, se trataría de una trama que ha permitido expoliar a las arcas públicas y que ha sido completada con la presunta recepción de dádivas y contraprestaciones a cambio de esa artera y vergonzosa actuación”.

Valner compró el ático en mayo y lo alquiló a González en un mes

Localizado en la urbanización Alhambra Golf de Guadalmina, muy cerca de la playa y en el área donde se confunden los términos municipales de Estepona y Marbella, el ático fue adquirido en mayo de 2008 por Coast Investors Llc, una sociedad pantalla cuyos verdaderos propietarios permanecen en la sombra.

Creada en Delaware, uno de los estados de EEUU con legislación tributaria y mercantil más laxa y opaca, Coast Investors Llc tiene como administrador y representante al testaferro profesional Rudy Valner.

A su vez, Valner fue tesorero de la filial estadounidense de Egeda, la entidad de gestión de derechos que preside Enrique Cerezo, que aúna la doble condición de empresario audiovisual y de presidente del Atlético de Madrid.

A través de una empresa conjunta –Madrid Deporte Audiovisual SA–, Telemadrid y la ya extinta Caja Madrid adquirieron en 2007 los derechos televisivos del Atlético de Madrid y del Getafe para cinco temporadas, a partir de la 2009/2010, por un montante de 270 millones de euros, a pesar de disponer de informes en los que se afirmaba que esa operación generaría pérdidas. 

La historia del ático se articula en torno a una secuencia de hechos muy próximos en el tiempo. La empresa que lo adquirió, Coast Investors Llc, nació el 19 de marzo de 2008 con Rudy Valner como propietario del 1% de las acciones y con el otro 99% en poder de una segunda sociedad de Delaware, Walfort Overseas Investments Ltd., cuyos accionistas también son un misterio y de la que ni siquiera se sabe si siempre ha sido ese su nombre. Tres semanas después de la constitución de Coast Investors, Rudy Valner compró en su nombre el ático de Estepona por 750.000 euros.

La escritura de compra por parte de Coast Investors lleva fecha de 12 de mayo de 2008. Pero cuando aún no había transcurrido un mes, y sin que hasta la fecha nadie haya revelado por qué conducto fluyó la noticia de que el ático estaba en su poder y disponible para el alquiler, Rudy Valner y Lourdes Cavero firmaron el 10 de junio de 2008 un contrato de arrendamiento. Los inquilinos se comprometían a pagar una renta de 2.000 euros al mes y Coast Investors asumía a cambio los gastos de comunidad, cifrados en 600 euros mensuales.

Según el SUP, el contrato de arrendamiento se renovó el 11 de julio de 2011 con una novedad importante: el alquiler quedaba rebajado a 1.400 euros mes. Descontados los gastos de comunidad, eso significa que la sociedad de Delaware solo sacó en limpio 800 euros al mes durante año y medio por un ático de tres dormitorios, tres baños, salón, cocina, recibidor, terraza al nivel de la vivienda, solárium en la planta superior y garajes y trasteros por partida triple.

El 18 de diciembre de 2012, cuando ya la denuncia del SUP había sido admitida por la juez de Estepona Mariana Peregrina y justo al día siguiente de que Anticorrupción pidiese a Hacienda toda la información tributaria sobre el ático, Ignacio González y Lourdes Cavero escrituraron la compra del inmueble a Coast Investors Llc por 770.000 euros.

De la persecución política al abogado que fue juez del Supremo

Desde que el caso del ático originó en el otoño de 2012 la apertura de diligencias en un juzgado de Estepona tras una denuncia del sindicato policial SUP, González y su equipo han negado de forma tajante cualquier ilegalidad. La querella del colectivo ligado a Telemadrid y la del PSM fueron recibidas con indiferencia oficial por su equipo. González, quien hace un año intentó que el caso de Estepona pasara a manos de otro juez, este de Madrid y hermano de un alto cargo de su Gobierno, acusa a los socialistas y a los sindicatos de urdir una persecución política.

A tenor de la estrategia desplegada por su equipo en las últimas semanas -obviar las querellas-, parece previsible que el presidente de Madrid no dará de momento ningún paso contra los querellantes. Uno de los sus colaboradores sugería ese camino atrás. "¿Y qué puede hacer, si esto es lo mismo de hace tres meses y de hace un año? Son las mismas acusaciones repetidas una y otra vez desde hace casi dos años. Lo que quiere Ignacio González es que todo se aclare y que los tribunales avancen".

Su esposa y copropietaria del ático, Lourdes Cavero, permanece imputada en la causa de Estepona, paralizada en la práctica desde comienzos de año en espera de que la Audiencia de Málaga resuelva los recursos planteados contra la imputación y dirima si el caso debe seguir en manos de la juez que lo abrió. Si el Supremo admite a trámite la querella de Telemadrid o la del PSM –o ambas y las acumula en un solo procedimiento-, la juez de Estepona tendrá que enviar al alto tribunal todo lo investigado.

El abogado que representa a Lourdes Cavero en el caso de Estepona es Adolfo Prego, que fue magistrado de la Sala Segunda del Supremo (la penal) hasta septiembre de 2011 y uno de los más conspicuos representantes del ala conservadora de la judicatura. Los jueces a los que corresponderá decidir sobre la admisión de las querellas pertenecen, dado que se trata de una eventual causa criminal, a esa sala. Y también se adscribe a ella el que dirija la instrucción si finalmente se admite a trámite alguna de las dos acciones penales. Fuentes del alto tribunal han señalado a este diario que en ningún caso sería causa de recusación la hipotética amistad de un abogado –aquí, Adolfo Prego- con los jueces de la Sala II que intervengan en el caso durante cualquiera de sus fases.

Dos hipótesis 

Tanto la querella de Telemadrid como la del PSM coinciden en que el resultado de los presuntos delitos que ambas atribuyen a Ignacio González tuvo como resultado la incorporación del ático a su patrimonio familiar tras un periodo de cuatro años y medio con un contrato de alquiler a un precio inferior al habitual en el área de Guadalmina.

Pero mientras que la querella de Telemadrid señala a Enrique Cerezo como quien entregó el ático a González a modo de “dádiva”, los socialistas incorporan a un segundo empresario como personaje principal de la trama: Fernando Martín, propietario de la constructora Martinsa y quien, según el PSM, pagó el ático destinado a González en pago a supuestos favores urbanísticos.

El PSM cita dos: la adjudicación de un suelo municipal del municipio de Arganda en 2004 con el que Martinsa dio un formidable pelotazo al comprar los terrenos por 66 millones e ingresar 73 millones al año siguiente solo con la venta de un tercio de la parcela. 

La segunda operación que mencionan los socialistas es la recalificación de otro suelo en Colmenar de Oreja sobre el que Martinsa planeaba levantar 3.500 viviendas.

El PSM sostiene que el dinero salió del bolsillo de Fernando Martín y que Enrique Cerezo fue quien puso a disposición de Ignacio González una estructura societaria opaca. El objetivo, según los socialistas, no fue otro que ocultar que el ático perteneció al político madrileño desde el instante mismo en que Coast Investors Llc efectuó la compra.

La querella del PSM detalla con precisión la ruta que a través de Mónaco, Panamá y EEUU habrían seguido los 750.000 euros utilizados para adquirir el ático en 2008.

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En el momento de la compra, ese dinero fue transferido al anterior propietario del ático, Pedro Villate, desde la cuenta de Coast Investors Llc en el US Bank.

Pero los socialistas creen que, desde luego, no fue Valner quien aportó los 750.000 euros: "La cantidad usada para la compra del ático -dice la denuncia- la recibió [Coast Investors Llc] a su vez de otra cuenta de Panamá, cuyo titular es la sociedad Waldford Oversead Investments Ltd, quien a su vez habría recibido una transferencia del banco Merrill Lynch Private Banking Miami como gestora de una cuenta del Bank of America Corporation, cuyo titular es una sociedad propiedad de Enrique Cerezo, administrada precisamente por el ya mencionado Rudy Valner".

"A su vez -prosigue el texto-, las mencionadas cuentas de Enrique Cerezo recibieron varias transferencias de una cuenta de Lloyds Bank de Mónaco a nombre de la firma panameña Cedargrove Investments SA, cuyo último beneficiario es Fernando Martín".